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Una gran noticia” y “un logro muy positivo para el mercado”. Así calificó el sector privado al decreto aprobado por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), en el que se le reconoce a los generadores privados de energías renovables no convencionales (como la eólica, fotovoltaica y biomasa) la capacidad de suministrar potencia firme de largo plazo.

Con este cambio normativo, se entiende que las energías renovables no convencionales sí tienen ese atributo (potencia firme de largo plazo) como para poder responder a la demanda de electricidad, un respaldo que se les exige a los generadores privados de energía como condición necesaria para poder vender a un privado.

Hasta el momento, el marco regulatorio no reconocía la potencia firme -una medida del aporte a la garantía del suministro- que ofrecen la energía solar fotovoltaica, la biomasa y la eólica. Únicamente se reconocía a la hidráulica y a la térmica.

El reconocimiento de esa potencia es un aspecto clave para fomentar el mercado de contratos mayoristas de energía entre privados y por ese motivo era uno de los principales reclamos del sector empresarial. Esto, porque para que un contrato pueda registrarse en el mercado eléctrico uruguayo, tiene que tener un porcentaje de esa potencia reconocida como firme. Es decir, debía tener un respaldo que asegure que la energía siempre va a estar disponible.

El ingeniero y socio fundador de la consultora SEG Ingeniería, Fernando Schaich, dijo a El País que la normativa “va a dinamizar el mercado (de energía eléctrica) privado” y va a implicar un beneficio para el consumidor final porque se espera que bajen los precios ante un escenario de mayor competencia para UTE.

Por su parte, el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini explicó a El País que el objetivo del decreto era actualizar la regulación del mercado mayorista de energía eléctrica del año 2002. “En aquella época no había una participación y el (actual) desarrollo de las energías renovables”, entonces había “una serie de cuestiones que estaban desactualizadas”.

En ese sentido, manifestó que el decreto admite que se reconozca la capacidad que tienen las renovables de aportar potencia al sistema y que, por tanto, “se habilita a que aparezcan generadores privados que celebren contratos con grandes consumidores”.

La normativa establece un mecanismo a través del cual primero se evaluará cuál es el aporte que hacen las energías renovables no convencionales al sistema eléctrico y en base a eso se les reconocerá el aporte que hacen a la potencia del sistema.

“Este es un paso muy importante porque facilita la venta de energía entre privados utilizando las redes de UTE”, algo que hasta el momento “era inviable” por los “altos costos” que significaba, indicó Schaich.

Explicó que previo a este decreto, si una persona tenía un parque eólico o un parque solar fotovoltaico, “por más que fuera de 100 megavatios, si le quería vender a un industrial por ejemplo, tenía que adosar la potencia firme a ese contrato, comprarle a alguien esa potencia firme para revendérsela al privado o instalar un respaldo térmico fósil como respaldo de la potencia firme, una cosa que era ya casi ridícula”, señaló.

Para Schaich, el decreto “obviamente va a bajar los costos” dado que los obstáculos mencionados implicaban “sobrecostos grandes en el precio de la energía”.

Desde la Asociación Uruguaya de Generadores Privados de Energía Eléctrica (Augpee), su presidente Martín Bocage, dijo a El País que el decreto significa “un logro superpositivo” para el sector privado. Augpee era unos de los principales actores del sector privado que reclamaba hace años esta actualización normativa a los diferentes gobiernos.

Días atrás habían dicho a El País que esperaban con “muchas expectativas” la publicación del decreto y actualmente analizan los detalles de la normativa para saber si serán necesarios ajustes.

Para el ministro Paganini, el decreto también brinda la posibilidad de atraer grandes proyectos de inversión que sean intensivos en su consumo eléctrico, algunos vinculados también con el hidrógeno verde.

“Si viniera un proyecto de gran porte, por ejemplo, y quisiera que se instalara un parque solar o eólico para ese proyecto, con esto tenemos un mecanismo para que eso pase sin que UTE tenga que desarrollar la inversión en la generación” eléctrica, señaló.

En esa línea, agregó que la actualización normativa permitirá “tal vez poder ser más competitivos y atraer estos proyectos de grandes consumos eléctricos”.

Desde la Asociación Uruguaya de Energías Renovables, su presidente Marcelo Mula, había dicho días atrás a El País que Uruguay “había quedado relegado” con respecto a la normativa de otros países de la región y había señalado que si se reconocía esa potencia a las renovables no convencionales se iban “a viabilizar otro tipo de negocios que hoy en día no se están pudiendo concretar”.

Como UTE era, hasta el momento, el distribuidor, transmisor y el actor habilitado para este tipo de negocios (desde el punto de vista del suministro y del precio), “siempre convenía” ir a comprarle energía a la empresa estatal.