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sentencia

Josep Maria Boixareu Montevideo
SEGUIR Alberto Benegas Lynch Introduzca el texto aquí Hay dos tipos bien diferenciados de feminismos. Uno, el original, es del todo consistente con la tradición de pensamiento liberal y su eje central de respeto recíproco y el otro que la emprende sin miramientos contra el derecho de las personas. Con toda razón nos repugna y alarma la idea de la esclavitud. Nos resulta difícil aceptar que se pudiera implantar esa institución a todas luces espantosa, pero a veces se pasa por alto la esclavitud encubierta de la mujer en la época del cavernario machismo. Contemplemos la situación de un ser femenino que tuviera alguna ambición más allá de copular, internarse en la cocina y zurcir. Imaginemos a grandes personas como Sor Juan Inés de la Cruz que sugirió asistir a la universidad vestida de varón para poder estudiar y que finalmente lo hizo en el convento, acosada por los atropellos de las mentes inquisitoriales de sacerdotes nefastos que no soportaban que sobresalga una mujer. Esto en el contexto de lo que consigna Octavio Paz en su formidable biografía de esta persona excepcional: "La versificación de Sor Juana es una de las más pulcras y refinadas del idioma". Imaginemos más contemporáneamente a la extraordinaria Sophie School objeto de burlas por ser mujer y por señalar los asesinatos del nazismo en una notable demostración de coraje al distribuir material sobre la libertad en medios universitarios del nacionalsocialismo (fue condenada a muerte, sentencia ejecutada de inmediato para que no dar lugar a defensa alguna). Más cerca aún en el tiempo, imaginemos a la intrépida periodista Anna Politkovskaya, también vilipendiada por ser mujer y asesinada en un ascensor por denunciar la corrupción, los fraudes y el espíritu mafioso de la Rusia después de salir del infierno comunista. Pero sin llegar a estos actos de arrojo y valentía extremos, la mujer común fue tratada durante décadas y décadas como un animalito que debía ser dúctil frente a los caprichos y desplantes de su marido, sus hermanos y todos los hombres que la rodearan. Han sido vidas desperdiciadas y ultrajadas que no debían estudiar ni educarse en nada relevante para poder hundirlas más en el fango de la total indiferencia, embretadas en una rutina indigna que solo resistían los espíritus serviles. En otro plano, debe subrayarse de modo enfático el horror de la cobardía criminal más espeluznante y canallesca de abusos y violaciones. En realidad, dejando de lado estas últimas acciones delictivas y volviendo al denominado machismo, los acomplejados sienten que pierden posiciones o son descolocados si se le diera rienda suelta a las deliberaciones del sexo femenino. En verdad son infradotados que solo pueden destacarse amordazando a otras. Lo dicho para nada subestima al ama de casa cuya misión central es nada menos que la formación de las almas de sus hijos, por cierto una tarea mucho más significativa y trascendente que la de comprar barato y vender caro, es decir, el arbitraje. La valiente Mary Woollstonecraft en 1792 describió el feminismo original en A Vindication of the Rights of Women. Pensemos en lo que significaba escribir y publicar en esa época en medio de la más enfática condena social. A esta línea reivindicatoria adhirieron muchas figuras de muy diversa persuasión intelectual desde las liberales Isabel Paterson, Rose Wilder Lane, Voltarine de Cleyre y Suzanne LaFollette. En todo caso, esfuerzos en diversas direcciones para que se reconozca un lugar digno a las mujeres se desperdician malamente, ahora a través del inaudito "feminismo moderno" que confunden autonomías individuales con la imposición de esperpentos de diversa naturaleza y cuotas en instituciones académicas y en lugares de trabajo que naturalmente desvirtúan y perjudican los centros de estudios y los mercados laborales ya que no pueden elegir candidatos o candidatas por grados de excelencia o eficiencias sino por sexo, lo cual, entre otras cosas, degrada a la mujer. La tontera ha llegado a extremos tales que se ha propuesto que la asignatura history se denomine herstory y otras sandeces por el estilo que convierten el genérico en una afrenta, contexto en el que las nuevas feministas además consideran la función maternal como algo reprobable e indigno. Comenzó esta tradición Anna Doyle Wheeler quien estaba muy influenciada por Saint Simon y mucho más adelante siguieron Clara Fraser, Emma Golman, Donna Haraway y Sylvia Walburg quienes aplicaron la tesis marxista de la opresión a las reivindicaciones feministas y sostienen que la propiedad privada constituye una institución que debe abolirse tal como lo patrocinan, por ejemplo, la Chicago Women´s Liberation Union y los movimientos de liberación femenina en todos los continentes pero iniciados por Betty Friedan, Audre Lorde y Cherrie Moraga. Carlos Grané en El puño invisible escribe que Luce Irigaray mantiene que "la ecuación de Einstein de e = m.c2 [la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado] es machista. ¿La razón? Privilegia la velocidad de la luz sobre otras velocidades igualmente vitales para el ser humano. En jerga ´feminista´, esto significa que la ecuación de Einstein fomenta la lógica del más rápido, lo cual responde a un típico prejuicio machista". Es de esperar que se retorne al feminismo original y se abandone la impostura de quienes, además, son a veces golpeadoras tal como se puso en evidencia en la reciente marcha en Buenos Aires cuando unos muchachos intentaron limpiar inscripciones soeces que las manifestantes habían pintado en la Catedral.
