Positiva evaluación de los programas sociales

Un informe del Banco Mundial (BM) que evalúa los resultados del préstamo de U$S 100 millones que la entidad otorgó a Uruguay durante la crisis financiera de 2002 destaca que la administración Batlle "sobrecumplió" la ejecución de los programas sociales destinados a alimentación, asignaciones familiares y de atención a la infancia, justamente un área donde los partidos de oposición centraron sus críticas al gobierno saliente. En el documento —fechado en la segunda semana de octubre— se hace una revisión de las diez condicionalidades que se acordaron a la hora de otorgar el crédito y, que excepto una, fueron todas cumplidas.

La séptima condición establecía que en 2003 el presupuesto para los programas sociales no debería ser menor al ejecutado en 2002. El presupuesto para los programas del Instituto Nacional de Alimentación (Inda), los Centros de Atención a la Infancia y la Familia (Caif), el de Asignaciones Familiares y el de capacitación laborar era de $1.570 millones y la ejecución real fue de $1.736 millones.

"La estrategia del gobierno en la crisis fue correcta al priorizar los programas de alimentación", señala el documento. Los programas del Inda ejecutaron el 209,2% de lo presupuestado en tanto que el de alimentación en las escuelas llegó a 110% y a 103% en el de asignaciones familiares. En el caso del programa Caif se ejecutó el 98%. En total de un 100% presupuestado se ejecutó 111% de los programas que —según el organismo— fueron "la prioridad social más alta durante la crisis".

Los técnicos del BM dijeron que fue "justificado" el cambio de estrategia del gobierno en ejecutar solamente el 50% del programa de capacitación laboral —al que evaluaron como "altamente ineficaz"—, dando un nuevo destino a los recursos hacia otras iniciativas. La evaluación sobre este programa apunta a que "no tuvo impacto en la posibilidad de conseguir empleo o en la calidad del trabajo conseguido en término de salario, estabilidad y protección".

El Banco Mundial aplaudió la decisión de crear los programas de obras comunitarias en la que se entrega dinero a personas sin trabajo a cambio de que cumpliesen tareas, para lo que se destinó dinero del programa de capacitación.

DISPENSA. La novena condicionalidad implicaba la aprobación de un ley que modificara el régimen de seguro de desempleo. La normativa establecería un tope de 36 meses en el beneficio en toda la vida del trabajador, requeriría a los beneficiarios tareas comunitarias mientras recibieran el subsidio y pondría un techo de ingresos de 100 salarios mínimos para acogerse al sistema.

Según el Banco Mundial el gobierno no quiso poner el proyecto a consideración del Parlamento en el año electoral dado que tendría efectos "contraproducentes" en las perspectivas de cambio del sistema, por lo que pidió un dispensa (waiver) al directorio del organismo.

A pesar de que no se envió el proyecto, el documento destaca que el "reforzamiento" en el control el gobierno logró reducir las extensiones de beneficio de seguro de paro de cerca de 4.000 a diciembre de 2000 a 1.100 al cierre de 2003. Además el programa de tareas comunitarias "actuó" en definitiva como un programa de seguro de desempleo, remarcaron los técnicos.

Sobre el final el informe advierte que aunque se hubiera aprobado la ley "no hubiera resuelto" el "problema" de la baja cantidad (15%) de desempleados que puede acogerse al beneficio del sistema, dado la alta porción de trabajadores en el sector informal.

El informe del Banco Mundial recomienda mejores controles en los programas del Instituto Nacional de Alimentación y recomienda continuar bajando los costos del Sistema Integral de Acceso a la Vivienda.

"En términos generales existen debilidades en el control de todos los programas del Inda que fueron sobrepasados por el incremento de los beneficiarios luego de la crisis", expresa el documento, que también remarca que el porcentaje de costos adminisrtativos sobre el total es "alto", al llegar al 11,47% del total. A pesar de que elogia la baja en los precios de compra de alimentos y que "están por debajo de otras agencias", todavía existe un "ancho margen" para mejorar en los procedimientos administrativos.

A pesar de calibrar positivamente las mejoras en el Siav los técnicos criticaron que la política de construcción muchas veces no estuvo acorde con la "distribución" de la demanada de viviendas. Además se deberá refocalizar en soluciones de menor costo para contemplar los efectos de la crisis.