Por Pablo Mieres.
Todos los partidos políticos en la campaña de 2019 dijeron que en este período de gobierno sería necesario realizar una reforma de nuestro sistema previsional.
Así lo decían los diferentes programas de gobierno de los diferentes partidos y por eso, se llevó adelante esta iniciativa.
Se creó una Comisión de Expertos con la participación de representantes de todos los partidos políticos y de los trabajadores, empresarios y jubilados. Se trabajó durante un año y se recibieron los aportes de más de 80 delegaciones de diferentes organizaciones de la sociedad civil. Nunca en la historia del país se había elaborado una propuesta de reforma previsional más participativa.
Como resultado de este proceso, se elaboró un anteproyecto que, nuevamente, fue sometido a consulta y aportes de los partidos políticos y los actores sociales.
Lamentablemente, durante todo el proceso, ni en el trabajo de la Comisión de Expertos ni luego cuando el anteproyecto fue entregado a los partidos políticos, se presentó ninguna propuesta de parte de la oposición. Es una pena, porque una reforma de estas características, por sus impactos de mediano y largo plazo y por su carácter estructural, sería importante que fuera resultado de la construcción de una política de Estado.
Eso no fue posible y la oposición se ha dedicado exclusivamente a criticar, cuestionar y atacar la propuesta sin decirle a la ciudadanía cual sería la propuesta de cambio que impulsarían si les tocara gobernar.
Porque, inexorablemente, las características demográficas de nuestro país determinan la necesidad de abordar una reforma previsional para que sea sostenible en el mediano y largo plazo y pueda dar respuestas satisfactorias para las futuras generaciones.
En nuestro país cada día vivimos más, se extiende nuestra expectativa de vida y llegamos a edades más avanzadas en mejores condiciones. A su vez, también es cada vez más baja la tasa de natalidad, porque las generaciones jóvenes postergan su maternidad y paternidad y, por lo tanto, tienen menos hijos.
Esta combinación que es, en sí misma, expresiva de una sociedad justa y moderna, tiene un efecto inevitable que es el desequilibrio entre la cantidad de personas activas y retiradas. Cada vez habrá menos personas activas y más personas en edad de retiro.
Es por ello que, en línea con lo que ocurre en los países más modernos del mundo, es necesario extender la edad de retiro, pasándola de manera gradual y paulatina, de 60 a 65 años.
Justamente, la reforma proyectada es gradual, a largo plazo, sin cambios repentinos, “a la uruguaya”. Por eso, todas las personas mayores de 50 años no van a tener ningún cambio en su régimen jubilatorio.
La extensión de la edad de retiro y los restantes cambios del sistema jubilatorio comenzarán a tener efecto recién dentro de 12 años.
El único cambio inmediato es un beneficio que va a alcanzar a todos los uruguayos, jubilados y trabajadores, que consiste en hacer compatible la jubilación con la continuidad del trabajo.
En efecto, hoy en día la gran mayoría de los jubilados por el Banco de Previsión Social (BPS) no tienen chance de mantener una actividad laboral sin perder su jubilación; esto lleva a que muchos sigan trabajando “en negro”.
“Las características demográficas de nuestro país determinan la necesidad de abordar una reforma previsional”, aseguró Pablo Mieres, ministro de Trabajo y Seguridad Social.
A partir de la vigencia de la reforma, será compatible la jubilación parcial o que una persona jubilada pueda seguir trabajando y seguir aportando por su actividad.
Pero, además, es una reforma que promueve la equidad porque se crea un complemento solidario que asegura que los jubilados por el nuevo régimen que perciben las jubilaciones más bajas van a recibir jubilaciones más altas que las actuales.
En efecto, el 50% de los jubilados que son los que tienen las jubilaciones más bajas tendrán mejoras en sus montos jubilatorios porque estarán compensados por la aplicación del complemento solidario.
