Publicidad

Lavado: organizaciones sociales sin controles y riesgos por corrupción

Compartir esta noticia
Lavado de activos - bolsa de dólares
Lavado de activos.
Foto: Archivo/El País

EL PUZZLE DEL RIESGO

Las organizaciones sociales sin fines de lucro son "débiles" ante un posible uso para el lavado de activos, según especialistas. La falta de regulación de organismos públicos incrementa los riesgos.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

El Poder Ejecutivo no reglamentó las obligaciones de los organismos públicos para prevenir y combatir el lavado de activos. A su vez, el sector de las organizaciones de carácter social, carece de controles en el origen de sus ingresos y el destino de los fondos. ¿Qué riesgo presentan las organizaciones sociales? ¿Qué se recomienda internacionalmente para el sector? ¿Qué ingresos y activos declararon?

La Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) comenzó a fines del año pasado a fiscalizar a las organizaciones sin fines de lucro (OSFL), entre las cuales se encuentran las deportivas, educativas, religiosas, sindicales, los partidos políticos y las sociales.

Las organizaciones sociales, según explicó a El País el consultor y extitular de la Senclaft, Daniel Espinosa, son “débiles” ante el posible “abuso” de terceros para lavar activos a través de estas, incluso sin que “los asociados se enteren de lo que está pasando”.

Para ser un sujeto obligado a tener procedimientos de prevención antilavado y reportar operaciones sospechosas, la OSFL debe superar los 4 millones de unidades indexadas (UI) en ingresos anuales, es decir más de $ 22 millones, o tener 2,5 millones de UI en activos, es decir más de $ 13 millones.

Según los datos de la Senaclaft a los que accedió El País, son más de 80 los sujetos obligados que corresponden al sector de instituciones sociales, de los cuales los ingresos anuales y activos fueron declarados entre el segundo semestre de 2019 y principios de 2021. Sin embargo, dentro del listado de sujetos obligados se encuentran aquellos que no declararon ingresos o activos, como también están aquellos que no superan los umbrales pero de todas formas se mantienen bajo la fiscalización.

De acuerdo a los ingresos anuales, la institución que declaró el mayor monto fue la Sociedad de Fomento Rural de Colonia Valdense con unos $ 1.157 millones. A esta le siguieron el Plenario de Mujeres del Uruguay con más de $ 493 millones, el Fondo Social de la Construcción con más de $ 158 millones, el Fondo de Retiro Médico con más de $ 153 millones y la Fundación Teletón con más de $ 135 millones.

En materia de activos la institución que declaró un mayor valor fue el Fondo Social de Vivienda de Empleados y Obreros de Cutcsa el cual supera los $ 4.218 millones. Le siguieron la Sociedad de Fomento Rural de Colonia Valdense con un valor superior a $ 1.175 millones, el Fondo de Retiro Médico mayor a $ 1.007 millones, Fondo Social de Vivienda Coetc mayor a $ 797 millones y la Fundación Gertrudis Gastesi y Juan Martín Martincorena con más de $ 657 millones.
?
?Según expertos en la materia consultados por El País, en el caso de este sector los riesgos residen en la falta de prevención en materia de lavado de activos, en donde se podría triangular el dinero de tal forma que aquel que ingresa el dinero ilícito, lo vuelve a recibir pero “blanqueado” por el uso dado por la organización.

En tanto, el supervisor de fiscalización de la Senaclaft, Gustavo Misa, explicó a El País que en la normativa vigente no está regulado un control de debida diligencia sobre los proveedores, lo que incrementa los riesgos en el último tramo de la triangulación.
?
?En esta línea, el abogado especializado en regulación del sistema financiero y prevención de lavado de Brum Costa Abogados, Juan Diana, dijo a El País que, al partir de la “hipótesis que la organización no se dedica a lavar activamente” sino que “es víctima, es utilizada, por negligencia en la parte de controles”, la triangulación “sería una especie de ‘todos los caminos conducen a Roma’. Trajo la plata y al final, directa o indirectamente, por un conocido, por una empresa que tiene una participación, termina viniendo con un menor monto del que yo aporté, pero es parte del costo del lavado”.
?
?Otro de los riesgos señalados se encuentran en el régimen de donaciones especiales, explicado en la segunda entrega del especial “Lavado: El puzzle del riesgo” de El País, en donde especialistas advertían del uso de efectivo, establecido por la normativa, y como este podría carecer de controles por parte de las organizaciones beneficiarias, debido a la participación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como intermediario.
?
?Además del beneficio fiscal obtenido por la donación, lo cual disponibiliza dinero del que su origen era ilícito, se encuentra la posibilidad del retorno de lo donado, ya que el motivo de la donación es un proyecto presentado previamente por la OSFL al MEF.

