El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley que crea un Fondo de Cesantía y Retiro para los trabajadores de la construcción que hasta ahora no pueden acceder al despido.
De los 44.000 trabajadores que hay en el sector, el 85% no tiene acceso al cobro del despido ya que trabajan con contrato a término o para una obra determinada, según datos de la Cámara de la Construcción.
Además, en el caso del trabajador jornalero -aunque fuese contratado por un plazo indeterminado- si al momento del cese no tiene 100 jornales en su haber no tiene derecho a la indemnización por despido.
El presidente de la Cámara de la Construcción, Ignacio Otegui, dijo a El País que el proyecto "viene a dar solución a un tema que estaba a la deriva" y con él se generará "un marco que permite mayor estabilidad para mantener a la gente".
El borrador original del proyecto fue elaborado por la Cámara de la Construcción, la Liga de la Construcción, la Asociación de Promotores Privados de la Construcción, la Coordinadora de la Construcción del Este y el Sindicato Único de la Construcción.
SISTEMA. El esquema combina la creación de un régimen de cuentas individuales a nombre de cada trabajador y un fondo solidario. Las cuentas se financiarán con aportes obligatorios de los empresarios y los trabajadores al Banco de Previsión Social (BPS). El aporte patronal será de 4% en el caso de los trabajadores con o sin contrato a término, excepto en los casos en que el empleado tenga derecho a indemnización por despido que será de 0,5%. El aporte personal del trabajador será equivalente al 0,5% del salario. Estos aportes son adicionales a los correspondientes al BPS.
El Fondo, en tanto, se financiará con aportes que los empleadores hubiesen hecho hasta la entrada en vigencia del régimen de cuentas individuales, multas y recargos, herencias, donaciones y aportes extraordinarios que establecer.
Según Otegui este es un mecanismo "más barato" que si hubiesen incluido al sector dentro del régimen de despido.
Los trabajadores podrán recibir prestaciones por cesantía, por retiro y por fallecimiento. La administración del Fondo estará a cargo de una Comisión Administradora Honoraria Tripartita integrada por siete representantes de los trabajadores, empresarios y Ejecutivo que podrán durar un máximo de dos años en el cargo.