Columna de APPCU: Patrimonio e inversión

La Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay, desde siempre ha abogado por la conservación del patrimonio de la ciudad, la que sea, en la medida que prime el sentido común y la preservación se justifique.

Obviamente los promotores están en las antípodas de fungir de especuladores; son gente del metier, consustanciados con la inversión en el país, radicados aquí, generando mano de obra sin cesar y obviamente invirtiendo, diseñando y construyendo algo bien digno: vivienda para los compatriotas.

Un aspecto esencial que le da firmeza a mis líneas anteriores, es la integración por parte de la Asociación, en las Comisiones Especiales Permanentes que ha creado la Intendencia de Montevideo, con la finalidad precisamente de estudiar los proyectos arquitectónicos que se presentan, pero con el ulterior objetivo de cuidar el patrimonio.

Desde prácticamente su inicio, me refiero a las Comisiones citadas, APPCU ha integrado las mismas y nos referimos a Carrasco-Punta Gorda, Pocitos-Punta Carretas, Ciudad Vieja y Prado.

Allí nuestros representantes actúan con la mayor objetividad y nos consta que en más de una oportunidad han vertido su opinión contraria a los intereses de algún promotor, cuando han entendido que esa decisión lo justificaba. Claro que el tema y los puntos de vista pueden ser disímiles, el juzgamiento no es un axioma, pero tienen claro nuestros representantes que, si bien hay que apuntalar al promotor colega que allí se presenta, no es menos cierto que la consigna es “no vale todo” y así se ha actuado.

Y vamos a otro aspecto de la cuestión que inmiscuye a la seguridad jurídica de una posible inversión. Esto es: no puede haber un atisbo de duda y la Intendencia capitalina entendemos que está en esa línea, cuando se ha otorgado por la autoridad edilicia un permiso de construcción aprobado, que se siembren dudas e incertidumbres sobre el futuro del emprendimiento.

Si existe permiso de construcción aprobado y consecuentemente permiso de demolición, también aprobado, el tema debe estar laudado y el promotor que apuesta a construir allí donde se lo permitieron, con la millonaria inversión consecuente, no debe sufrir embates de ningún tipo.

Si no existiera permiso de construcción, serían admisibles los reparos que se entiendan, compartibles o no. Pero existiendo aquél, ya es cosa juzgada y sería muy peligroso que no lo fuera.

Nos ufanamos de ser un país donde prima precisamente la seguridad jurídica, donde los contratos se respetan, donde cuando la autoridad se pronuncia, el acatamiento es regla.

Preservemos el patrimonio nacional, APPCU hace punta en dicho objetivo, pero preservemos también la confianza y la seguridad en la dilucidación de los negocios, en las tan anheladas inversiones que necesitamos, que generan una economía dinamizadora, crecimiento y demanda de mano de obra.

Antes del permiso de construcción otorgado se necesita equilibrio, ponderación e idoneidad de las partes involucradas. Concedido aquél (y el permiso de demolición), el colofón de la historia no admite matices. Se invierte y se construye.