El Poder Ejecutivo atendió las críticas de empresas privadas que se quejaban porque algunos ganadores de licitaciones para montar proyectos de energía renovable no cumplían con los plazos prometidos.
Asimismo, en el Ministerio de Industria también se entendía que debía "regularizarse" el control sobre las obras de las granjas eólicas como las plantas de biomasa.
El gobierno publicó ayer un decreto que da cuenta sobre las nuevas obligaciones que deberán atender las firmas privadas que sean adjudicatarias para instalar fuentes alternativas para generar energía eléctrica.
Todas las iniciativas deberán ser avalados por un informe de la Dirección Nacional de Energía y la Unidad Reguladora de Servicios de Agua y Energía (Ursea).
El plazo de ejecución de las obras deberá tener una duración máxima de entre dos y cinco años, que dependerá de la tecnología y fuente de generación.
El proyecto deberá iniciarse en un lapso no mayor a los seis meses luego que sea autorizado oficialmente. Asimismo, el privado deberá presentar un informe semestral al Ministerio de Industria dando cuenta de las etapas cumplidas. En tanto, una vez que la empresa ponga en funcionamiento el emprendimiento energético deberá comunicarlo de inmediato a la Dirección de Energía y la Ursea.
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