Para la oposición, las venias solicitadas para destituir a cuatro oficiales integrantes de los Tribunales de Honor del Ejército resultan mal pedidas. Pero lo importante es que, con venias o sin ellas, no hay razones de fondo para sustituirlos.

Demandarlo, constituye un grave error de Presidencia (que se suma a las expulsiones ya efectuadas) y confunde a una población que recibe como medida justiciera, una enorme arbitrariedad. Un desatino que se pretende encubrir como un acto de autoridad del poder civil.

Es tema poco analizado y molesto para los frentistas, determinar las causas de la dictadura militar. Lo es menos acordar que se trató de un período negro para la historia uruguaya, cuando las Fuerzas Armadas, siguiendo inspiraciones externas, mantuvieron durante más de una década un comportamiento incalificable. Alegando que eran parte de la defensa de Occidente se asumieron como los intérpretes exclusivos del destino nacional, impidiendo, como toda dictadura que se precie, cualquier manifestación ciudadana ajena a su inspiración.

A su desmedida prepotencia, con tasas de encarcelamiento excepcionales, le respondió la tristeza de un pueblo sometido al silencio, al exilio y al disimulo cotidiano. Fundaron con éxito el país del susurro. Insensibles al sufrimiento ajeno, transformaron una tierra de cercanías en un Estado terrorista, plagado de homicidios, desapariciones y torturas. Ello no significa que sea posible internarse en ese lamentable período como si el mismo surgiera de la nada o, como suele hacerse, inventando una historia anacrónica, donde lo ocurrido se inicia diez años antes de su verdadero arranque.

Desde mediados de los cincuenta el Uruguay, cercado por problemas económicos, comenzó a vivir con sobresaltos. Por primera vez en su historia, una izquierda de carácter nacional pero de ideología universal, que en su nacimiento mantuvo una conducta institucionalista se transformó, en menos de una década, bajo el ejemplo cubano, en un cuerpo extraño portador de soluciones revolucionarias que, según profesaba, la comarca exigía.

El moderado optimismo que había caracterizado al Uruguay, su cercano realismo barrial -sin merma de un moderado sentido de su excepcionalidad-, dio paso al desconcierto e incluso al replanteo de su viabilidad como nación. El impacto de este mensaje en la juventud, especialmente en las vanguardias estudiantiles y en el sector intelectual insertado en la función educativa impuso una dinámica que desbordaba instituciones y partidos.

Casi simultáneamente, como su corolario, emergió una guerrilla soberbia, comprometida mediante soluciones radicales a barrer las instituciones e inaugurar, así prometía, un nuevo tiempo. Sin transiciones el verbo se hizo acto. La revolución con el consiguiente y definitivo colapso de la burguesía y su cultura propietarista, constituía una meta mágica, sin alternativas. Ello abrevó en una crisis interna y externa, inédita en el país.

En ese clima que no debe omitirse en la explicación de las causas de la dictadura, la reacción militar no fue ni inevitable ni necesaria -el país pudo, estuvo cerca, de emprender otras salidas. Quizás lo que ocurrió se debió al bajo nivel político-cultural de la oficialidad, a su perfil reaccionario y a la simultánea inclinación de las masas hacia horizontes poco democráticos. La propia elección de Juan María Bordaberry fue prueba de un pueblo confundido. Esto no implica sostener que la dictadura constituyera una salida adecuada, proporcionada al real peligro que una guerrilla, ya militarmente derrotada, suponía para nuestro país en 1973.

Por eso no tiene razón la denominada “Teoría de los dos demonios” que explica lo sucedido, como un enfrentamiento entre ejércitos de fuerza equivalente. Ciertamente la dictadura fue una solución desproporcionada y cruel adoptada por el grupo vencedor que sin riesgos militares confundió seguridad con imposición, negando al unísono la democracia y el pluralismo. Aunque asista razón a los sostenedores de la teoría de los demonios, al sostener que sin guerrilla la dictadura no hubiera emergido.

Como era de esperar la transición no fue sencilla. No lo fue en ningún lugar del mundo. En el Uruguay se cometieron errores monumentales, como una amnistía desequilibrada que sin apelar a perdones generales, debió haber limpiado parte del tema, cuando ello todavía era posible. La soberbia militar lo impidió. Luego vinieron absurdos como la ley de caducidad (pese a su duplicado apoyo popular) y la desastrosa ley 18.831 del 2011 que pretendió borrar retroactivamente el pasado.

Con el resultado de la disconformidad de uno y otro bando y una cierta indiferencia general, curiosamente secundada por los propios ex guerrilleros y por fallos judiciales no siempre ajustados a la Constitución. En un contexto ya erosionado se dieron los hechos recientes. Luego de reiterar omisiones, errores y ocultamientos, los sucesivos gobiernos siguen cometiendo arbitrariedades. Sin advertir que no se debe actuar según quien digite el poder social.

Ni los cuatro generales que se pretende destituir (ni los dos ya expulsados) cometieron falta alguna. Según Manini (de triste actuación), le avisaron sobre la eventualidad de la aparición de un delito durante la instrucción. No se solidarizaron, como se pretende, con la dictadura, sólo entendieron que la confesa desaparición del cadáver de Roberto Gomensoro (no su homicidio, un tema en manos de la justicia civil), no alcanzaba a afectar el honor del cuerpo. Asimismo asumieron que la responsabilidad de los involucrados en el segundo vuelo no aparecía suficientemente probada.

Pueden no compartirse tales conclusiones, como no aceptarse la magnificada diferencia entre el honor de los oficiales o la del cuerpo que integran, pero no puede negarse que el reglamento de los juicios de honor admite expresamente estas opciones.

Entonces, ¿qué justifica destituirlos? ¿Es cometiendo arbitrariedades en cascada que se restañan las heridas de ayer?

Pasados 34 años del fin de la dictadura, ¿el Estado debe mentir y tergiversar los hechos para exhibir su independencia del poder militar?