No se reguló

Otro de los riesgos que el sector de las organizaciones sociales sin fines de lucro presenta, es el de la falta de regulación sobre la prevención y combate al lavado que realizan los organismos públicos.

El artículo 8 de la ley 19.574 establece que “todos los organismos públicos deberán contribuir a la prevención y combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, adoptando políticas y procedimientos que permitan mitigar los riesgos inherentes a las actividades que se desarrollen en cada caso”.

Agrega que “toda autoridad o funcionario público que, en cumplimiento de sus funciones tome conocimiento de actos o hechos que puedan estar vinculados al delito de lavado de activos o al delito de financiamiento del terrorismo” lo deberá comunicar a la Senaclaft.

“El Poder Ejecutivo procederá a reglamentar las obligaciones previstas en este artículo”, dice.

Sin embargo, según Diana, “el primer síntoma que da la pauta en cómo está el tema hoy, es que el Poder Ejecutivo (comprende al gobierno anterior del Frente Amplio y al actual “multicolor”), para no ponerle colores políticos partidarios, nunca reglamentó esas obligaciones. Eso pone a las claras de cómo podría estar el panorama hoy en día”.
?
?“No conozco todos los organismo públicos, si uno aplica o si aplica más que otro. Empezando por ese punto de partida, no se está cumpliendo a raja tabla, con estricto rigor, lo que son las obligaciones de ese artículo”, agregó.

En este sentido, que el origen de los fondos provenga de organismos públicos, no presentaría un ilícito. Sin embargo, para aquellas organizaciones que los reciben, tanto por donaciones, financiamiento o licitaciones estatales, se les presentan riesgos en caso de no controlar el destino de los mismos.?

“Ahí se mezcla un poco el riesgo de lo que podría ser el delito contra la administración pública, que se llama corrupción de forma genérica. Se podría utilizar, hipotéticamente, ciertas organizaciones que respondan a mis favores políticos partidarios o intereses personales”, explicó Diana.

En este sentido, señaló que se podría canalizar un sobreprecio en la licitación, el cual no pasa por un control público, y luego la organización responde a favor de los intereses buscados en campaña electoral.

“Desde el punto de vista técnico, si transfiero, canalizo o transformo bienes obtenidos ilícitamente, eso también es lavado, porque la figura penal comprende un núcleo de actividades que es bastante amplia, que incluye el poseer y transferir”, explicó Diana.
?
?“Ciertas organizaciones que reciben fondos no controlan que ello haya sido de una licitación o donación legítima, que está de acuerdo con la normativa del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf)”, afirmó.
?
?“Además de eso no hay un emprolijamiento de en qué se utilizan los fondos, a dónde van, a qué cuenta bancaria se destinan, con qué motivo, cuál es la razón. Tener en orden las políticas de prevención de lavado, dónde queda la constancia de por qué se recibió la plata y para qué”, agregó.
?
?“Sé que en términos relativos históricos son nuevas (las normativas), pero es un proceso que va acompañado de estructura de cumplimiento. No se puede exigir de un día para el otro. Ahora, en algún momento hay que empezar a hacerlo”, aseguró Diana.

Desde el otro lado

Este sector cuenta con tantas áreas de impacto como la cantidad de organizaciones que lo integran, por lo que sus métodos de financiamiento pueden variar en función de cada una.
?
?Están aquellas organizaciones que reciben donaciones especiales o cuentan con un evento principal para recaudar fondos, como la Fundación Teletón, quienes explicaron a El País que perciben donaciones de empresas y personas físicas, sobre las cuales realizan controles de debida diligencia.
?
?“Cabe destacar que la gran mayoría de las donaciones se reciben directamente a través del sistema financiero, quedando un porcentaje menor de la recaudación que se realiza en efectivo sobre la fecha del programa televisivo, en su mayoría a través de alcancías que luego de ser contadas se depositan en cuentas bancarias de la Fundación. En este caso además de ser un porcentaje menor, estamos hablando de importes muy atomizados”, señalaron desde Teletón.
?
?Destacaron que también realizan controles sobre sus proveedores a los que contraten por montos superiores al 5% o a US$ 50.000.
?
?En Teletón entienden que son una organización de “riesgo bajo” porque cuentan con “la aplicación de buenas prácticas de gobierno corporativo, fuerte cultura de control y transparencia en el manejo de los fondos mediante la auditoría de estados contables (el cual es realizado por KPMG) y publicación de los resultados en forma anual y publica”.

