Este lunes, la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) y la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay (CAPU) anunciaron que bajo el marco de las actuales condiciones normativas la actividad pesquera “se hace inviable” fuera de los meses de zafra, es decir, de mayo a agosto.

Aseguraron además que, hasta el momento, de los 54 buques que componen la flota industrial local, solo seis salieron a flote, sin contar con información o perspectivas de que los demás buques zarpan o incluso de que los que salieron vuelvan a hacerlo una vez hayan regresado.

De hecho, en su comunicado aseguraron que la paralización de la pesca nacional cuenta con “múltiples efectos” debido a que ocupa alrededor de 3.000 trabajadores, los cuales “lamentablemente quedan sin trabajo”.

Por otro lado, indicaron que los temas que hicieron “inviable” la actividad fueron abordados en “reiteradas ocasiones” ante autoridades y por la dirigencia sindical, aunque no se han dado “cambios sustanciales”.

“Durante el mes de diciembre de 2023, las cámaras presentaron al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, Prefectura Nacional Naval, Administración Nacional de Puertos y Banco de Seguros del Estado, notas puntualizando los temas a resolver por cada una de estas dependencias del Estado, sin que, a la fecha, se haya tenido respuesta. También en el mes de diciembre, se denunciaron los convenios colectivos firmados con los tres sindicatos del sector, en aras de establecer un marco de relacionamiento laboral viable, en una industria históricamente conflictiva y por tanto, ineficiente”, expresaron en un comunicado.

¿Cuáles son las “cargas que lastran a la pesca uruguaya”?, según el comunicado que lanzaron, estas serían aportes patronales del 13% de la masa salarial (los cuales representaron sobrepagos superiores a US$ 40 millones desde 2010, equivalentes a renovar más de la mitad de la flota costera), primas del Banco de Seguros del Estado (BSE) del 11% para todo el personal (incluso el administrativo), limitaciones normativas para el acceso de personal al sector, la omisión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) respecto al “destino de los fondos que el sector privado vuelca al Fondo de Desarrollo Pesquero”, lo que ha generado “una total falta de inversión en investigación y promoción del sector, son solo algunas de las cargas que lastran a la pesca uruguaya”.

Bajo su razonamiento de que la pesca se “torna inviable” fuera de los meses de zafra, la CIPU y la CAPU cuestionaron la creación del Puerto Pesquero de Capurro para abril de 2024 (el cual demandó de la Administración Nacional de Puertos una inversión de más de US$ 100 millones) y la inversión del Ministerio de Defensa en construir dos buques de patrulla oceánica (por unos US$ 82 millones) para “proteger nuestros mares de la pesca ilegal”.

También destacaron que la industria podría “fácilmente duplicar” sus exportaciones (US$ 130 millones en 2023) y con ello “aportar miles de puestos de trabajo, miles de toneladas de alimentos de calidad y a la vez, ejercer soberanía efectiva sobre nuestros mares”.