Comienzan obras vecinales en cinco departamentos

El denominado Plan de Obras Vecinales Garantizadas ha permitido ya la creación de 500 puestos de trabajo directos e indirectos vinculados a obras de inminente comienzo en Río Negro, Treinta y Tres, Tacuarembó, Salto y Cerro Largo.

El plan se puso en marcha aplicando las posibilidades creadas por la Ley de Reactivación Económica de setiembre de 2002 que autoriza al Ministerio de Transporte y Obras Públicas a celebrar convenios con las distintas intendencias para la realización de programas de obras públicos bajo el régimen de concesión, que son repagadas por los vecinos beneficiados.

El importe mensual de cada cuota de repago al concesionario será prorrateado entre los propietarios de inmuebles con frente a espacios de dominio público que se beneficien con las obras. El propietario tiene la obligación de pagar la cuota correspondiente quedando facultadas las intendencias a deducir o adicionar total o parcialmente el importe de la cuota de la contribución inmobiliaria.

En una etapa posterior y a medida que se incorporen departamentos, se estima que se podrán crear hasta 10.000 puestos de trabajo, dijo a El País el coordinador del comité interministerial que hace el seguimiento del plan, Gonzalo Cibils. Florida, Flores, Canelones y Montevideo son los departamentos en lo que se realizará la segunda etapa de las obras.

El mecanismo supone que Cofac financia en dólares las obras con una tasa del 12% anual. Las intendencias pagan a las empresas contratistas y a la institución financiera, y a su vez facturan a los vecinos. Todo el mecanismo está garantizado por un fondo creado por el Poder Ejecutivo constituido por hasta U$S 10 millones en efectivo y en títulos públicos. Todo el sistema "no es convencional y no involucra a los presupuestos municipales", explicó Cibils.

Considerando que corresponde a los vecinos el repago de las obras, éstas no pueden ser de un gran porte y básicamente consisten en la reparación de veredas, la construcción de salones comunales y tareas en plazas y espacios públicos. "Deben tener relación con la capacidad contributiva de los vecinos. No pueden ser obras de lujo. Es importante entonces el involucramiento comunitario", señaló Cibils.

En los casos en que se constate el no pago, existe un mecanismo que determina la extinción del fondo para el departamento de que se trate.

Alguna intendencia ha planteado la posibilidad de destinar los recursos solamente al pago de la mano de obra y de financiar con recursos propios los materiales, la maquinaria y otros rubros, alternativa que también es posible, dijo Cibils. De todas formas, y como la mayoría de las comunas tienen sus finanzas en situación complicada, la mayor parte de los recursos irá en muchas de ellas al pago de la maquinaria y de las obras en sí. "Hasta ahora el 30% de los fondos han ido al pago de mano de obra pero esperamos que ese porcentaje pueda incrementarse más adelante al 50 o 60%", detalló Cibils.

Las intendencias municipales deben determinar, en todos los casos, la utilidad y prioridad de las obras y debe existir al menos un interesado en ser concesionario.

La contratación de la concesión y la selección del concesionario debe realizarse por un procedimiento competitivo, respetando los principios de concurrencia, igualdad y publicidad. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas y las intendencias que correspondan podrán poner a disposición de las empresas concesionarias, en las condiciones que se establezan en cada llamado, los elementos de carácter técnico, proyectos, dirección de obra y equipamiento necesarios para la realización de la obra.

La Ley de Reactivación Económica pretende alentar la participación de empresas de vecinos en las concesiones. El artículo 51 de la norma establece que si a la licitación "concurriera alguna de las empresas constituidas o en formación, integradas por vecinos o propietarios frentistas, ésta tendrá derecho a la adjudicación a pesar de no ser la más conveniente del llamado, si iguala a la mejor oferta, en un plazo que no excederá de la mitad del original de presentación".

Las empresas deben estar inscriptas en el Registro Nacional de Empresas o en la intendencia a menos que su capital esté integrado en al menos un 60% por vecinos de la zona o propietarios de inmuebles con frente a los espacios donde las obras se proyectan.