El vicepresidente Raúl Sendic afirmó que el juicio que se está llevando a cabo en Roma contra militares acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura "no es el final del proceso" y ratificó que el Estado y el gobierno uruguayos tienen un compromiso "con el conocimiento de la verdad y la búsqueda de la justicia". En declaraciones a Radio Uruguay, Sendic recordó que el Estado uruguayo "ha actuado como parte civil, presentando pruebas, respaldando a los familiares demandantes", en la causa por crímenes de lesa humanidad cuya sentencia se conocerá hoy. El vicepresidente dijo que tiene "mucha expectativa" y que su presencia en Roma "viene a ratificar el respaldo de nuestro gobierno a esta demanda presentada por los familiares" y a "reafirmar el compromiso con el conocimiento de la verdad y la búsqueda de la justicia". "Independientemente, de cuál sea el pronunciamiento, ya sea favorable a nuestras expectativas o no, seguramente va a haber instancias posteriores y tenemos el compromiso por parte del Estado uruguayo de seguir acompañando a los familiares" enfatizó. En Roma se está juzgando a 28 militares bolivianos, chilenos, peruanos y uruguayos a los que se acusa de la desaparición de ciudadanos italianos durante la represión de las dictaduras sudamericanos en las décadas de 1970 y 1980. Las investigaciones comenzaron hace nueve años. El 14 de octubre la fiscal Tiziana Cugini pidió la cadena perpetua para 27 de los acusados: dos bolivianos, siete chilenos, cuatro peruanos y catorce uruguayos. Uno de los imputados era el exdictador uruguayo Gregorio Álvarez que murió el pasado 28 de diciembre. Los uruguayos imputados son José Ricardo Arab, José "Nino" Gavazzo, Juan Carlos Larcebeau, Pedro Mato, Luis Maurente, Ricardo Medina, Ernesto Ramas, José Sande, Jorge Silveira, Ernesto Soca y Gilberto Vázquez. Se reclamó la misma pena para el único imputado que se presentó en el juicio, el exmarino Jorge Tróccoli. La fiscal pidió la absolución del piloto uruguayo Ricardo Chávez. La Operación Cóndor fue ideada por el dictador chileno Augusto Pinochet para coordinar la represión de la oposición en Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Sendic viajó acompañado por dirigentes del Pit-Cnt y representantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos y familiares de las víctimas. POR VIOLACIÓN DE DD.HH
El juez Gabriel Ohanian sostuvo que la empresa tiene “licencia vigente”. El juez de lo Contencioso Administrativo de 1° Turno, Gabriel Ohanian, consideró que la empresa Claro tiene su "licencia vigente" para suministrar el servicio de televisión para abonados por el sistema satelital directa al hogar. "Ello surge de la aplicación de los principios básicos del Derecho Administrativo; dicho esto sin humildad y sin soberbia", sostuvo Ohanian en la sentencia fechada el jueves 27 a la que tuvo acceso El País. La sede judicial descartó por "improcedente" la tesis de la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación (Ursec) que pretende que la adjudicación de la licencia a Claro no puede reimplantarse. "Tan vigente estaba la licencia de la accionante (Claro), que otras empresas de televisión por cable interpusieron recursos contra la misma que fueron despejados por la propia Ursec" y desestimados por dicho organismo, apunta Ohanian en su escrito. Enseguida agrega: "Es decir que la Ursec en abril de 2013 partía del supuesto no solo de que había una licencia vigente (la de Claro) sino que la misma era legítima". De esta forma, Claro puede ofrecer servicios de telefonía satelital similar al que se presta en Uruguay por la empresa internacional Direct TV —propiedad de la empresa norteamericana de telefonía ATyT. Meses atrás, la empresa Claro inició una acción de amparo ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo de 1° Turno exigiendo que el gobierno libere 500 decodificadores que están retenidos en la Aduana esperando una certificación del Poder Ejecutivo donde se señale que la compañía de celulares