CONGRESO

Los controles al lavado de activos por parte de sectores que no tienen sentido y otros que sí deberían controlar y no lo hacen, el mecanismo de lavado del clan Marset, militares corruptos y más. De eso se habló ayer en el 10° Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, organizado por BST Global Consulting, que reunió expertos en la materia de Estados Unidos, Colombia, Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Venezuela, entre otros.

El titular y el supervisor de Fiscalización de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (Senaclaft), Jorge Chediak y Gustavo Misa, explicaron la actualidad del sistema de prevención de lavado y su futuro en el país.

Los referentes de la Senaclaft dijeron que se busca que las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) pasen a estar dentro de su órbita, ya que en la actualidad, como lo adelantó El País semanas atrás, no son sujetos obligados ante el organismo.

Chediak explicó que el asesor externo de Montevideo City Torque, Pedro Bordaberry, dijo que en la institución cuentan con procesos antilavado, pero que desde la secretaría no cuentan con potestad para darles seguimiento y sancionar en caso de una mala práctica.

La Senaclaft realizó cerca de 300 inspecciones in situ en organizaciones sin fines de lucro (como deportivas, sindicales, partidos políticos, religiosas, entre otras) y zonas francas, de las cuales un centenar fueron en estas últimas. Ese control resultó en un “par de docenas de sanciones”, principalmente apercibimientos.

Chediak explicó que entre los sectores que aún no fueron incorporados están los vehículos de alta gama, embarcaciones y aeronaves. Para estos vehículos se registran 500 operaciones por año, mientras que las embarcaciones y aeronaves no cuentan con gran cantidad de operaciones pero “son de riesgo”, afirmó.

Las obras de arte están entre aquellos que se analiza si dejarán de ser sujetos obligados por su nula cantidad de reportes de operaciones sospechosas desde la creación de la Senaclaft, dijo Chediak. “Los narcos en Uruguay compran autos de alta gama, no compran cuadros de alto valor”, afirmó Misa.

La Senaclaft ahora trabaja en la evaluación nacional de riesgo, que es el “mecanismo de defensa ante el embate de una futura evaluación” del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat), según explicó Misa.

Señaló que cuando hay una multa es porque el sistema “no está funcionando y eso es lo preocupante”.

En este sentido, dijo que no se puede marcar un sector de riesgo específico y después tener 10 reportes al año y una, dos o ninguna investigación penal. “Uruguay determinó que el delito fiscal era uno de los delitos determinantes de mayor prevalencia y sin embargo a lo largo del tiempo, creo que no tenemos una sola investigación penal”, agregó.

En la actualidad, en Uruguay hay aproximadamente 33 figuras delictivas, según el titular de la Senaclaft, cuando antes habían seis. Algunas “cumplen con los compromisos del país pero no son fructíferas”, agregó.

Dentro de los casos analizados en el evento se habló sobre el operativo paraguayo A Ultranza, en el que se investigó al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y los mecanismos para trasladar la pasta de base de cocaína, además de la estructura para lavar el dinero.

En este sentido, el experto paraguayo en lavado de activos, Guillermo García Orué, explicó que el kilogramo de pasta base de cocaína proveniente de Bolivia pasa por Paraguay y tiene por destino a Brasil, el cual es el segundo mercado de cocaína en el mundo y el primero en la región. “Detrás de Paraguay ha entrado Uruguay”, dijo García Orué.

En tanto, la investigación A Ultranza de Paraguay determinó que fueron exportados 21.011 kilos de cocaína.

De las incautaciones que realizó la operación en Paraguay, que rondaron los US$ 100 millones, alcanzaron a 5.402 cabezas de ganado, 41 tractores, nueve máquinas agrícolas 85 inmuebles, siete embarcaciones, entre otros.

En este sentido, para poder lavar el dinero proveniente del narcotráfico, García Orué explicó que el grupo de Marset utilizó “todo lo que estaba en el manual y escribieron un nuevo tomo”.

En este sentido, señaló que utilizaron empresas importantes con empresarios que tenían buena reputación, pero que “eran empresas de fachada”. Además utilizaron empresas logísticas, agrícolas, ganaderas, la iglesia Centro de Avivamiento y la colaboración del exdiputado Juan Carlos Ozorio Godoy.

En el caso de las agrícolas, que presentan grandes riesgos “si se saben usar”, relató que usaban camiones con 50 o 60 cabezas de ganado, lo que dificultaba inspecciones ya que no se podían bajar fácilmente del camión, cubriendo la cocaína. Además el olor de la orina no le permitía a los perros de la policía olfatear la droga.

En cuanto a la iglesia traían pastores de Colombia para grandes eventos y registraban “cuantiosos” activos a su nombre. Del mismo modo utilizaron equipos de fútbol, cooperativas, eventos de artes marciales mixtas, obras de literatura como “M’hijo el mecánico”, la producción de soja que no existía, entre otros.

“En Paraguay ya no podemos separar el trigo de la cizaña. Están contaminando cargamentos los narcos. No podemos distinguir cuando un empresario fue víctima o era parte de la estructura de narcotraficantes”, sentenció.