Al estilo de los años 30

No hubiera sido mejor que los partidos opositores accedieran a integrar la comisión que estudiará nuevas reformas al sistema de seguridad social? ¿Mostrar de ese modo buena voluntad a un gobierno que arrancó hace pocos meses y por otro lado, aportar a una discusión que parece importante?

Hay quienes creen que así se debió actuar y a primera vista podría parecer razonable. Pero con solo rascar un poco, queda en evidencia que el reflejo de la oposición fue la correcta

Hay muy buenas razones para no participar de algo que tal como lo presentan, tiene mucho de circo y poco de seriedad. A eso se agrega que tal como está diseñada esa comisión, exhibe las características propias de un organismo corporativista, muy lejos de ser genuinamente representativo del país.

La actual ley que regula el sistema de seguridad social fue aprobada durante el período pasado. El entonces presidente Luis Lacalle Pou entregó en persona el primer borrador del proyecto al Frente Amplio para que se incorpore a la discusión. El Frente no quiso sumarse y el proyecto pasó a ser intensamente trabajado por los socios de la coalición hasta finalmente aprobar el texto que ahora rige.

La central sindical entendió que había que oponerse a la ley y propuso una reforma constitucional no solo para derogarla sino incorporando medidas que iban en la dirección contraria. Paradójicamente, al mismo tiempo y para salvar a la Caja Bancaria, AEBU accedió a sumar para su sistema, mecanismos similares a los que están la ley, entre ellas subir la edad de retiro a los 65 años. Lo que los sindicalistas bancarios veían como urgente y necesario, no lo vieron el resto de los sindicatos.

El plebiscito se perdió por cómodo margen. El Frente Amplio se había mantenido en una brumosa neutralidad ya que algunos sectores apoyaban la iniciativa sindical y otros no. Cien economistas de izquierda rechazaron el plebiscito y de alguna manera entendieron que la ley estaba bien.

Es probable que muchos de ellos crean que a la ley se le pueden hacer mejoras pero que abrir la discusión tal como lo quiere hacer el gobierno será para peor. En consecuencia, lo mejor sería respetar el pronunciamiento popular y dejarla como está.

Es lógico entonces que los partidos que en su momento trabajaron para aprobar la ley vigente y que además se sintieron respaldados con el irrefutable pronunciamiento de la gente en la consulta popular, se pregunte que sentido tiene discutir en una comisión lo que ya fue votado y lo que el soberano apoyó en forma contundente.

Esa sería razón más que suficiente para negarse a integrar esta comisión. Pero no es la única.

La propuesta de “dialogo” que hace el gobierno, presenta una enorme trampa. No se trata de que los partidos representados en el Parlamento se reúnan a intercambiar ideas y en lo posible, llegar a una solución consensuada. A la presencia de los partidos se agregan las llamadas organizaciones sociales, entre ellas el Pit-Cnt, que en supuesta representación de una presunta “sociedad civil” también harán su aporte.

Acá surgen dos problemas. El primero es el sello fuertemente corporativo de la iniciativa. Al sumar la presencia de cuerpos gremiales, casi en igual número que los representantes partidarios, es indudable que además de parecerse a las nefastas experiencias de algunos países europeos en los años 30 del siglo pasado, hay una franca distorsión de lo que es una genuina representatividad ciudadana. La oposición sumada expresa a la mitad del país, pero en esa Comisión sería apenas una mínima parte.

El segundo problema es que la mayoría de las organizaciones que integrarán la comisión, si bien alardean de ser independientes, no lo son. Tienen una clara adhesión al Frente Amplio y aún cuando a veces discrepen con los representantes del Frente en la Comisión, terminarán alineados con ellos. Se sabe que será así, porque ya ocurrió en situaciones similares. La parte “social” de estos diálogos está pensada para multiplicar la voz frentista y reducir cualquier otra opinión. Es una trampa en la que quizás blancos, colorados e independientes hayan caído en anteriores situaciones y aprendieron la lección. Otra vez, no.

En el contexto de una comisión donde la mayoría está asegurada con la sola presencia de las “organizaciones sociales”, y lo que se refuerza es un concepto de corporativismo y no de representación parlamentaria democrática y ante una ley que ya fue apoyada por una amplia mayoría en un plebiscito, es lógico que los partidos opositores no quieran integrarla. Por respeto a la gente que los votó, por respeto a los que se pronunciaron a favor de la ley en el plebiscito y por adhesión a los mecanismos de democracia representativa y republicana que rigen en nuestro país.

El sentido común y cierta honestidad básica es necesaria para entender cuando un debate llega a su fin y el resultado se consiente y acata.

El Palacio Legislativo es el lugar para discutir leyes. No otro.