sí tiene autorización para la prestación de los servicios. Ohanian sostuvo que no debía pronunciarse sobre el recurso, ya que, el lunes 10, el Poder Ejecutivo le dio la razón a la empresa Claro. Ese día, en una resolución firmada por el vicepresidente de la República en ejercicio de la Presidencia, Raúl Sendic, el Poder Ejecutivo decidió suspender transitoria y totalmente una resolución anterior del gobierno que impedía a la empresa Claro poseer dichas licencias para vender servicios de televisión satelital. En su sentencia, Ohanian insistió señalando que Claro posee dichas licencias por tres sentencias favorables emitidas con anterioridad por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) y por la resolución firmada por Sendic. El fallo señala a texto expreso que el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y la Ursec no deben desacatar ni las sentencias del TCA relacionadas ni la resolución del Poder Ejecutivo que da la razón a Claro, con la "eventualidad de terminar comprometiendo inútilmente la responsabilidad patrimonial del Estado". Ohanian enseguida advierte: "Respecto de esto último, es de esperar que no escape al fino parecer de los demandados (Ministerio de Industria y Ursec) el contenido elocuente de los dos últimos fallos del TCA, que detallan en sus considerandos supuestos fácticos y jurídicos muy diferentes a los sostenidos por ellos" en este expediente judicial. De aquí en más, el Ministerio de Industria y la Ursec deberán cumplir con cuatro fallos de la Justicia y respetar en adelante lo resuelto por el Poder Ejecutivo, bajo grave riesgo de considerarse en desacato, según señala la sentencia del juez Ohanian. Unos 50 integrantes de Sutel concurrieron en varias audiencias al Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 1° Turno para protestar por un recurso presentado por Claro. Sutel opone a que el Estado le permita ofrecer servicios de televisión satelital a Claro. En un comunicado, el sindicato dice que la vía utilizada por Claro para que se le conceda es "ilegal" y manifiesta su "honda preocupación por: El inminente otorgamiento de una licencia de televisión directa al hogar satelital por parte de un Juez de Primera Instancia, en abierta violación del artículo 56" de la denominada ley de medios y sostiene que "esta maniobra se basa en un fraude en el procedimiento aduanero de importación de decodificadores que no ha sido castigada debidamente por la Justicia, aún cuando todavía está a tiempo de hacerlo". JUSTICIA LE DA LA RAZÓN A CLARO
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió ayer al Estado venezolano que publique los documentos judiciales correspondientes a la condena de casi 14 años de cárcel impuesta al dirigente opositor Leopoldo López. "La CIDH llama al Estado a publicar las sentencias dictadas en contra de Leopoldo López y de los estudiantes Christian Holdack, Demian Martín García, Ángel de Jesús González", dijo la Comisión, con sede en Washington, en un comunicado. La CIDH reiteró además su "llamado al Estado a respetar las garantías judiciales y la protección judicial en los procesos". López fue sentenciado el día 10 de septiembre a cerca de 14 años de prisión por los delitos de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio. "El abuso de tipos penales vagos y ambiguos, que permiten la atribución de responsabilidades a quienes participan o convocan a una manifestación, genera un efecto amedrentador en el ejercicio del derecho a la protesta, que resulta incompatible con los principios democráticos", considera la Comisión en su nota. La CIDH recordó asimismo que otorgó una medida cautelar a López y al también opositor Daniel Ceballos el 20 de abril "al considerar que la situación de aislamiento prolongado y los alegatos sobre maltratos contra los beneficiarios, podrían implicar serias afectaciones a sus derechos a la vida e integridad personal, física y psicológica". EFECaso Leopoldo López

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