La DGI tapada por agua y papeles

IVAN KIRICHENKO

Las goteras en el techo de la Dirección General Impositiva (DGI) —un edificio construido originalmente para rematar ganado—, las viejas máquinas de escribir Remington, los papeles amontonados por todos lados, y las oficinas de tres por tres, en las que empresarios que compiten por el mercado negocian sus deudas en simultáneo a 30 centímetros de distancia uno del otro, son síntomas de que la principal caja recaudadora del Estado funciona mal.

La DGI parece haber quedado abandonada a su suerte desde hace ya muchos años, si bien administra los impuestos de 160.000 contribuyentes, y recauda más de la mitad del dinero que el Estado obtiene por tributos. Cuenta con 397 funcionarios menos que en 1995; lo que no cambió son las goteras y emanaciones de agua desde el sótano de su atrio de recaudación, una ventanilla por la cual entra el 70% de sus cobros.

Para su director actual, Eduardo Zaidensztat, la DGI funciona de manera "ineficiente", y eso se debe a que el Estado no le proporcionó "las condiciones mínimas elementales" en las últimas décadas. Consultado por El País, el jerarca advirtió que la dependencia padece "problemas estructurales" en recursos humanos y materiales, y sostuvo que antes de aplicar cualquier reforma del sistema tributario, habría que dotar a Impositiva de los recursos necesarios para que pueda recaudar de manera eficiente.

CHATURA. La DGI tiene hoy 1.306 funcionarios; en 1995 tenía 1.703. Los casi 400 que hoy no están, se jubilaron u optaron por otro empleo en el sector privado. Dentro de pocas semanas habrá 60 menos, que ya comenzaron los trámites para utilizar el plan de retiros incentivados que impulsa el gobierno.

De los 1.306 funcionarios, 894 son administrativos y personal de servicios, y 412 son profesionales, de lo cual surge una relación de dos a uno. En los organismos tributarios de los países desarrollados, aseguró Zaidensztat, la relación es exactamente opuesta: uno a dos. "Tenemos serias carencias de recursos humanos, y no sólo de cantidad, sino también de capacitación; hoy tenemos 400 menos que hace unos años, y no es que antes sobraran", remarcó.

Los inspectores están entre los funcionarios más expuestos a las tentaciones que naturalmente rodean a todo empleo donde se manejan millones de dólares. Todos son profesionales universitarios, en su mayoría contadores. Ganan en promedio $ 11.000 pesos por mes —afirmó Zaidensztat— por todo concepto. Son los mismos que deben inspeccionar a grandes empresas. Gran parte del funcionariado también trabaja en asesoramiento de firmas privadas (ver notas aparte).

Los mecanismos de ascenso tampoco implican grandes estímulos para los funcionarios. "Dentro de la DGI tenemos una pirámide sumamente achatada, con retribuciones magras, fundamentalmente en el sector de profesionales universitarios, y en el sector de gerentes de la oficina. Se asciende de cargo, pero se mantiene el mismo sueldo, o sea que mientras más se asciende, peor retribuido se está. Tenemos el caso de un director de sector y un director de unidad, que está por encima de él que tienen la misma retribución. Se le da mayores obligaciones al funcionario, sin darle el derecho correspondiente", relató Zaidensztat.

CAMA CALIENTE. El edificio central de la DGI se encuentra en Rondeau y Valparaíso. Fue concebido como escenario de remates de ganado, y por ello, en lugar de un ascensor, tiene un montacargas. En el atrio de recaudación, donde están las cajas y unos cuantos asientos donde los contribuyentes esperan su turno, los días de lluvia se abren goteras desde el alto techo, y en el piso se colocan baldes. Pero si la tormenta es de las grandes, el torrente que desciende por la calle La Paz inunda el sótano del edificio, y el agua emana hacia el piso.

En varias oficinas, los funcionarios disputan su ubicación para poder captar la luz natural, que no es muy abundante. Los traslados tampoco son cómodos. A una cuadra y media de distancia hay dos edificios de la DGI, y los otros dos de Montevideo están en la Ciudad Vieja. "Simplemente el costo del traslado de documentación, de papeles, de gente, es absurdo", consideró Zaidensztat.

"No existen condiciones elementales mínimas. No existen baños suficientes en calidad ni en cantidad para cubrir las necesidades elementales, ni escritorios ni sillas suficientes", añadió el jerarca, quien sin embargo afirma que el problema más grave es otro: "La disposición arquitectónica de los edificios de la DGI atenta contra el secreto tributario".

En grandes líneas, el secreto tributario obliga a mantener en reserva nombres y datos sobre el pago de impuestos de empresas, a fin de protegerlas ante terceros que puedan aprovecharse de esa información.

El problema en la DGI es que los equipos de inspección trabajan en boxes de tres metros por tres, con escritorios que están prácticamente pegados. Un equipo de inspección está generalmente integrado por 12 profesionales, en su mayoría contadores. En un escritorio se sientan, de un lado, dos contadores, y del otro, el empresario inspeccionado, que usualmente concurre con asesores contables y/o jurídicos. A no más de 30 centímetros, en otro escritorio, se repite la escena, en simultáneo.

"Y como los equipos de trabajo están especializados por giros, muchas veces se conocen entre ellos —Uruguay es muy chico— y el propio empresario escucha lo que están hablando de su colega (...) Y en el otro escritorio de al lado, tenemos otros funcionarios de la DGI que tienen que trabajar sobre sus papeles, sobre los informes que tienen que producir, en ese mismo ambiente de 9 metros cuadrados, donde trabajan 12 funcionarios, más por lo menos 20 personas que pueden ser citadas simultáneamente. Entonces la disposición arquitectónica atenta contra el secreto tributario", subrayó Zaidensztat.

La tragicomedia llega al extremo de que las computadoras no pueden ser instaladas sobre los escritorios de los inspectores, ya que son muy chicos, por lo que si hubiera un monitor los profesionales y los empresarios no podrían verse. De todas formas, no hay computadoras suficientes para cada mesa, y los inspectores se turnan para usar las dos unidades con que cuenta cada equipo, en un régimen que Zaidensztat llama "de cama caliente".

ANTICUARIO. El despliegue tecnológico no es una característica de la DGI. En sus oficinas conviven las viejas máquinas de escribir Remington, con las ya poco útiles computadoras "bobas" de pantalla verde, y con las personales más actuales. Estas últimas no son, de todas formas, suficientes para las demandas de un organismo que maneja más de la mitad de la recaudación del Estado.

Por ejemplo, a los pocos días de asumir Zaidensztat, el Banco de Previsión Social (BPS) le donó a la DGI unas 30 computadoras que había enviado a depósito, porque ya estaban vetustas para las exigencias de ese organismo.

El software de avanzada tampoco llegó a la DGI, según su director. La Impositiva gasta el 1,1% de lo que recauda en tecnología, mientras que en países como Alemania, Italia o Francia, la relación es de 2 por ciento.

"Esto no es un problema de hace dos, tres o cinco años. La sociedad uruguaya lo tiene hace décadas. Si esta oficina recauda más de la mitad de los ingresos del Estado, no tiene sentido no darle instrumentos mínimos para poder funcionar", consideró Zaidensztat.