Piden pruebas sobre monopolio

La Dirección General de Comercio otorgó 10 días para que la Federación de Transportistas de Bebida (Fetrabe) y las empresas productoras de cerveza Patricia, Norteña y Pilsen presenten pruebas en el marco de la investigación sobre presunto monopolio en el sector cervecero. La indagatoria comenzó luego que la argentina Quilmes (Quinsa, propietaria de Pilsen) y la brasileña Ambev (propietaria de Norteña y Patricia) se fusionaron.

El fallo da un plazo de diez días para que ambas empresas y Fetrabe presenten las pruebas que avalen sus argumentos.

Luego de eso, la DGC tendrá 30 días para el estudio de las mismas o para eventualmente pedir otras. En 120 días deberá expedirse sobre el tema de fondo, revocando o confirmando el fallo original.

La resolución inicial de la Dirección dispuso la no prosecución de la investigación, por entender que no había mérito suficiente a la luz de las normas de defensa de la competencia.

Tras el fallo, Fetrabe presentó un recurso de revocación y jerárquico contra la resolución.

RECURSO. En un extenso escrito, sus abogados sostienen que "la urgencia de la Administración por archivar las actuaciones no se justifica desde ningún punto de vista" y aseguran que la Dirección de Comercio "no dispuso el diligenciamiento de ningún medio probatorio".

Según la gremial, "confesión mediante, resulta probado que la totalidad de los activos cerveceros de Ambev y Quinsa en el Uruguay fueron transferidos a Quinsa, quien hoy controla el 99% del mercado cervecero nacional".

"La existencia de un monopolio, concentración, alianza estratégica o acuerdo, surge probada de la confesión de las empresas denunciadas, a pesar de que todas evitan aportar detalles y pruebas concretas respecto al alcance de las operaciones", sostienen los abogados.

"Siendo benévolos con las empresas denunciadas, podría entenderse que los acuerdos celebrados entre Ambev y Quinsa, tienen por efecto, restringir o distorsionar la competencia, cuando en realidad la eliminaron", agregan.

La petición de revocación incluye también un ítem en el cual se pide que si esta no se produce por parte de la Dirección General de Comercio, la misma sea adoptada por el Poder Ejecutivo que deberá disponer la prosecución de las actuaciones administrativas.