Uruguay reconoce sus vulnerabilidades en la lucha contra el lavado de activos. ¿Cuáles son las amenazas?

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Una evaluación a la “uruguaya” fue la realizada para comprender las amenazas que acechan al país y las vulnerabilidades locales que permiten que ingrese dinero ilegal para ser blanqueado o que sea destinado para financiar actos de terrorismo. Con la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR), ¿qué queda por hacer?

Este lunes el salón de actos de Torre Ejecutiva se llenó de autoridades públicas, especialistas antilavado y referentes del sector privado, para atender a la presentación de la ENR (ya adelantada semanas atrás por El País), la cual había tenido su cuota de “sincericidio”, según un experto, al exponer las fallas en el sistema uruguayo.

El evento tuvo por expositores al titular y al supervisor de Fiscalización de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Jorge Chediak y Gustavo Misa respectivamente, y al asesor internacional que desarrolló la ENR, Alejandro Montesdeoca. Chediak dijo que esta evaluación es un “sinceramiento” de Uruguay, en donde la información no está “maquillada”.

Como había consignado El País antes de la publicación oficial del documento, la ENR enfatiza en la baja percepción de riesgo, tanto en el sector público como el privado, que hay en el país sobre la posibilidad de que las instituciones y el sistema financiero local sea utilizado para blanquear activos.

A su vez, si bien Uruguay está entre “los mejores de la clase” a nivel regional respecto a su normativa antilavado, en materia de investigaciones exitosas, es decir en su efectividad, tiene un gran debe.

Según explicó Montesdeoca, en Uruguay “hay cierta sensación” de que por ventajas comparativas con la región “notorias”, parecería que el país tiene una menor “exposición” a los riesgos.

Sin embargo afirmó que esto es “una percepción falsa, basada en situaciones que podía haber en el siglo XX”, pero no en la actualidad. Además, resaltó la importancia de este delito por el volumen de activos que moviliza y la sofisticación que presenta, por lo que no se le puede “comparar con ningún otro delito”.

“El lavado está en auge a nivel internacional”, afirmó.

A su vez, señaló que hay una creciente presencia de las organizaciones delictivas en la región, las cuales se han fortalecido significativamente.

Uno de los “puntos calientes” que menciona la ENR sobre esto, es el avance de “los grupos de origen brasileño y argentino (principalmente de Rosario) que utilizan la hidrovía Paraguay-Paraná para canalizar el transporte de drogas producidas en Sudamérica hacia Europa”.

De acuerdo a la evaluación, la amenaza exterior más relevante para Uruguay es el narcotráfico -que se ha agravado desde la ENR de 2014-. A su vez, señala sobre este delito que, si bien no se ha confirmado por fuentes oficiales, existe información sobre la posible presencia de un cartel liderado por narcotraficantes de nacionalidad uruguaya que estaría operando con las organizaciones de la región”.

Además, agregó que la operativa de las organizaciones delictivas en la Triple Frontera se ha desplazado hacia la frontera con Brasil y que Uruguay “ya no es solo un país de tránsito de drogas, sino que se ha podido constatar, por un lado, la producción nacional de drogas sintéticas y, por el otro, un aumento en el consumo de drogas a nivel local, tales como la cocaína y metanfetaminas”.

Las otras amenazas predominantes para el país son el contrabando, la trata de personas, la estafa, el tráfico de armas, la defraudación tributaria y la corrupción.

Entre febrero de 2019 y septiembre de 2021, la cantidad de personas imputadas por los delitos tipificados como precedentes de lavado, fueron 8.286. Mientras tanto, los imputados por delitos de lavado de activos fueron: 210 por asistencia al lavado y 30 por los delitos “propiamente de lavado” (conversión, transferencia, posesión, tenencia y ocultamiento de activos para el lavado).

Sobre esto, Montesdeoca señaló que la mayoría de los casos de asistencia al lavado, en realidad correspondían a “asistencia al delito precedente” y no al lavado, siendo un ejemplo de la falta de efectividad del sistema local.

En tanto, el documento también indica que Uruguay no ha dispuesto los recursos necesarios para combatir al delito, viéndose vulnerabilidades en organismos supervisores y de inteligencia, como la Senaclaft y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central.

Según el asesor, la UIAF “no puede dar abasto” por su falta de recursos y tecnología, así como a la Senaclaft le es “imposible” trabajar con la estructura y recursos que tiene. Del mismo modo, la falta de capacitación técnica en los organismos que deberían investigar, entre otros, presentan más vulnerabilidades.

Otra de las debilidades locales, según agregó Montesdeoca, es la falta de comunicación entre organismos públicos, entre estos y el sector privado, como también entre privados. Además, resaltó las restricciones por confidencialidad, que se entienden para ciertas actividades, en materia de combate al lavado “atrasa décadas. Suiza no está en dónde está Uruguay”.

Con esta ENR, se deberá conformar la Estrategia Nacional contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Para esto, ya comenzaron a trabajar desde la secretaría junto a Montesdeoca.

Según explicó el asesor, entre los pasos a dar está la evaluación de la anterior ENR, la reunión con autoridades de “alto nivel” -los organismos que comprenden el sistema antilavado designarán representantes que trabajarán la estrategia- y mesas de trabajo con el sector privado debido a la “buena experiencia” que se tuvo con este en la preparación de la ENR. Prevén que el documento se finalice para comienzos de 2024.

Luego de la presentación de la ENR, se abrió un espacio de preguntas en donde el sector inmobiliario presentó su preocupación por la alta informalidad que cuenta la actividad. Según Chediak, antes de la publicación de la ENR, se adelantaron con recomendaciones que iban a surgir para la Estrategia Nacional, como prever la incorporación del sector de automóviles de alta gama como sujetos obligados, así como también la designación como sujetos obligados a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) -ya fue presentado en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas.

No obstante, la ENR señala que la mayoría de los casos de lavado en Uruguay cuentan con inversiones en el mercado inmobiliario. Por esto, el secretario antilavado sostuvo que analizan “poner foco” en las inversiones inmobiliarias de alto riesgo.

En este sentido, señaló que se podrían empezar a incorporar, para las inversiones que superen determinadas franjas, el aval de la Senaclaft que verifique que el origen de los fondos sea legítimo.

En este sentido, explicó que hay inversiones o venta de unidades en las que “no participan las inmobiliarias uruguayas”, ya que “hay una suerte de conjunto económico” que adquiere el terreno, formaliza la empresa que “realiza las torres” y, a su vez, cuenta con una inmobiliaria que puede llegar a no estar en el país.

“Allí, seguramente, hay que mejorar mucho los controles vinculados al origen del dinero y los beneficiarios finales”, afirmó.

Según el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este-Maldonado, Javier Sena, hay 600 empresas que están registradas en el Ministerio de Turismo, pero la preocupación está en las que se encuentran fuera de registro. “La mayoría de los negocios más importantes pasan por fuera, afirmó.

Sobre esto, Misa explicó que en el plan de supervisión anual, tienen previsto captar “omisos” en los sujetos obligados. No obstante, dijo que es un trabajo “artesanal”, de inspección a inspección, por lo que precisarían mayor presencia de fiscalizadores para dar con ellos.