Redacción El País
Luego que el Consejo Fiscal Asesor (CFA) -un órgano técnico independiente que asesora al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)- emitiera su informe sobre el cálculo del Resultado Fiscal Estructural al cierre de 2024 en el que cuestionó consideraciones de la titular del MEF, Azucena Arbeleche, esa secretaría de Estado salió al cruce. En una respuesta publicada esta tarde, el MEF sugirió al CFA "un enfoque más realista y pragmático al formular críticas o recomendaciones de política económica".

El CFA emitió el jueves su informe en el que marcó que "el incumplimiento de las metas fiscales en 2024 constituye una señal de preocupación ya que la posición fiscal estructural se mantiene alejada de un nivel consistente con la sostenibilidad intertemporal del cociente de deuda bruta sobre Producto Interno Bruto (PIB)".

También señaló que "los incumplimientos en los pilares 1 y 2 (de los tres que componen la regla fiscal) son significativos dado su magnitud".

Previamente al informe del consejo, la ministra Arbeleche había dicho que "no hubo carnaval electoral". Sin embargo, el CFA cuestionó la pasividad del MEF con el aumento del gasto.

"La política fiscal se mantuvo pasiva a los desvíos desde un punto de vista estructural ante la evolución adversa de la recaudación, evidenciando una mayor rigidez y menor capacidad de reacción en el año electoral. En otras palabras, no se tomaron las medidas correctivas necesarias desde el punto de vista del gasto primario estructural para compensar los menores ingresos estructurales observados que posibilitaran el cumplimiento de las metas de los pilares 1 y 2 de la regla fiscal", espetó el CFA.

Respecto al incumplimiento de las metas fiscales, el CFA evaluó además que la regla fiscal no logró superar totalmente "la prueba de madurez que implicaba la vigencia de un nuevo marco fiscal en el año electoral, el cual históricamente estuvo caracterizado por una mayor discrecionalidad y rigidez de las finanzas públicas".

Sobre la crítica del CFA de una "política fiscal pasiva" ante la evolución adversa de la recaudación y que tuvo "menor capacidad de reacción en el año electoral", el MEF la rechazó. "La rigidez no se relaciona al año electoral, sino que, siendo el último año de la administración, la prioridad del gobierno en 2024 fue honrar los compromisos de gasto nominal asumidos y asegurar la continuidad de los servicios públicos, incluso si ello significaba incurrir en desvíos respecto a las metas fiscales, por una menor recaudación", afirmó en la respuesta.

"Recortar el gasto en un monto equivalente al desvío de los ingresos verificado en 2024, en 0,3% del PIB, equivalente a US$ 250 millones, habría significado afectar los servicios esenciales del Estado e incumplir compromisos legales asumidos", sentenció el MEF.

"Adicionalmente, habría implicado recortes mensuales incrementales en los presupuestos de los incisos a medida que la recaudación caía, con la complejidad operativa y legal que ello conlleva. El tiempo oportuno de un gobierno para gestionar eficientemente el gasto público son los primeros cuatro años de administración, junto a una planificación razonable del último año, y en ese sentido, se lograron avances significativos, tal como el CFA lo reconoce", añadió.

"En definitiva, el recorte de gastos que el CFA hubiera esperado del gobierno para compensar la caída de la recaudación, hubiera sido imprudente e inconveniente ya que hubiera implicado incumplir compromisos legales asumidos y hubiera resentido los servicios públicos, con fuerte incertidumbre en la gestión operativa mensual", espetó el MEF.

También el Consejo Fiscal Asesor se había mostrado en desacuerdo con la activación de la cláusula de salvaguarda respecto al tope de endeudamiento (que si no la hubiera invocado, el MEF habría incumplido también con ese tercer pilar de la regla fiscal). Particularmente, el CFA había dicho que utilizar la cláusula de escape corresponde a situaciones de “shocks imprevistos, materiales y de carácter extraordinario”.

Incluso, el CFA había cuestionado el argumento del MEF de un "cambio sustancial en precios relativos" respecto a Argentina. El CFA "considera que el cambio en precios relativos: i) no sería 'sustancial' considerado desde una perspectiva histórica; ii) se conocía al inicio del ejercicio y al presentarse la Rendición de Cuentas de 2023 (junio de 2024), y por tanto, no debería ser considerado como un evento inesperado, y iii) las divergencias entre la inflación transable y no transable, o entre la variación del IPC y el deflactor del PIB, las cuales constituyen cambios en precios relativos, comenzaron a revertirse en el segundo semestre de 2024", había indicado en el informe.

Para Arbeleche y su equipo, que el CFA diga que ese cambio en precios relativos no fue sustancial "puede ser refutado por análisis teóricos alternativos a los presentados, igualmente válidos. En cualquier caso, lo más importante en este aspecto es que los argumentos del CFA omiten el impacto real del desvío inflacionario, que sorprendió a las autoridades y analistas por igual, generando una pérdida fiscal superior a los US$ 600 millones (0,7% del PIB)".

Estefania Leal/Archivo El Pais

"En lo que refiere a la oportunidad de la invocación de la cláusula, hasta el final del año no estuvo claro cuál sería el valor anual del endeudamiento neto (que es prácticamente la contracara del déficit fiscal). A mediados de año se esperaba una recuperación en la recaudación que, si bien se verificó, no fue suficiente para que el endeudamiento neto estuviera dentro del tope original", agregó la respuesta del MEF.

"En definitiva, la invocación de la cláusula de salvaguarda fue legal, se sustenta en el análisis presentado sobre la existencia de sustancial cambio de precios relativos y se realizó cuando la cifra de endeudamiento neto se acercó al tope legal", afirmó el ministerio.

Por último, sobre el planteo del CFA acerca de que el incumplimiento de las metas fiscales, es "una señal de preocupación" de cara al futuro, "el MEF entiende que más allá de que el déficit fiscal en 2024 fue mayor al estimado por un magro comportamiento de la recaudación tributaria, en este período se ha fortalecido el manejo de la política fiscal con la implementación de una nueva institucionalidad fiscal, el menor crecimiento del gasto real anual de los últimos 20 años, y la estabilización de la deuda pública", según Arbeleche y su equipo.

La última parte de la respuesta de Arbeleche y su equipo fue dedicada a aconsejar cómo tiene que hacer su tarea el Consejo Fiscal Asesor.

"Agradecemos el compromiso y la dedicación del CFA en sus labores y valoramos su rol en el fortalecimiento de la institucionalidad fiscal. No obstante, consideramos necesario un enfoque más realista y pragmático al formular críticas o recomendaciones de política económica, que contemple los desafíos y limitaciones reales que enfrenta la administración pública, especialmente en el último año de gobierno", lanzó.