Autos eléctricos y el rol del Estado

Es notoria la llegada de los autos eléctricos a nuestras vidas. Es notorio, también, su éxito entre los uruguayos. Personalmente creo que tanto lujo y obsesión por el confort y las pantallas nos alejan de lo importante; algo así como que en la vida y en el manejo es bueno “no sacar los ojos del camino”.

Pero es innegable que los uruguayos han entendido otras razones y se vuelcan cada vez más por esta opción de motorización. No cuesta mucho imaginar lo que esto implicará para los números de nuestra gran vaca sagrada estatal: Ancap. Una empresa monopólica que no ha servido ni para que tengamos combustible de buena calidad ni para que lo tengamos barato. Tanto que, en la frontera, se necesita un descuento para competir con los precios de países vecinos.

En 2020 el gobierno de Luis Lacalle Pou intentó desmonopolizar la importación de hidrocarburos, lo cual no fue acompañado por los compañeros coalicionistas de ADN estatista (batllistas), y fue criticado por la entonces oposición. Es sabido que ha sido un anhelo de blancos y todo aquel que haya incurrido en el ejercicio del sentido común, pero como más vale malo conocido que bueno por conocer, el conservadurismo socialdemócrata nos tiene abonando los actuales costos, con su impacto lógico en toda la economía.

Pero aquí el cruce de caminos a plantear: la recaudación de Ancap se verá muy disminuida con esta transformación en el parque automotor, por lo que el gobierno tendrá que decidir entre gravar a los autos eléctricos con algún invento discursivo y en un golpe seco derrumbar las cuidadosas matemáticas que tantos elaboraron para justificar la compra del nuevo vehículo. O la otra opción, que es la de hacer un sinceramiento sobre la insostenibilidad del tamaño, los precios y la lógica de nuestra petrolera estatal. La decisión será entre reducir costos o aumentar vías de recaudación, pero que habrá que tomar una u otra, es un hecho. Como diría nuestro Presidente en unas de sus ilustradas apariciones: “es complejo, habrá que verlo”.

El estado tiene que estar al servicio de la gente, y no la gente al servicio del estado, pero son muchos los ejemplos donde vemos que esto no se cumple. Cómo el caso de los hornos de cemento de Paysandú, que se compraron y nunca se usaron pero seguimos pagando los sueldos de sus funcionarios.

Nunca fue justo tener de rehén a los uruguayos de los precios que un burócrata decida; mucho menos trasladarles las consecuencias de las decisiones nefastas de gobernantes mediocres y sus aventuras inversionistas. Pero ya que la desmonopolización no se hizo por moral, que se haga por utilidad, dado que de mantenerse el nivel de precios de combustibles que hoy tenemos, pronto habrá muy pocos clientes en los surtidores estatales.

Lo más grave es ser consciente del afán y gran profesionalismo de nuestros amigos que gobiernan por encontrar nuevos vericuetos para recaudar. Creo que la clase política se enfrenta a la conclusión natural de finalmente liberar la importación de combustibles y quitar el Imesi que nos tiene pagando el combustible más caro de Sudamérica, porque la vía de castigar a los flamantes poseedores de autos eléctricos sería la más mezquina de las opciones, e implicaría una vez más asumir que son pocos los políticos que realmente desean un estado al servicio de la gente, y no al revés.