La Sociedad Rural de Río Branco consideró que el proyecto del ley que promueve frenar la venta de tierras a extranjeros en la frontera, en una franja de 50 kilómetros, es "injusto y discriminatorio", porque se les prohíbe vender a los que "están comprando y a los que tienen mayor poder adquisitivo".
A través de una misiva, enviada a El País por Hugo Alberto Olazábal San Román, directivo de la gremial, la institución aseguró que el resultado del proyecto, si es aprobado, será ocasionar "una baja en el valor de nuestros campos. Los productores rurales de esa zona de exclusión, seremos menos propietarios que los demás. Se nos arrebata, alegremente, gran parte del valor, porque se nos indica, obligatoriamente a quien vender y a quien no".
Por otro lado, la Sociedad Rural de Río Branco considera que el proyecto desplazará la producción de soja y arroz hacia otras zonas y eso empobrecerá la zona fronteriza, agudizando más su problemática social.
Innecesario. También se considera que este proyecto de Ley "es innecesario", porque "si hay riesgo sanitario en nuestras fronteras, no culpemos a los extranjeros y menos creamos que se terminarán los problemas otorgándoles la nacionalidad a esos extranjeros".
La Sociedad Rural de Rio Branco consideró que los riesgos sanitarios en la frontera -porque el proyecto es impulsado como una barrera para saber la nacionalidad de la tierra en esa zona y prevenir insucesos sanitarios- no se atajan con palabras, tinta y papel", sino con hechos concretos, con una mayor vigilancia.
También calificaron la iniciativa del Ejecutivo como "inconveniente" y "xenofóbica". Además la gremial de Río Branco no ocultó su malestar por la falta de diálogo, porque desde esferas oficiales nunca se convocó a los involucrados para conocer su visión.
Entre otros fundamentos al rechazo del proyecto, que promovió en su momento el ahora senador José Mujica y, posteriormente, su sucesor Ernesto Agazzi, la gremial sostiene que la iniciativa "es lesiva". Según su modo de ver, con ella "se lesionan derechos fundamentales", porque "más que una nueva ley para el sector agropecuario, se estará convalidando doctrina política. Se deteriora el principio de igualdad en el trato y en las oportunidades", aseguró la carta.