Ante todo coherencia

Quedó en evidencia hasta donde llega el compromiso del presidente Lula con el cambio climático y la conservación de la amazonia.

Desde que asumió su última presidencia (2023) se autoproclamó líder mundial de la protección ambiental, con énfasis en estos dos asuntos de importancia global, procurando lograr un efecto mediático contrapuesto a su predecesor -negacionista del cambio climático.

Sin embargo, acaba de autorizar la realización del proyecto petrolero más controversial que se podía proponer, otorgándole a la empresa estatal Petrobras la licencia ambiental que la habilita a buscar hidrocarburos a 175 kilómetros de la costa del estado de Amapá, y a 500 km de la espectacular desembocadura del río Amazonas. Las perforaciones comenzarán de inmediato, estimándose la realización de unos 15 pozos de extracción.

El mandatario tomó la decisión sin que le generara un mínimo de escozor el hecho de ser, en unos días, el anfitrión de la COP 30 -la primera cumbre climática de Naciones Unidas que se realizará en Belém.

Lo primero que hay que puntualizar es que la decisión del mandatario, constituye un sabotaje directo a la cumbre climática. Cada año las naciones del mundo se reúnen para avanzar en la concreción de mejores planes de desarrollo, basados en la aplicación de una batería de medidas que ayuden a mitigar el calentamiento global, promoviendo lo más rápido posible, la transformación de las matrices energéticas de las naciones hacia la utilización de fuentes renovables, como lo viene realizando tan exitosamente nuestro país.

Aunque parezca mentira, ante las inmediatas críticas recibidas, al gobierno brasileño no se le pudo ocurrir peor justificación para su felonía que expresar que con el dinero que obtenga de las ventas del petróleo extraído, financiará la transición energética hacia la sustentabilidad. Un doble discurso pocas veces escuchado.

Esto deja muy claro que la conservación de la última gran selva tropical del planeta, así como la lucha frontal contra el cambio climático, son objetivos secundarios de la actual administración norteña, aunque sigan omnipresentes en los discursos oficiales.

Lo segundo a subrayar es que duele comprobar la escasa reacción asumida en amplios sectores institucionales, académicos, periodísticos y de la sociedad organizada, ante estas controversiales decisiones del gobierno del país hermano, a sabiendas de que muy probablemente tendrán importantes impacto negativos. Todo apunta a razones político-ideológicas.

En este asunto no están en discusión los legítimos derechos soberanos del gigante sudamericano a decidir sus destinos, pero sus gobernantes y autoridades tienen la obligación de ser coherentes y de mantener la palabra empeñada. Cuando Lula, como anfitrión y orador principal, realice la apertura de la COP 30, ¿con qué autoridad recordará a sus pares el espíritu de la cumbre que los convocó: y con qué rostro proclamará al mundo sus convicciones conservacionistas?

Se trata de asuntos muy serios. Recordemos una vez más: el peso de los desafíos que enfrentamos nos impone la obligación de defender los derechos a las próximas generaciones con convicción, firmeza y mucha valentía.