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Comisión de reforma jubilatoria: el sistema tiene “inequidades, rigidices y fallas en resolver problemas”

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El presidente de la CESS, Rodolfo Saldain junto a la vicepresidenta del país, Beatriz Argimón. Foto: @cessuruguay

INFORME

A partir de ahora la comisión cuenta con un plazo de 90 días para para enviar sus recomendaciones de reforma del sistema previsional al Poder Ejecutivo y Legislativo.

Ayer el presidente de la Comisión de Seguridad Social (CESS), Rodolfo Saldain entregó el informe de diagnóstico sobre el sistema previsional uruguayo al prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés y a la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón.

El informe había sido aprobado el pasado viernes 19 de marzo con 10 votos a favor y cinco en contra de los representantes en la comisión del Frente Amplio, el Pit-Cnt y la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu).

A partir de ahora la comisión cuenta con un plazo de 90 días para para enviar sus recomendaciones de reforma del sistema previsional al Poder Ejecutivo y Legislativo.

Los pasados domingo 21, lunes 22 y martes 23, El País divulgó los principales contenidos del informe de diagnóstico presentado ayer. Lo que sigue son otros puntos que contiene el informe.

El diagnóstico presentado señala que la seguridad social del país “tiene muchas fortalezas que se han ido consolidando en un proceso de construcción histórica, en el que tuvo incidencia el aporte de gobiernos de diverso signo político”, pero también indica que hay “algunos desafíos que deben encararse más temprano que tarde”.

El informe señala que “si bien Uruguay tiene niveles de protección social en la vejez buenos” si se los compara con otros países de la región, “tiene algunas deficiencias y, sobre todo, enfrenta algunos riesgos derivados de cambios que se están produciendo en la población, la tecnología y el mundo del trabajo”.

En relación a los sectores más vulnerables de la población, el informe manifestó que si bien “se ha logrado” que a través de diferentes programas “tengan hoy una protección razonable”, Uruguay “carece todavía de un programa universal e integral de protección social que se adecue en forma flexible a las condiciones cada vez más cambiantes de la sociedad y el mundo del trabajo”.

El documento explica que el país tiene “varios programas de seguridad social insuficientemente integrados y, algunos de ellos, pobremente regulados y supervisados”. Sobre este punto, el informe señaló que esas “debilidades institucionales contribuyen a generar inequidades, rigideces, fallas o lentitud en la detección de problemas y vulnerabilidades de los programas”.

Un tercer punto del informe de la CESS pone el foco en que los diagnósticos y las propuestas de reforma previsional “no pueden perder de vista el panorama más global de la protección social” y recomienda avanzar en la agenda de cuidados teniendo en cuenta “las nuevas exigencias asociadas” a los procesos de envejecimiento, así como la redefinición de las familias, la incorporación creciente de las mujeres al mercado de trabajo y la redefinición de los roles domésticos tradicionales.

Por otra parte, el documento de la CESS afirma que la incidencia de la pobreza es 10 veces mayor entre los niños que entre los adultos uruguayos. Señala que esas “nuevas realidades” presentan un desafío y que demandarán “decisiones políticas difíciles y recursos financieros”.

De acuerdo con la CESS “el desafío es usar eficazmente esos recursos, inevitablemente limitados, para articular propuestas equilibradas, que permitan al país seguir avanzando en un proceso de desarrollo sostenible e integrador”.

Por otra parte, el informe puso el foco en la sostenibilidad financiera como “un requisito de cualquier propuesta seria de reforma”. A su entender, “es fundamental” lograr un adecuado balance entre los objetivos de un sistema de seguridad social a la hora de evaluar el diseño del sistema.

“Una cobertura tendiente a la universalidad, niveles de beneficios adecuados y la sostenibilidad del sistema, constituyen objetivos que deben atenderse en forma conjunta”, subrayó el informe.

¿Cuáles fueron los principales elementos del diagnóstico?

En el informe la CESS indica que la dinámica geográfica que tiene el país hoy “genera presiones tanto en los sistemas de beneficio definido (BPS y demás subsistemas estatales y personas públicas no estatales) como en los de cotización definida (AFAP y empresas aseguradoras)”.

El BPS lleva gastados unos US$ 860 mil en custodiar el complejo. Foto: Leonardo Mainé
Banco de Previsión Social. Foto: Leonardo Mainé

Entre otros aspectos, el diagnóstico plantea que “la edad mínima de acceso a las jubilaciones no ha acompañado las ganancias en esperanza de vida y se ha mantenido estable en las últimas décadas” y por otra parte, sugiere que “el diseño de las pensiones de sobrevivencia podría no estar acompañando los cambios en el rol de la mujer en la sociedad”.

Asimismo, desde la CESS confían en que “la maduración del componente de ahorro individual” permitiría “una mejor distribución intergeneracional del financiamiento de los beneficios”.

Respecto a las AFAP, la comisión afirma que “el diseño del mecanismo de afiliación voluntaria merece revisión ya que resulta complejo, costoso y tiende a generar peores resultados para aquellos afiliados que se encuentran menos accesibles para la fuerza de ventas”, es decir los vendedores de las AFAP.

“La acción de la fuerza de venta de las administradoras tiene un papel determinante en el alto porcentaje de trabajadores que realizan esta opción” de afiliación voluntaria porque por su salario no están obligados, expresa el informe. “Esto tiene consecuencias desiguales entre afiliados, ya que aquellos que trabajan en unidades de más difícil acceso para la fuerza de venta tienden a no beneficiarse de la opción temprana del artículo 8 (afiliación voluntaria)”, agrega.

A su vez, la comisión cuestiona la comisión que cobran las AFAP privadas. “Los montos cobrados por la administración de los ahorros previsionales superan los observados en otras experiencias no regionales relativamente comparables, medidos en relación a los activos administrados”, afirma. En el caso de República AFAP ese monto cobrado es “similar” a las experiencias no regionales comparables.

En cuánto a lasinversiones que realizan las AFAP “disminuir la concentración en el riesgo doméstico y habilitar opciones de mayor rentabilidad esperada podría ser conveniente para el afiliado”, dice la comisión. Agrega que se “justificaría analizar la habilitación de uno o más subfondos adicionales” para acumular el dinero de los trabajadores según la etapa de la vida.

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