El Poder Ejecutivo observó el proyecto de ley que prohíbe la importación de automóviles, vehículos comerciales livianos, ómnibus, camiones tractores, chasis con o sin motor, remolques, semirremolques, carrocerías y/o cabinas y motocicletas usadas.
El proyecto prohibía por 48 meses la importación de esos bienes y solamente habilitaba al Poder Ejecutivo a autorizar excepciones a esta interdicción, siempre que exista un certificado de necesidad por parte de los ministerios de Industria y de Transporte.
"Se entiende que una ley que prohíba por 4 años la importación de vehículos usados perjudica el interés general. En efecto, el libre comercio de bienes beneficia a los consumidores y a los productores de bienes y servicios que utilizan vehículos como insumo para la producción, efecto que a su vez se retroalimenta en un beneficio al consumidor final", sostiene el gobierno.
"Esta prohibición deja a los agentes económicos nacionales, en desventaja respecto a sus competidores externos, tanto en los sectores del transporte como en el resto de los sectores económicos", sostiene. La prohibición "agrega rigidez a la política comercial" y colide con las normas de la OMC. Además, dice el Ejecutivo, no es conveniente encorsetar la posición negociadora de Uruguay en un momento en que se renegocia la política automotriz del Mercosur.