Proyecto de ley de usura baja tasas para configurar el delito

RICARDO SOSA

El Poder Ejecutivo remitirá en breve al Parlamento el nuevo proyecto de ley de usura que cambia los topes de tasa de interés sobre los cuales se configura ese delito y amplía el control oficial a instituciones que están por fuera del mercado formal de créditos.

La iniciativa establece que en los créditos inferiores a 200 mil Unidades Indexadas o U$S 120 mil el tope sobre la base de cálculo a partir de la que se configurará la usura será de 60%. En el caso de los créditos superiores a esos montos el tope será de 90% por encima de la base de cálculo.

Actualmente el tope sobre las tasas promedio para que se configure la usura se ubica en 75%.

A pesar de que se baja el tope para los préstamos medianos y pequeños el proyecto incluye la posibilidad de excluir una parte de los costos fijos de la institución a la hora de definir la tasa de interés sobre la que se forma la base de cálculo. Se prevé que se puedan excluir costos por hasta $ 130.

Esto tendrá efecto especialmente en los créditos de menores montos donde los costos fijos son mayores debido al trabajo de seguimiento y recuperación de la deuda que requieren. En un crédito por $ 3.000 representa casi un 5%.

En el caso de los préstamos más grandes se entendió que el tope podía ser mayor debido a que en este segmento los tomadores de los créditos manejan mayor información por lo que estarían menos expuestos a operaciones de usura.

Los bancos habían reclamado que no se bajara el tope, dado que la mayoría de las instituciones prestan a un grupo de empresas —especialmente exportadoras— que representan menor riesgo por lo que lleva la tasa de interés a la baja.

Eso hace que el promedio sobre el que conforma la base de cálculo haya bajado casi sin pausa, llegando a cifras récord durante la primera mitad de 2005.

Según el gobierno con la baja en las tasas de inflación y con las disposiciones contempladas para los créditos más bajos la ley no tendrá un efecto negativo sobre el mercado formal de crédito.

control. El proyecto dispone que el Banco Central controlará que no se configure usura en las casas de crédito y cooperativas de ahorro y crédito que hoy no están vigiladas por la autoridad monetaria.

A su vez el Area de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía controlará el mercado de prestamistas y otro tipo de acreedores particulares.

La Auditoría Interna de la Nación tiene como función supervisar a las cooperativas de ahorro crédito de mayor porte, lo que deja afuera a las más pequeñas.

Este segmento de mercado, que tuvo un crecimiento mayor al del sector formal, tras la crisis es el sector al que mas se apunta cuando se denuncian casos de usura y en el que casi no existe control.

El Ministerio de Economía comenzará a trabajar en una nueva ley que regule el funcionamiento de las cooperativas para prevenir que particulares se aprovechen de los beneficios de esa figura legal para actuar como prestamistas.

Se pretende perfeccionar la reglamentación para limpiar el mercado entre las cooperativas que funcionan como tales, las llamadas truchas. La intención es que estas empresas demuestren que funcionan realmente como una cooperativa y que se rigen por los estatutos legales.

Con este control se podrá depurar un mercado que está a la vista de todos en la calle y donde existen especialistas en crear fachadas para las cooperativas.

La Auditoría Interna de la Nación intervino varias cooperativas de este tipo que hasta ahora siguen funcionando y que tienen amplia presencia publicitaria.

El gobierno promoverá medidas para que la Justicia pueda detener acciones contra deudores cuando se detecte usura.

Se pretende que los jueces civiles tengan un rol más activo en el combate a este delito.

Además se estimulará la cooperación de entidades como la Facultad de Ciencias Económicas con los servicios judiciales como el Instituto Técnico Forense.

El gobierno cree que la creación de un registro de acreedores permitirá prevenir la usura desde el circuito informal de crédito.