Y la otra mitad de las jubilaciones, pertenecientes a los sectores medios y altos, tampoco tendrán reducciones en sus jubilaciones. Según los casos, serán iguales o más altas que las actuales.
Por lo tanto, no es cierta la afirmación de que, con esta reforma, se van a bajar las jubilaciones. Las proyecciones técnicas realizadas por los equipos del BPS muestran que con la reforma, en el momento de alcanzar la causal jubilatoria, los jubilados del futuro tendrán montos más altos o iguales a los actuales, y en particular serán más altas las jubilaciones más bajas.
También se promueve la equidad entre los diferentes subsistemas previsionales. En efecto, hoy en día cada peso que pone un uruguayo para su jubilación vale distinto según en la Caja que lo aporta. Porque las reglas de juego son distintas entre el BPS, los Servicios de Retiros policial y militar y las tres cajas paraestatales.
La reforma establece un período de convergencia para llegar a un punto de equidad en las reglas de juego, construyendo un único sistema de seguridad social. Más justo para todos.
En síntesis, el gobierno no está impulsando este cambio haciendo cálculos políticos o electorales. Se lleva adelante pensando en las próximas generaciones, porque con esta reforma, además de la equidad, se logra una sostenibilidad fiscal que nos permite asegurar a nuestros hijos y nietos un sistema de jubilaciones de suficiencia y mejor para todos sin comprometer los recursos futuros.
Tenemos la certeza de que nuestros ciudadanos entenderán y acompañarán esta iniciativa que busca lo mejor para nuestro país y, en particular, para nuestros jóvenes.
El tiempo huye: una reforma inexorable
Carlos Loaiza Keel entiende que el tiempo es crucial para la toma de decisiones. En algunos casos, es bueno ganarlo, para que determinados procesos decanten en algún sentido o hasta se resuelvan solos, sin necesidad de intervenir para ello. Es proverbial la historia de aquel bufón de quien se rumoreaba en el pueblo que era capaz de hacer hablar a los burros, aunque por supuesto que con embuste; cuando las habladurías llegaron a oídos del escéptico rey, éste lo mandó llamar para que le probara sus cualidades. Suspicaz, lo conminó a hacer hablar a un burro, bajo severa amenaza de matarle si no lo conseguía. El bufón, sin perder el temple, aceptó, pero con una sola condición: pidió un año para hacerlo posible. Su estrecho colaborador, que sabía bien de la impostura, se apuró a zuzurrarle al oido: “¿Acaso estás loco? Sabes bien que no lo conseguirás.” “Pero en un año puede morir el rey, puede morir el burro o me puedo morir yo”, replicó con sorna el bufón.
Pues en el caso de la reforma previsional, el tiempo no se gana, se pierde. Según estimaciones de expertos, para el 2090 Uruguay habrá decrecido hasta una población de 2,7 millones de personas, donde la proporción de aquellos con más de 65 años representará el 30% del total, cuando hoy ronda el 16% (en Latinoamérica el 8%). Todo ello en medio de un proceso de sustitución de empleo y nuevas formas de trabajo, que alimenta complejas reflexiones en torno al poshumanismo, el aceleracionismo o la renta básica universal.
No nos resistimos al cambio, sostiene Ronald Heifetz, prestigioso profesor de Harvard, sino a las pérdidas que trae consigo. Pero, con una perspectiva demográfica tan desafiante y un sistema cuya última reforma cuenta con más de 25 años, actuar resulta imprescindible.
Por todo esto, y para inaugurar esta nueva etapa de Consultor Tributario en El País, entendimos imprescindible abordar este tema, aportando ideas para construir un diálogo público informado. Agradecemos profundamente el aporte del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, para cumplir con ese propósito, donde describe el compromiso del actual gobierno, luego de un arduo proceso técnico y político que cristaliza en el proyecto de ley a estudio del Parlamento.
Es preciso tomar decisiones. Y a diferencia del rey de la historia, nosotros tal vez no podamos esperar un año.