La presentación del libro “Más y mejor trabajo”, realizada por la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo (IEEM), fue una ocasión para plantear datos claves de la investigación y las propuestas de los autores, Leonardo Veiga, Santiago Madalena, Valeria Fratocchi y Sofía Harguindeguy, y también para hacer anuncios.

Uno de los temas que despertó más interés fue el dato de que, según una encuesta que realizaron, la mayoría de los empresarios en Uruguay está a favor de la negociación tripartita (empresas, trabajadores y Estado), lo que contradice las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en esta materia.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Pablo Mieres, quien ofreció un discurso de media hora sobre temas del libro, afirmó que coincide con las perspectiva de los empresarios de valorar la participación estatal. “Ahí no estamos en sintonía con la OIT, pero creo que el rol del Estado en el proceso de negociación colectiva del mundo salarial -que en Uruguay trasciende la fijación de los salarios mínimos por categoría- es parte de las cosas que tenemos que asumir como cultura y desde el lado de la política económica. No está bien que el Estado quede por fuera”, afirmó Mieres.

Veiga compartió que los empresarios dieron dos argumentos para preferir el tripartidismo: consideran que el Estado en este país suele actuar como “factor de moderación” que trata de acercar a las partes y de facilitar procesos, y entienden que lo acordado en el Consejo de Salarios se transforma en ley, por la participación del Estado.

En esa línea, Fratocchi opinó que no es necesario estar siempre de acuerdo con los criterios de la OIT, sobre todo cuando los países tienen experiencias diferentes con buenos resultados.

“No es que los empresarios estén a favor incondicionalmente de la participación del Estado, sino que, en las condiciones actuales y dadas las características de nuestro sistema laboral, si lo que se acuerda se va a transformar en norma para todos, no privaticemos la legislación laboral”, dijo Veiga.

Madalena analizó los pros y contras de contar con un régimen centralizado de negociación colectiva. “La descentralización hace que la negociación empresa-empleado sea limitada, porque casi todo se da en el consejo tripartito”.

Los autores proponen, así, que la negociación colectiva a nivel de la empresa pueda cambiar lo que establece el sector de la actividad, en una especie de “descuelgue”.

Veiga destacó que, en materia de negociación salarial, existe una gran diferencia entre las empresas grandes, pequeñas y medianas empresas, siendo estas últimas -que son las sufren un mayor impacto de los aumentos salariales- las que sienten que su capacidad de incidencia es nula o casi nula en las negociaciones.

“Las empresas grandes tienen más personal y los problemas de costos no les impactan tanto, y las pequeñas son empresas familiares que resuelven el tema de los costos y salarios de otra manera. Pero no crecen. Las que más se quejan, entonces, son las medianas empresas”, dijo.

Mieres ofreció un panorama del mercado laboral y destacó que se ha mostrado “dinámico” sobre todo en el último año, con una fuerte recuperación del número de puestos de trabajo y de la formalidad. Pero hay problemas en: bajos niveles de productividad, alto desempleo juvenil y dificultades de reubicación para personas mayores.

En ese marco, anunció que se instaló -ayer mismo- un grupo de trabajo creado en el Consejo Superior Tripartito, para elaborar y proponer medidas de mejora de la productividad en el plano laboral. Esa medida fue resuelta a fines de 2023 por el consejo.

“Esa instancia es muy importante para abordar el tema sin la obligación de la discusión de la negociación salarial. No queremos discutir la productividad en el marco de la pulseada tradicional de los aumentos salariales, donde se termina dejando cortado este tema, que es tan relevante. Se inició un camino”, dijo Mieres.

Agregó que el tema de la productividad debería trascender al MTSS y alcanzar al conjunto de las políticas económicas, con involucramiento de distintas áreas del gobierno.

Al hacer un recorrido sobre otros tópicos del libro, Mieres se detuvo en los “trabajadores por aplicación” (léase, los vinculados a empresas como Uber, PedidosYa, etcétera).

Recordó que el MTSS presentó un proyecto de ley al Parlamento en esa materia, e informó que recibió una citación para principios de este abril. “Queremos avanzar en ese proyecto, que viene a ocupar un vacío legal sobre esta nueva forma de relación laboral. Estudios demuestran que la ausencia de jubilación para estas personas genera afectaciones al empleo y requieren modificación”, afirmó.

Los autores destacaron la heterogeneidad de las empresas en el país (según rubro, ubicación, tamaño y demás), pero las leyes existentes fueron pensadas para un mundo corporativo uniforme, lo que proponen cambiar.

Especial atención le dieron a las condiciones de trabajo, como ser: descansos intermedios, horas extras, días libres y licencias, dado que es frecuente que los empresarios y trabajadores lleguen a acuerdos al margen de la legalidad, por la rigidez del cuerpo normativo.

Sobre el “pago por productividad” que actores del sistema laboral proponen, Veiga advirtió que es de difícil medición cuando depende de variables que van más allá del control del trabajador.

Madalena hizo foco en el derecho individual y colectivo del trabajo, y en el impacto de las formas de trabajo que han surgido por los avances tecnológicos.

“La normativa (sobre el tiempo de trabajo y otros frentes) fue pionera en su momento (hace unos cien años), pero existen nuevos puestos de trabajo, y se requiere actualización”, afirmó. Sobre las categorías laborales, sugirieron “no atomizar”, sino apuntar a grupos de categorías de puestos y a las competencias. Es decir, hacer definiciones más generales y apuntar a una mayor movilidad en los puestos.

El tema de la flexibilidad laboral tomó cuerpo en los últimos años. “Apuntamos a cómputos más extensos de la jornada, lo que no permite actualmente la normativa”, dijo .

Tanto Mieres en su disertación, como Madalena luego, destacaron al empleo juvenil como insuficiente. Existen instrumentos en esta materia, pero faltan incentivos tributarios asociados y hay burocracias que ahuyentan.

Fratocchi instó a implementar las propuestas para mejorar la movilidad social. Destacó al movimiento sindical nacional y consideró que “todo está dado para que el diagnóstico pase a la acción”.

En suma, las propuestas para aumentar la cantidad y calidad del empleo, incluyen: la construcción de un sistema de descuelgues más ágil, ajuste y actualización de categorías laborales, legitimación para actuar en convenios colectivos, flexibilidad en la centralización de la negociación colectiva, modernización de las normas de la jornada laboral (además de tiempos de trabajo y compensación de horas), promoción de contratación de jóvenes (que hasta ahora no ha tenido éxito), contratación de más profesionales de tecnología, entre otros frentes.

El libro fue encomendado al IEEM por la Academia Nacional de Economía, a través de su centro de análisis Pharos y el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED).