Aserrín con pan rallado

IGNACIO DE POSADAS

No hay que confundir aserrín con pan rallado.

Tampoco Democracia con Corporativismo.

Entre tanta mentira suelta que circula por nuestro país, una de las más nocivas habrá de ponerse en práctica a partir de las recientes elecciones para representantes docentes en el Codicen y en los organismos desconcentrados de la enseñanza pública.

El razonamiento atrás de este invento no es nuevo, (lo que sorprende todavía más, vista la pésima experiencia acumulada por la Universidad de la República en más de medio siglo funcionando bajo un sistema aun más "democrático" que el votado pa-ra la ANEP).

La cosa se vende más o menos así: para tener una educación realmente democrática, es mucho mejor ("necesario", según los más entusiastas) que quienes la manejen sean electos por los interesados.

Especie de sofisma lineal: la democracia se basa en la elección de las autoridades, ergo todo lo electo es democrático.

Hay otro argumento que anda por ahí, el de que deben dirigir los organismos quienes son técnicos en la materia, (médicos en Salud Pública, Ingenieros Agrónomos en el MGAP, etc.).

Pero esto es muy fácil de rebatir (sin esforzarse por destruir el contenido -espurio- del argumento): para poner docentes en el Codicen, (suponiendo que ser docente y estar capacitado para dirigir la enseñanza pública sean valores equivalentes), no es necesaria una elección, puede hacerse por el mecanismo preexistente, de designación con venia del Senado.

No, para defender lo que se legisló en la llamada (mal) reforma educativa, no queda otra arma que la "democratización de la enseñanza".

Esta se basa sobre dos falacias: primero, que democracia y educación tienen un vínculo causal. Sin ser experto en materia educativa, la evidencia empírica parece demostrar que para una buena educación se requieren altas dosis de autoridad y jerarquía, ausentes (o directamente contrarias), a la concepción de democracia (egalitaria) que inspira este (viejo) invento.

Pero, más gruesa aun es la otra falacia: que los docentes son el objeto y fin de la enseñanza pública.

Se trata de una premisa no expresada con esa franqueza, pero que constituye el único sustento posible para justificar el mecanismo de la ley.

Grave error: la Democracia como forma de gobierno se justifica a partir del hecho de que el sentido del gobierno está dado por los gobernados, y no por los gobernantes.

Como el sentido son los gobernados, la mejor forma de defender sus derechos es un sistema de gobierno en el que aquéllos puedan participar en la elección de los gobernantes y aun llegar a integrar el gobierno, según la tradicional fórmula de John Stuart Mill.

Pero nada de eso ocurre en la enseñanza.

Nuestra enseñanza pública existe, primero, por y para, cuando su razón de ser son los educandos y en última instancia la sociedad.

Los docentes no son el fin y sentido de la educación pública.

Su presencia en la dirección por un método electivo no tiene nada de democrático.

Sin embargo, no para ahí la mendacidad del argumento, porque el régimen jurídico para la integración del Codicen y sus organismos ya era muy antidemocrático antes de esta nueva ley (y pasará a serlo aun más con ella).

Efectivamente, la autonomía de estas entidades, tal como fue consagrada en la Constitución, hace que las mismas escapen al órgano democrático de control por excelencia, que es el Parlamento.

La enseñanza pública funciona fuera de los carriles democráticos que deben abarcar al gobierno en todas sus manifestaciones. Es como una baronía feudal. El Ministro de Educación es precisamente lo que no es.

Ahora, con esta última ley, esa situación de feudalidad antidemocrática se verá reforzada aun más, al consagrarse en ella el corporativismo, proclamado, además, a calzón quitado por los sindicatos que designan candidatos con mandato imperativo.

Y para llevar las cosas al punto del ridículo (ocurrencia frecuente cuando se entreveran los principios), co-mo los sindicatos son notoriamente frentistas, el resto del espectro político procura reducir ese impacto partidario.

Promueven candidatos de su pelo o afinidad. Con lo cual cerramos el círculo, liquidando la supuesta autonomía política equivocadamente plasmada en la Constitución, a manos de la corporativización y la partidización de la enseñanza pública, en perjuicio de los gobernados. Del Demos.

La autonomía formal, unida al corporativismo no formalizado institucionalmente, explican buena parte del desastre en que se encuentra nuestra educación pública. Ahora se formaliza el corporativismo, se terminará de enterrar. Eso sí, costando mucho más caro a la sociedad.

Y por otro lado, continúa la postura del oficialismo de no darle el espacio que debería a la oposición, ofreciendo solo un cargo en la dirección del Codicen, cuando para nuestra sociedad y para nuestro futuro como país, es crucial la educación. Es lo que hace la diferencia y debería ser entonces, política de estado compartida.