La recaudación está volando y ya sobrepasó las metas del compromiso de gestión con el Ministerio de Economía que firmó la Dirección General Impositiva (DGI). A su jefe hasta le piden autógrafos y está por recibir 160 nuevos funcionarios. Sin embargo a la DGI no todas le salen bien.
Su intención de crear un juzgado especializado se encontró con la oposición de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Además, el interés de Impositiva de avanzar más en la flexibilización del secreto bancario es resistido por el Ministerio de Economía, por lo menos en la primera fase de la reforma tributaria.
Meses atrás una comisión integrada por representantes de la DGI, la Liga de Defensa Comercial y el juez civil y dirigente de la Asociación de Magistrados, Jorge Chediak, -en representación de la corte- prepararon un proyecto de ley para transformar un juzgado de Aduana en una sede especializada en casos tributarios.
La iniciativa preveía que el juzgado atendiera a las grandes empresas que eludieran el pago de impuestos mientras que los casos de incumplimiento de firmas más pequeñas seguirían siendo atendidos por la Justicia ordinaria.
Días atrás la SCJ comunicó a la comisión que no se daría lugar al proyecto y no dió explicaciones. Fuentes cercanas a la negociación dijeron a El País que la corte habría opinado que la cantidad de casos tributarios no justificarían el proyecto. En la DGI hubo sorpresa por la resolución y por la supuesta justificación de la decisión de la corte. "Los casos tributarios son más y de mayor monto", dijeron en la DGI.
Además resaltaron que la transformación no iba a generar necesidades de financiamiento y hubiese dado más rapidez a los casos tributarios.
La DGI logró incluir en la ley de Presupuesto la habilitación para publicar los casos de defraudación tributaria cuando excedan un monto de U$S 1,7 millones. También se podrá dar a conocer casos por montos menores cuando éstos "afecten la solidaridad ciudadana". Para ello, se deberá contar con autorización previa del Ministerio de Economía.
Todavía no se dio difusión a ninguna lista de evasores.