La OCDE pidió limitar el secreto bancario este año

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En primera instancia, la OCDE había exigido a Uruguay que modificara antes de fin de año su ley de secreto bancario de acuerdo a los estándares del organismo. Pero el gobierno accedió a que ésta no rija sólo si hay un acuerdo bilateral.

Esos convenios para evitar la doble tributación, "proporcionarán la base jurídica para responder a las solicitudes de información, incluyendo información en poder de bancos" señala la nota que el ministro de Economía, Álvaro García envió a la OCDE el 3 de abril y a la que accedió El País.

"En otras palabras, estos acuerdos internacionales anularán las restricciones nacionales sobre el acceso a la información", agrega la nota que envió García al secretario general de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE), Ángel Gurría.

También afirma que espera tener "presentados para su ratificación uno o más de estos acuerdos para fin de año".

Previo a eso la OCDE había realizado un pedido mucho más fuerte para Uruguay.

El canciller Gonzalo Fernández relató el jueves pasado en la Comisión de Hacienda de Diputados los pasos que siguió el país cuando supo de un "rumor" de que Uruguay sería incluido en una lista de paraísos fiscales de la OCDE.

Fernández aclaró que luego la lista no habló de paraísos fiscales, sino de cooperantes y no cooperantes en intercambio de información tributaria.

Ante ello, el 26 de marzo Uruguay presentó ante el organismo una nota en la que se fundamentaba por qué Uruguay no podía ser considerado un paraíso fiscal.

Tras esa gestión, el embajador uruguayo en Francia, Jorge Lepra, recibió un "proyecto de nota" de la OCDE que debía ser firmado por Uruguay.

Según el proyecto de nota propuesto por la OCDE -al que también accedió El País- Uruguay debía comprometerse a "proponer una legislación antes de que finalice el año para realizar los cambios necesarios al secreto bancario" de acuerdo a los estándares del organismo.

En la comisión de Hacienda de Diputados, el canciller calificó ese texto como "inaceptable" y señaló que "afectaba directamente la soberanía".

Ante eso, el gobierno decidió adaptar el texto. El embajador Lepra entregó el 30 de marzo una nota a la OCDE -a la que tuvo acceso El País- en la que Uruguay se comprometía a "adoptar los estándares de la OCDE en transparencia e intercambio de información, incluyendo lo que respecta a acceso a información bancaria en casos de defraudación tributaria y sujeto al control de la Justicia".

Eso es lo que rige actualmente en la legislación uruguaya, ya que el secreto bancario puede levantarse cuando la Dirección General Impositiva lo solicita ante un juez por presunción de evasión.

En esa nota que envió Lepra, Uruguay además se comprometía a renegociar acuerdos para evitar la doble tributación de acuerdo al estándar de OCDE con Hungría e informaba que se negociaban convenios similares con México, Chile, Portugal, España e India y que se había negociado otro con Alemania que incluía el artículo 26 del organismo.

Pese a esa nota, la OCDE incluyó a Uruguay en una lista de países "no cooperantes" en el intercambio de información tributaria el 2 de abril.

Al día siguiente y tras contactos telefónicos entre García y Gurría, el ministro de Economía le envió una nota donde establece la posición de Uruguay. Ante ello, la OCDE lo quitó de la lista de no cooperantes y lo pasó a la categoría de países cooperantes pero que no han implementado sustancialmente el estándar de OCDE.

La nota de García no difiere sustancialmente de la que envió Lepra -enumera los acuerdos en proceso de negociación- salvo por un par de aspectos.

Por un lado, explícita que Uruguay se compromete con el estándar "tal como se establece en la versión 2005 del artículo 26 de la OCDE".

Por el otro, indica que "aunque nuestra actual ley tiene ciertas restricciones en acceso a información de bancos, estos tratados" para evitar la doble tributación, una vez ratificados por el Parlamento, proporcionarán la base jurídica para responder a las solicitudes de información, incluyendo información en poder de bancos".

En la comisión, Fernández aclaró que si los tratados son aprobados por el Parlamento, "en esos casos puntuales y concretos" habrá una excepción al régimen de secreto bancario.

García acotó que si se compara con otras situaciones, "Uruguay ha hecho una muy buena negociación". También señaló que Uruguay elegirá con quién firmar esos acuerdos y que esto no implica una "andanada" de los mismos.

En tanto, el director de la Asesoría Tributaria del Ministerio de Economía, David Eibe, dijo en la reunión que el modelo para intercambiar información será el de "caso a caso", es decir tiene que haber un pedido concreto de otro país.

Desde el lunes pasado, Uruguay está bajo la lupa de los países de la región que, agrupados en Gafisud, llegaron para analizar si se avanzó en el combate al lavado de dinero.

Gafisud es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a los países de América del Sur para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

La delegación -compuesta por observadores de cinco países, de la ONU y dos miembros de Gafisud- tiene previsto reunirse con representantes del sector privado y público que estará hasta la próxima semana para corroborar mejoras en los aspectos deficientes, si hay o no mayores controles además de la verificación de avances informados.

Las autoridades uruguayas enviaron en marzo las respuestas a un largo cuestionario sobre avances en el control de lavado de dinero.

La llegada de la misión coincide con la aprobación en el Senado del proyecto de ley que incrementa los controles de lavado de dinero e incluye a más agentes que deben denunciar casos sospechosos.

Antes de irse, la misión entregará un borrador de informe al gobierno con el adelanto de lo que será el reporte que se pondrá a consideración de las autoridades de Gafisud sobre fin de año, dijo a El País el titular de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, Ricardo Gil.

La última evaluación que hizo Gafisud se concretó en 2005 -al mismo tiempo que la reglamentación de la ley actual- y concluyó que Uruguay tenía carencias en recursos humanos, falta de implementación de normas y de aplicación de medidas legales represivas. Además, concluyó que la mayor supervisión estaba puesta sobre los bancos y que los casinos privados contaban con un buen sistema de control, no así los casinos públicos ni inmobiliarias ni administradores de sociedades.