El proyecto de reglamentación de la reforma de la DGI que el Ministerio de Economía y Finanzas entregó ayer al sindicato de la repartición encrespó todavía más a los gremialistas. Jorge Lemoynié, presidente del sindicato, dijo a El País que la propuesta no tiene cambios sustanciales con respecto a lo que ya conocía, no mejora en un nivel suficiente la remuneración de los funcionarios no técnicos que con la reforma deberían tener un régimen de exclusividad y se mostró molesto porque la reforma incrementa de tres a cinco las personas externas a la dirección que auditarán la gestión de sus funcionarios.
El sindicato sigue en sesión permanente y no se realizan cobros en la DGI. Según Lemoynié, esta situación está afectando la recaudación del Estado porque los contribuyentes "creen que las garantías las da la dirección", a pesar de que se autorizó el pago de grandes empresas en el Banco República.
El dirigente Roberto Pons calculó que la merma en la recaudación oscila entre $ 150 y $ 200 millones. La DGI también prorrogó vencimientos para paliar los efectos negativos de la situación.
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