Si dejamos de lado el “Guccigate” (y mire que cuesta), dos noticias marcaron la semana. Por un lado, la investigación en torno a los millonarios embarques de cocaína a Europa salidos de Montevideo.

Allí se “formalizó” a un funcionario de Interpol (nada menos), y a un agente de la policía aeronáutica. Por otro, con menos titulares por ser lamentablemente algo más frecuente, la muerte de un ciudadano inocente en Cerrito de la Victoria, cuando quedó en medio de un tiroteo entre narcos, camino a comprar bizcochos.

A primera vista, estos dos hechos no tendrían mayor vinculación. Pero si uno se fija con un poco más de detalle, el negocio del tráfico de drogas, en sus distintas escalas está detrás de ambas noticias. Y eso hizo clic en la cabeza del autor cuando esta semana se presentó el programa de gobierno del general Guido Manini Ríos, el cual plantea derogar toda la normativa que estatizó la producción y venta de marihuana. El clic tuvo que ver con una obsesión de este periodista: la falta de evaluación fría y racional de las políticas públicas en Uruguay.

Cuando se presentó el proyecto de ley sobre marihuana, el vocero fue el exministro Fernández Huidobro, y la justificación fue dar un golpe al negocio del narcotráfico. Los debates en el Parlamento también giraron sobre eso, nunca sobre la ridiculez que mandar preso a alguien por poseer una droga de uso tan extendido y aceptado en la sociedad. Ni en la libertad individual de hacer lo que uno quiera con su cuerpo, en tanto no perjudique a otros. ¡Faltaba más, asqueroso neoliberal!

No, todo se centró en que estábamos dando un golpe letal al narcotráfico en el país. Desde este espacio se escribieron varias notas cuestionando por qué ello parecía un disparate, como sabía cualquier persona que se tomara el trabajo de hablar con dos fuentes informadas del asunto. Pero esos reparos, junto con los de varias personas más autorizadas para hablar del tema, quedaron relegados ante la aplanadora de una campaña generosamente financiada desde el exterior.

Ahora bien, la ley fue aprobada en 2013, y reglamentada en mayo de 2014, o sea hace ya más de cinco años. Y los resultados en materia de guerra al narcotráfico, parece claro que nunca se cumplieron.

Por un lado, las requisas de marihuana ilegal siguen siendo las mismas que antes de la ley. Las bandas de narcos siguen operando a voluntad, y convirtiendo la zona norte de la capital en un far west con cifras de homicidios centroamericanas. Y en la otra punta del extremo del negocio, el narcotráfico “de cuello blanco” parece haber tomado al país como puerto “hub” regional.

Desde las autoridades nacionales, sobre todo desde las que fueron creadas para “regular” lo que tiene que ver con la marihuana (y su única razón de ser es que siga la ley como hasta ahora), se insiste con versiones disparatadas de los millones y millones extraídos al narco con la normativa uruguaya, usando estimaciones absurdas. Y muchos periodistas las replican sin mirada crítica mínima. ¿Alguien cree que el narcotráfico está más débil hoy en Uruguay que hace cinco años?

Tras la propuesta de máxima de Manini, y las predecibles reacciones del coro que changa generosamente con estos temas a costillas del contribuyente y de Soros, la pregunta que surge es: ¿no será hora de hacer una evaluación a fondo de esta ley? Hablamos de una evaluación seria, no como la que existe hoy, donde los evaluadores en muchos casos, (¡oh casualidad!) son varios de los impulsores más visibles del proyecto.

Porque si comprobamos que esta ley no afectó en nada al narcotráfico ni al clima de violencia en la sociedad, ¿se justifica que un estado con un déficit de casi el 5% del PBI, y con urgencias a todo nivel, financie una estructura burocrática destinada a monopolizar el negocio de una droga?

A ver, no se trata de volver atrás, ni “cortar derechos”, como se dice ahora habitualmente. A menos que consideremos que hay un derecho natural a fumar porro, que el Estado debe atender vendiendo un producto de mala calidad a precio subsidiado por los contribuyentes.

Si tras cinco años de legalización, no ha habido grandes cambios a nivel social, ¿no sería más racional eliminar toda esa burocracia, y que el que quiera consumir, que consuma; el que quiera investigar, que investigue; el que quiera invertir, que invierta? Pero que sea el mercado el que provea y regule, como con todos los demás productos y servicios.

Vale señalar que este mismo gobierno decidió eliminar todo el sector de Ancap que manejaba el destilado de alcohol. ¿No es una contradicción? Ah, un detalle, hay gente que dice que el rol del Estado es asegurar calidad mínima. ¿Como la que aseguraba con el whisky McPay o la caña Ancap?

El expresidente Mujica se cansó de decir que le ley de marihuana era “un experimento”. ¿En qué momento se pasa raya y se decide si el experimento sirvió o no?