Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.
Más allá de sus causas externas (descalabro de Argentina, devaluación de Brasil, entre otras) e internas (tipo de cambio fijo, problemas de regulación y supervisión bancaria, falta de ajuste del gasto público), la crisis de 2002 supuso la ocurrencia simultánea de una corrida bancaria, cambiaria y problemas de liquidez para hacer frente a la deuda pública.
A poco más de 20 años de uno de los momentos de mayor incertidumbre, como fue el feriado bancario del 30 de julio de 2002 para frenar la sangría de depósitos, ¿qué tan preparado está Uruguay para capear un temporal económico-financiero de esa magnitud?
Sin entrar en los cambios que ha habido en materia de regulación y supervisión bancaria, de manejo de política cambiaria (con tipo de cambio flexible), monetaria y de deuda, ¿son suficientes las reservas que administra el Banco Central (BCU) para hacer frente a un evento de este tipo?
El BCU realiza periódicamente una evaluación de las reservas que administra y su suficiencia para hacer frente a diversos riesgos en forma simultánea.
El Central denomina nivel de “reservas de confort” al monto precautorio de dinero (activos externos) que le permitirían cubrir la ocurrencia simultánea de una serie de riesgos. Claramente, en 2002 las reservas estaban muy por debajo de ese nivel (ver aparte).
Para saber cuáles son las “reservas de confort”, un trabajo de los servicios técnicos del Central (Umberto Della Mea, Daniel Dominioni, Ana María Ibarra y Gerardo Licandro) identificó ante una situación crítica, con un 99% de probabilidad, el tiempo máximo en el que el BCU no tendría acceso al mercado en moneda nacional y el gobierno no tendría acceso al mercado internacional.
En el caso del BCU, ese lapso sería de cinco meses sin la posibilidad de emitir Letras de Regulación Monetaria (un título de deuda que utiliza la autoridad monetaria para quitar pesos uruguayos del mercado) debido a tasas de interés pedidas por el mercado demasiado elevadas. A su vez, para el gobierno, el lapso sin acceder a los mercados internacionales, sería de un máximo de 13 meses.
En los cinco meses que el BCU no tendría acceso a emitir Letras y por tanto debería recurrir a sus reservas, habría presiones sobre la tasa de interés, el tipo de cambio y el nivel de precios.
El BCU debería prever la venta de dólares para atender el pago de las Letras ya emitidas (que vencen en ese período) y el déficit primario en moneda nacional del propio Central.
Por otro lado, en los 13 meses que el gobierno no tendría acceso a emitir deuda en los mercados internacionales, se deben prever los vencimientos de deuda de ese período. A su vez, “en un contexto de crisis” en una simulación que tomó en cuenta lo sucedido en 2002, el resultado fiscal primario (antes del pago de deuda) del gobierno disminuiría 1,4% del Producto Interno Bruto (PIB).
El último riesgo a cubrir, es el de una corrida bancaria, es decir el retiro de depósitos en moneda extranjera durante ese período de 13 meses en el que no se cuenta con acceso a los mercados internacionales.
El trabajo de los técnicos del BCU analizó lo ocurrido entre 1999 y mediados de 2010, así que toma en cuenta lo sucedido en la crisis financiera de 2002.
Cuando no alcanzaban
A fin de 2001, las reservas en el Banco Central eran de apenas US$ 3.500 millones. Seis meses después caían a US$ 1.762 millones y luego a un mínimo de US$ 564 millones el 14 de agosto de 2002. Los depósitos bancarios pasaron de US$ 15.000 millones a fin de 2001 a US$ 7.415 millones a fin de septiembre de 2002. “Recibía diariamente la posición de liquidez y el retiro de depósitos. Eso era angustiante, porque era muy fácil saber cuántos días de sobrevida teníamos para resolver la situación. Eso era una angustia permanente”, rememoraba el exagente financiero de Uruguay en EE.UU., Carlos Sténeri en diálogo con El País en 2017. “Para ponerlo en términos médicos, había que tener sangre para seguir poniendo en un cuerpo que iba a sufrir una operación muy importante”, dijo.
¿Se puede hacer frente?
El BCU realizó el ejercicio de “reservas de confort” y lo acaba de publicar en el Informe de Política Monetaria del cuarto trimestre, “el ejercicio basado en la metodología de reservas de confort muestra que a fines de noviembre de 2022 el BCU hubiera requerido US$ 13.053 millones para enfrentar la ocurrencia simultánea de una serie de riesgos” como los mencionados.
El informe detalló que para cubrir los riesgos monetarios y cambiarios se necesitarían US$ 5.099 millones (de los que US$ 4.597 millones corresponden al servicio de deuda del BCU).
A su vez, para atender los riesgos del sector público no financiero (pagos de deuda más déficit fiscal primario del gobierno central y el Banco de Previsión Social) se necesitaban US$ 3.637 millones.
Por otro lado, los riesgos del sistema financiero implicaban la necesidad de US$ 4.317 millones.
¿El Central administra reservas suficientes como para cubrir esos riesgos? En ese momento, es decir a fines de noviembre pasado, “el stock de activos de reserva del BCU se ubicaba en US$ 15.697 millones”.
Por lo tanto, el ejercicio determina una “holgura de US$ 2.644 millones”, lo que “representa una posición financiera muy sólida”, aseguró el informe.
Según el reporte, “el nivel de activos de reserva, neto de los que tienen contrapartida en los depósitos en dólares del sector bancario en el BCU, a septiembre 2022 permitiría cubrir el servicio de deuda del sector público global hasta junio 2023 (nueve meses). Adicionalmente, se cuenta con líneas de crédito contingente (preaprobadas y que se pueden desembolsar rápidamente) con organismos multilaterales por US$ 1.515 millones (2,1% del PIB)”.
“Por otra parte, el perfil de vencimientos de la deuda no muestra presiones puntuales en los próximos años: más de la mitad de la deuda debe honrarse luego de 2027”, añadió.
Mientras tanto, “los activos propios del BCU siguen siendo superiores a sus títulos emitidos”, explicó el informe. A fin de noviembre, los activos de reserva propios del Central representaban 10% del PIB, mientras que los títulos emitidos alcanzaban a 9,4% del PIB.