Si adoptamos una definición amplia de puerto, como un lugar de refugio en la costa para los buques, aunque sea con un mínimo de facilidades para la transferencia de personas y cargas, entonces el puerto comenzó a funcionar en la década de 1760. Es entonces cuando los documentos comienzan a hablar del muelle de la ciudad. Lo que décadas después los vecinos llamaron el Muelle Viejo.
Otra cosa es la administración portuaria especializada. Esta comenzó a tomar forma en 1909 coincidiendo con la culminación de las obras del nuevo puerto. Un proyecto de gran envergadura que requirió combinar la ingeniería civil y mecánica con la ingeniera financiera y administrativa para conseguir y gestionar los recursos para las obras y adquirir equipos. Al terminar la construcción de la infraestructura, fue necesario otra clase de ingeniería: la ingeniera política y jurídica para plasmar las instituciones y el marco jurídico encargados de administrar las flamantes instalaciones.
La forma que debería tomar esa nueva administración fue objeto de considerable discusión. Un informe de 1895, antes del inicio de las obras, opinó que encargar la administración a una empresa concesionaria ofrecía ventajas de consideración “si se las compara con la explotación libre”, aunque agregó que la mayor parte de las operaciones del puerto debían ser libres. En junio de 1903, el Ministerio de Fomento, encomendó al ingeniero Eduardo García de Zúñiga que viajase a Europa para analizar la organización de algunos de sus principales puertos, “especialmente de los puertos francos”. El informe que presentó el ingeniero (“Sobre organización y administración de puertos”) incluyó a los “tres grandes puertos francos de Europa”. Este énfasis revela la importancia que se le atribuía a la exportación de servicios portuarios al resto de la región.
En 1906, se publicó otro informe, redactado por el doctor Juan Carlos Blanco, Secretario de la Oficina Técnica Administrativa de las Obras del Puerto de Montevideo. El trabajo concluyó que el “El Estado debe intervenir directamente… en la explotación del puerto de Montevideo” en tres respectos (en este orden): “socialmente, económicamente y técnicamente”. Blanco puso énfasis en la cuestión social y la protección del trabajo. Ecos de la reciente huelga portuaria.
El resultado final fue la ley de “Puerto comercial de Montevideo. Administración y explotación exclusiva por el Estado” de 4 de enero de 1909. La ley creó un Consejo Honorario para la Administración del Puerto de Montevideo que reunía las funciones de dirección explotación del nuevo puerto. El gobierno se había inclinado por la tesis de Blanco.
El puerto fue inaugurado el 25 de agosto de aquel año. La ceremonia prevista fue suspendida por el naufragio del vapor de la carrera Colombia, luego de una colisión con el vapor alemán Schlesien.
Pronto, una combinación de circunstancias determinó al gobierno a modificar parcialmente la ley y constituir la Administración Nacional del Puerto de Montevideo. La nueva ley, cuyo aniversario recordamos, fue aprobada el 21 de julio de 1916.
En 1933, un decreto-ley modificó aquella legislación y creo la Administración Nacional de Puertos.
Ese marco institucional básico persistió, y entró en crisis, hasta la Ley de Puertos aprobada en 1992.