DGI defiende su actuación en el caso de Concierto FM

El director general de Rentas, Nelson Hernández, salió al cruce de las declaraciones del titular de Concierto FM, Berch Rupenián, el pasado domingo en El País y manifestó que en ese caso, Impositiva no hizo una liquidación "antojadiza de cifras".

Es que Rupenián había afirmado en la entrevista respecto a la deuda con la Dirección General Impositiva (DGI) que "de U$S 3 millones no se puede llegar a U$S 16 en un año, más allá de lo que permita la ley". El empresario sostiene que no debe esa plata y habló de "errores que cometió la DGI, a propósito, o por incompetencia".

En la tarde de ayer en una conferencia para dar cuenta de 11 clausuras de establecimientos que se realizarán hoy, Hernández, contestó a Rupenián y aclaró que no iba a referirse a declaraciones de tipo personal.

El director de Rentas, afirmó que "en ningún momento la administración fiscal cometió errores a propósito o por incompetencia". Señaló que hubo una determinación de tributos a pagar de acuerdo a la ley.

Para la determinación del monto a pagar -los U$S 16 millones que cuestiona Rupenián-, Hernández señaló que en este caso se tipificó el delito de defraudación tributaria, "por el que se habilita a multas de hasta 15 veces el monto que se pretende defraudar".

En el caso de Concierto "ni siquiera se aplicó el máximo al que habilita la ley", sino que se aplicó "tres veces el monto" que se pretendió defraudar, agregó.

El titular de la DGI sostu- vo: "Estaríamos incumpliendo nuestro deber si no usáramos todas las herramientas que el legislador puso a disposición de la administración tributaria".

Según Rupenián, Concierto FM y Concierto Punta son dos empresas distintas. La segunda al estar en el interior (Punta del Este) está exonerada de pagar IVA. Parte de la facturación por publicidad se trasladó de Concierto FM a Concierto Punta.

Hernández dijo que es una sola unidad económica. "Toda utilización de franquicias fiscales cuando se busca obtener beneficios ilícitos es defraudación", sentenció.

Rupenián había cuestionado que la DGI presionó a la Justicia para lograr un fallo a su favor y para meterlo preso junto a su hermano Aram.

El director de Rentas puntualizó que un juez civil autorizó la clausura de la radio por seis días y que esa decisión "fue absolutamente independiente".

El director de la División Técnico Fiscal de la DGI, Fernando Cresci afirmó que el procesamiento con prisión fue dictado por un juez en primera instancia y ratificado por un Tribunal de Apelaciones por lo cual los hermanos Rupenián "han tenido las garantías del debido proceso".

Por su parte, los hermanos Rupenián presentaron el viernes sus descargos ante el Poder Ejecutivo, pidiendo que se anule la resolución que les revo- có la autorización para operar a las radios "Independencia", "Radio Punta", "Radio Concierto Punta" y "Concierto FM".

Si el Ejecutivo confirma su decisión (puede hacerlo respondiendo o dejando pasar 150 días), pedirán la nulidad de la acción ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). En ese caso solicitarán que mientras el TCA resuelve no se ejecute la medida.

CLAUSURAS. La DGI anunció que hoy se llevarán a cabo cuatro clausuras en Montevideo (una carnicería, una imprenta, una fábrica de prendas de vestir y una avícola) y otros siete establecimientos en el interior que representan a cuatro empresas.

La más importante es la de Gráfica Canadá, una de las cuatro imprentas que proveía de doble juego de boletas a ocho restaurantes de Punta del Este, que según el organismo, defraudaron impuestos en una maniobra que llega a U$S 80 millones.

Fuentes de DGI dijeron a El País que se trabaja con interventores de caja en los restaurantes y que se espera que los fiscales hagan la acusación en la Justicia penal.

La Dirección General Impositiva (DGI) espera la respuesta del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para saber si cumplió la meta de aumentar la recaudación privada en 0,45% del PIB, que estaba incluida en el compromiso de gestión firmado por ambos.

Además el organismo quiere redefinir esa meta -que este año implicaría aumentar la recaudación privada en 0,75% del PIB- porque en 2006 se "sobrecumplió" la cobertura de las necesidades financieras del gobierno, dijeron fuentes del organismo recaudador a El País.

Las fuentes apuntaron a que se buscaría un sistema que contemple más este último punto que el del crecimiento de la economía para el compromiso, pero eso dependerá del MEF.

Para el 30 de mayo, a más tardar, esperan tener todas las metas prontas. Algunas metas de gestión acordadas entre la DGI y el MEF, van a cambiarse, aunque serán la minoría, agregaron las fuentes. El 30 de abril el MEF responderá si se cumplió la meta de recaudación o no.