Violencia del narcotráfico afecta los servicios básicos en México

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MÉXICO | AP

Mediante asesinatos y desapariciones, los cárteles de la droga en México están comenzando a interferir con las actividades del gobierno en partes del país, impidiendo ingresar a trabajadores e interrumpiendo algunos de los servicios más básicos.

Cinco trabajadores de Pemex fueron a sus empleos en una planta de licuefacción de gas cerca de la frontera con Estados Unidos hace seis meses y nunca regresaron. Hombres enmascarados, al parecer miembros de un cártel de la droga en el área, habían advertido a empleados de Petróleos Mexicanos que no se les permitiría ingresar.

Casi en la misma fecha, en mayo, tres inspectores de la Secretaría del Medio Ambiente se dirigieron a las montañas boscosas al oeste de la Ciudad de México para investigar una queja de contaminación. Sus cadáveres torturados aparecieron al día siguiente. Las autoridades dicen que los hombres se encontraron con un laboratorio de drogas.

Los cárteles no sólo mantienen puntos de control y matan a policías y alcaldes para controlar territorio, ahora tratan de impedir que cualquier persona, desde funcionarios de nivel medio hasta camioneros de entregas e inspectores de sistemas para medir el consumo de electricidad, agua o combustible, ingresen a las áreas rurales que ellos usan para el transporte de drogas. En el proceso, están bloqueando la entrega de gasolina, cheques de pensiones, ayuda a campesinos y otros servicios para los mexicanos.

Los cárteles además roban o extorsionan a personas que reciben cheques del gobierno, extendiendo sus actividades a otros negocios criminales.

Esos problemas han afectado incluso a Estados Unidos, pues las inspecciones agrarias en la frontera han disminuido. La reciente búsqueda de un turista estadounidense en un lago fronterizo fue suspendida bajo amenazas de violencia por un cártel y el asesinato del policía a cargo de la pesquisa.

"Todo está paralizado", dijo María Luz Hopkins, una jubilada de 69 años en Tubutama, al sur de la frontera con Arizona. Nadie está trabajando en los campos porque no tienen gasolina ni diesel. La gente que trae la gasolina no viene. ¿Cómo puede trabajar la gente?".

Hopkins se quejó ante las autoridades en Hermosillo, la capital del estado de Sonora, cuando el gobierno dejó de entregar los cheques de pensiones. Dice que el mes pasado los cheques llegaron en una caravana de camiones fuertemente custodiados luego de no haberse efectuado el pago bimensual en el verano.

Funcionarios federales dicen que esos casos son incidentes aislados y niegan que exista un área del país en la que el gobierno no pueda operar. Como evidencia apuntan a las elecciones legislativas de 2009 y el censo de 2010. Puede que haya habido incidentes, pero eso no significa que la actividad del gobierno haya cesado en algunas partes del país, dijo el portavoz federal de seguridad Alejandro Poiré. Añadió que si algo sucede, las fuerzas federales estarán ahí para hacer cumplir la ley y mantener las operaciones del gobierno.

Sin embargo, en áreas a lo largo de la frontera o en las montañas del interior, fugaces patrullas militares y breves visitas de funcionarios del censo no pueden ser consideradas control gubernamental. Incluso el personal militar está nervioso e insiste en lucir máscaras para no ser reconocido.

Para Pemex, los secuestros son un problema extendido, dijo el director general Juan Suárez Coppel. No se limitan a una planta y siguen creciendo, de acuerdo con cifras oficiales. Un total de 10 empleados o subcontratistas de Pemex fueron secuestrados en cuatro estados mexicanos en 2010, comparados con uno solo en 2009, dos en 2008 y tres en 2007.

En junio, vehículos que transportaban al contralor y al director de obras públicas de Tubutama, fueron atacados por bandidos y los funcionarios fueron baleados. La electricidad fluye gratis porque los inspectores se niegan a ir a revisar los medidores.

Los médicos no se presentan en la clínica de salud en Tubutama, las escuelas cerraron temprano el año pasado a causa de tiroteos que hicieron peligroso que los niños fuesen a clases y los estantes en las tiendas de abastecimiento están vacíos porque los camiones de suministros no llegan al pueblo de 1.500 habitantes.

Muchos residentes se han ido porque temen que el gobierno no les puede proteger, de la misma forma en que lo han hecho residentes de Ciudad Juárez y ciudades pequeñas a lo largo de la frontera con Estados Unidos.

El gobierno federal además ha dejado de entregar los pagos del programa antipobreza del presidente Felipe Calderón, Oportunidades, pues han sufrido 134 robos durante las entregas a pueblos en los últimos dos años y medio, una pérdida de unos 1,1 millones de dólares. La mayoría de los robos ocurren en el área conocida como el Triángulo Dorado, donde se tocan los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango.

En lo que va del año 10.000 personas han muerto en México por la violencia atribuida a los cárteles del narcotráfico. Se estima que, desde que Felipe Calderón asumió la presidencia a fines de 2006 y hasta marzo de 2010, habían muerto 26.000 personas.

En los últimos meses la violencia recrudeció, en coincidencia con la muerte o detención de varios capos del narcotráfico, como Ezequiel Cárdenas, "el Tormenta", líder del cártel del Golfo junto a Jorge Eduardo Costilla Sánchez, "el Coss".

El 31 de agosto fue atrapado Edgar Valdez Villarreal, alias "la Barbie", uno de los narcos más sanguinarios con creciente poder tras la muerte en diciembre de su jefe, Arturo Beltrán Leyva. Sergio Enrique Villarreal, alias "El Grande", número dos del cartel de los Beltrán Leyva y fue detenido en septiembre.

NUEVO LAREDO | Dos operaciones de rescate que liberaron a más de un centenar de ciudadanos de Centro y Sudamérica muestran que secuestros y abusos a migrantes siguen siendo frecuentes en México pese a medidas anunciadas tras la matanza en agosto de 72 extranjeros indocumentados.

En la mayor de las operaciones, 106 inmigrantes indocumentados de Honduras, Guatemala y El Salvador, entre ellos 33 menores, fueron rescatados en una finca bananera en la que eran obligados a trabajar en condiciones de esclavitud en Chiapas.

En tanto en el estado de Tamaulipas, donde ocurrió la masacre de agosto, fueron rescatadas por la Marina otras 10 personas -entre ellos cuatro colombianos, dos salvadoreños y un ecuatoriano- que habían sido secuestrados al parecer por policías.

La semana pasada durante un foro mundial sobre migración organizado por la ONU en Puerto Vallarta, el presidente Felipe Calderón se comprometió a dar pronto resultados de la investigación sobre la matanza de Tamaulipas, de la cual un sobreviviente acusó al grupo narcotraficante Los Zetas. AFP

10 Empleados subcontratados de Pemex secuestrados en este año en cuatro estados mexicanos. En 2009 sólo raptaron a uno.