Redacción El País
El Consejo Fiscal Asesor (CFA) -un órgano técnico independiente que asesora al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)- y que "no puede morder, pero sí ladrar" emitió su informe sobre el cálculo del Resultado Fiscal Estructural al cierre de 2024 y en el mismo cuestionó consideraciones de la titular del MEF, Azucena Arbeleche por haber incumplido la regla fiscal ese año.

La regla fiscal, que se había cumplido en sus tres pilares (resultado fiscal estructural, tope a la variación real de egresos primarios y ley de endeudamiento neto) por cuatro años consecutivos —2020 a 2023—, no se cumplió en 2024. Ese año el déficit fiscal estructural (se ajusta al ciclo económico) fue de 3,7% del Producto Interno Bruto (PIB), por encima de la meta de 3,4% del PIB. El otro pilar del déficit fiscal que se incumplió en 2024 fue el del tope a la variación real de egresos primarios. El tope indicaba que el gasto primario en términos reales podía crecer 2,8% en 2024, sin embargo aumentó 4,7%. El tercer pilar, el del endeudamiento neto en 2024, se iba a incumplir hasta que el MEF utilizó una cláusula de salvaguarda por “sustancial cambio en precios relativos” que le permite aumentar el tope legal de endeudamiento neto. Así, el incremento del endeudamiento neto en 2024 fue de US$ 2.644 millones (el límite legal original era de US$ 2.300 millones y con la cláusula pasó a ser de US$ 2.990 millones).

En esa presentación, Arbeleche dijo que "no hubo carnaval electoral” y dijo que en el gobierno de Yamandú Orsi “no será necesario un ajuste fiscal”,

"El CFA advierte que el incumplimiento de las metas fiscales en 2024 constituye una señal de preocupación ya que la posición fiscal estructural se mantiene alejada de un nivel consistente con la sostenibilidad intertemporal del cociente de deuda bruta sobre PIB", afirmó el reporte de los consejeros Alfonso Capurro, Ana Fostel y Jorge Roldós. "Los incumplimientos en los pilares 1 y 2 son significativos dado su magnitud", afirmó.

"En efecto, el RFE primario (antes del pago de deuda), se deterioró 1,1 punto porcentual del PIB respecto a 2023 (ubicándose en -0,8% del PIB), alejándose de ese umbral de sostenibilidad y revirtiendo parcialmente la mejora alcanzada de 1,8 punto porcentual en los cuatro años previos", añadió.

Respecto a que "no hubo carnaval electoral", el CFA cuestionó la pasividad del MEF con el aumento del gasto. "La política fiscal se mantuvo pasiva a los desvíos desde un punto de vista estructural ante la evolución adversa de la recaudación, evidenciando una mayor rigidez y menor capacidad de reacción en el año electoral. En otras palabras, no se tomaron las medidas correctivas necesarias desde el punto de vista del gasto primario estructural para compensar los menores ingresos estructurales observados que posibilitaran el cumplimiento de las metas de los pilares 1 y 2 de la regla fiscal", espetó el CFA.

INES GUIMARAENS/Archivo El Pais

Respecto al pilar 3 para el cuál el MEF invocó a cláusula de salvaguarda para ampliar el tope de deuda, "el CFA manifiesta su desacuerdo con su activación motivada por 'sustanciales cambios en precios
relativos'.

El consejo explicó que "las cláusulas de escape (salvaguarda según la ley) son herramientas que le aportan flexibilidad a una regla fiscal ante la ocurrencia de shocks imprevistos, materiales y de carácter extraordinario".

Con el actual marco legal -que para el CFA tiene reparos- el consejo "entiende que no es conveniente, desde un punto de vista institucional, el uso de la cláusula de salvaguarda en el año 2024, a diferencia de su utilización en 2021 y 2023 por la Emergencia Sanitaria y la Emergencia Hídrica, respectivamente".

La invocación del MEF fue en 2024 por un "cambio sustancial en precios relativos" respecto a Argentina. El CFA "considera que el cambio en precios relativos: i) no sería 'sustancial' considerado desde una perspectiva histórica; ii) se conocía al inicio del ejercicio y al presentarse la Rendición de Cuentas de 2023 (junio de 2024), y por tanto, no debería ser considerado como un evento inesperado, y iii) las divergencias entre la inflación transable y no transable, o entre la variación del IPC y el deflactor del PIB, las cuales constituyen cambios en precios relativos, comenzaron a revertirse en el segundo semestre de 2024".

"El CFA subraya que, en un escenario de desvío significativo respecto al tope legal de endeudamiento neto previsto por el MEF, también existía la alternativa de enviar al Parlamento una nueva ley para ampliar el tope legal de endeudamiento para el ejercicio 2024 en lugar de utilizar la cláusula de salvaguarda; siendo la primera, a juicio del CFA, la alternativa más conveniente dado todo lo expuesto anteriormente", añadió.

El CFA realizó un ejercicio que "sugiere que el resultado primario estructural compatible con una trayectoria estable de la deuda se ubicaría entre 0,5% y 1% del PIB, en línea con la programación fiscal del Presupuesto 2020-2024 y con las proyecciones quinquenales del MEF".

Si se tiene en cuenta que el RFE primario fue -0,8% del PIB y el CFA dice que para que la deuda tenga una trayectoria estable debería ser de entre 0,5% y 1% del PIB, implica una mejora de entre 1,3% del PIB y 1,8% del PIB. Para ello, se requeriría no solo aumentar la recaudación, sino controlar de alguna manera el gasto. Arbeleche dijo que no era necesario, no obstante, los datos del CFA muestran lo contrario.

"Si bien el cociente de deuda bruta sobre PIB tendió a estabilizarse en torno a 57% entre 2021 y 2024, el CFA considera que en ausencia de mejoras en el resultado fiscal estructural primario, aún existen riesgos al alza para su trayectoria", advirtió.

"En esa línea, de cara a la presentación por parte del Poder Ejecutivo del proyecto de ley de Presupuesto Nacional 2025-29 en el próximo mes de agosto, el CFA señala la importancia no solo de apuntalar el enfoque estructural de las finanzas públicas, sino también de adoptar un criterio de prudencia a la hora de evaluar medidas de política económica con impacto permanente al alza en el gasto y/o a la baja en los ingresos. En particular, considerando el escenario de riesgos y las lógicas incrementalistas del gasto público que, según la evidencia histórica, las diversas instancias presupuestales posteriores (rendiciones de cuentas) suelen presentar", indicó el informe.

El CFA señaló que "la primera etapa del nuevo marco fiscal en Uruguay contribuyó positivamente a reforzar la institucionalidad fiscal, con mejoras en términos de transparencia, rendición de cuentas, calidad del debate y diseño de la regla fiscal".

"Por su parte, en términos de los resultados de las políticas, estos fueron, en el neto, positivos. Por un lado, con un período entre 2020 y 2023 de cumplimiento de las metas fiscales que dio lugar a menores riesgos de insostenibilidad intertemporal y evidencia de menor prociclicidad", explicó.

"Por otro lado, un 2024 donde esto tendió a revertirse parcialmente a partir del incumplimiento de las metas fiscales, sin superar totalmente la prueba de madurez que implicaba la vigencia de un nuevo marco fiscal en el año electoral, el cual históricamente estuvo caracterizado por una mayor discrecionalidad y rigidez de las finanzas públicas", criticó.