“Las donaciones realizadas por personas físicas si bien aportan un monto
considerable, no representan un riesgo elevado pues se encuentran altamente atomizadas”, agregaron.
?
?Destacaron que han implementado procedimientos de debida diligencia sobre las donaciones, distinguiendo dos grupos: “las que se hacen bajo el sistema de donaciones especiales del MEF y las que no”. Para las primeras solicitan información de los titulares de las empresas donantes, que luego cruzan con listas internacionales para descartar riesgos. Para el segundo grupo fijaron umbrales para solicitar más información.
?
?Por otro lado, hay organizaciones como la Peluffo Giguens que perciben ingresos, además de los mencionados anteriormente, por testamentos de personas que les dejan sus herencias y, en caso de ser inmuebles, luego los venden para el financiamiento de la institución. Desde la organización señalaron a El País que por cada donante emiten un recibo para transparencia y control de los ingresos.

A su vez, en conversación con El País recordaron un caso de una donación anónima de un monto significativo, a la cual consiguieron contactar afín de solicitarle un correo electrónico para dejar “constancia” del origen de la donación para los futuros controles bancarios.
?
?Otras, como Emaús, basan ingresos en ventas económicas de los bienes que recibe la institución.

Desde Emaús Nuevo París dijeron a El País que eventualmente han recibido donaciones del exterior provenientes del grupo internacional de Emaús, la cual tiene a Francia como país de origen, sobre la cual no realizan controles por pertenecer al grupo.

En tanto, señalaron que a los donantes le hacen firmar un recibo por la donación realizada y que ya no cuentan con acuerdos estatales.

El País se contactó para consultar sobre la fiscalización de la Senaclaft al Plenario de Mujeres del Uruguay, pero desde la organización, habiendo recibido los diferentes intentos de comunicación por parte de la directiva, no dieron respuesta. Del mismo modo, la Fundación Gertrudis Gastesi y Juan Martín Martincorena y Piso 40 fueron contactadas, pero dijeron comunicarse para confirmar o negar su participación en el informe, lo que nunca ocurrió.

A su vez, El País intentó contactar a la Fundación Beisso Fleurquin, Factor Solidaridad, Fundación Carlos Alberto Bulgheroni, Niños con Alas, pero no recibió respuesta.

En tanto, El País intentó comunicarse con la Masonería, pero esta accedió a participar una vez cerrado el informe. 

El efecto “no deseado” que podría ocasionar un exceso de regulación

Si bien se encuentran riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo en el sector de las organizaciones sociales sin fines de lucro, los especialistas consultados por El País afirman que se debe evitar una sobrerregulación, provocando con ella “efectos no deseados” como el de-risking.

Este efecto, el cual preocupa al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), máxima autoridad internacional en materia de lavado, trata de eliminar el riesgo a través de la eliminación del vínculo con una contraparte.

En este sentido, Diana explicó que “cuando se aplica mal la normativa, cuando se aplican mal los criterios de supervisión, podés generar el efecto no deseado a la normativa de lavado. Podés generar incentivos a la informalidad, a la desbancarización. El efecto se llama de-risking”.

Afirmó que “es una consecuencia no deseada de toda la implementación del sistema de prevención de lavado”, en donde si no se aplica la normativa con “criterio” y se regula “por regular” quien “recibe el desincentivo se borra de la asociación, se borra del registro, hace todo por el celular y chau, andá a agarrarlo”.

“Ojo con mal interpretar la normativa de prevención de lavado, porque genera consecuencias totalmente indeseadas y aumentan el riesgo de lavado, en vez de prevenir”, agregó.

En esta línea, dio como ejemplo el caso de las entidades bancarias en algunas partes del mundo, en donde, en lugar de gestionar los riesgos, le han cerrado la cuenta a clientes para evitar posibles multas.

“Han dejado sin cuenta bancaria a regiones enteras. El Caribe es una zona muy afectada en cuanto a esto y depende mucho del sistema bancario porque viven de remesas”, dijo Diana.

Sin embargo, la regulación de los organismos públicos en materia de lavado se puede entender desde otro lado.

En este sentido, Espinosa señaló que “lo sano sería que si te dono plata, yo, Estado, debería asegurarme que la usás bien, más allá de lo que sea la norma. Si hay un programa social o lo que fuera, yo donante debería tener una forma de evaluación de esa plata, sobre todo para seguir trabajando juntos”.

“No sería necesario entrar en una legislación muy compleja”, concluyó.

¿Encontraste un error?

Reportar

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad