INVESTIGAN

Argentina supo losantecedentes del avión venezolano con tripulantes iraníes el lunes 6, a las 19 horas, a las pocas horas de que hubiera aterrizado en Córdoba primero y luego en el aeropuerto de Ezeiza. Sin embargo, hay dos versiones de la fuente: una dice que fue a través de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en Paraguay; otra, que fue el departamento de Justicia de los Estados Unidos, poco antes de llamar a Uruguay.

Altas fuentes del Gobierno dijeron a La Nación que el agregado de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en Paraguay advirtió al organismo de inteligencia sobre los antecedentes de la aeronave. La otra versión indica que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, directamente desde Washington, hizo conocer estos datos el mismo lunes a última hora. La información llegó primero por teléfono y luego por escrito, precisaron las fuentes oficiales.

En la versión de las fuentes del Gobierno, el interventor de la AFI, Agustín Rossi, supo de la información y puso al tanto al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que mantuvo informado del tema al presidente Alberto Fernández. De hecho, el martes 7, antes de partir a Los Ángeles para la Cumbre de las Américas, el presidente habló de este tema con Aníbal Fernández. El jueves 9, el presidente ya sabía del asunto del avión cuando habló en Estados Unidos sobre el bloqueo a Cuba y las sanciones a Venezuela.

En la versión de la Casa Rosada, a pesar de que la Argentina sabía que ese avión tenía tripulantes iraníes sospechados de pertenecer a la Guardia Revolucionaria Islámica, que para los Estados Unidos es una organización terrorista, no se podía hacer nada, dado que las empresas argentinas no les cargaron combustible para salir del país.

El avión de la empresa Emtrasur, una filial de la venezolana Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios aéreos (Conviasa), está bajo sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros y Sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense (OFAC). El Boeing 747-3B3(M) Dreamliner de matrícula YV3531 fue comprado por Emtrasur a la iraní Mahan Air, que es acusada por Estados Unidos de transportar cargas militares en aviones civiles. Y a bordo se encontraba Ghasemi Gholamreza, capitán de la nave y cuyo nombre coincide con un militar de la Fuerza Quds, de la Guardia Revolucionaria Islámica, listada por Estados Unidos como organización terrorista.

En el Gobierno dijeron que el avión debía haberse ido el martes mismo de la semana pasada, pero como no le vendieron combustible no se pudo mover. Explicaron que la aeronave se proveía de combustible mediante un broker que lo había comprado en Bolivia, pero que para cargarlo debía volar hasta allí y no tenía cómo hacerlo.

Indicaron en el Gobierno que no había ningún impedimento para que los iraníes dejaran al país, al menos hasta hoy cuando ya fue dispuesta la prohibición de salida del país hasta que se los investigue. “La Argentina no podía hacer nada una vez que aterrizó. Si hubiéramos sabido de esta información antes, el avión no hubiera aterrizado aquí”, dijo esta fuente del Gobierno.

Otras fuentes, que no descartan estos canales de la AFI, dijeron que entre el lunes a la noche y el martes, con el avión ya aterrizado en Ezeiza, llegó una comunicación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en Washington, sin intervención de la Embajada en Buenos Aires, advirtiendo a la Argentina los problemas del misterioso avión.

La comunicación norteamericana pidió la “identificación total” de los tripulantes por parte de autoridades argentinas, dijeron las fuentes a La Nación. Indicaron que los americanos sospechaban de Gholamreza, y porque ya Paraguay le había negado la posibilidad de aterrizar. Los norteamericanos precisaron que existía una “GSA”, que es una sanción general contra Conviasa, la empresa estatal del gobierno de Nicolás Maduro, dueña de la aeronave; y una sanción específica de Estados Unidos por los antecedentes de la tripulación vinculada a la Guardia Islámica.

Esa información llegó a los funcionarios de la línea del Estado. Para ese momento ya Uruguay había rechazado que aterrizara allí al aeronave para repostar combustible. Los Estados Unidos estaba haciendo el tracking del avión siguiendo su vuelo, y por eso advirtieron a la Argentina y luego a Uruguay, dijeron las fuentes.

Al avión le permitieron regresar a la Argentina. A diferencia de lo sucedido en la otra orilla, aquí no hubo ninguna reacción política. Al menos hasta que alguien filtró la información el viernes de la semana pasada a la oposición, que la hizo pública y desató el escándalo.

Judicialmente no había ningún impedimento contra los tripulantes ni la aeronave, hasta que la fiscal Cecilia Incardona, este lunes, inició una causa ante el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, para investigar a los iraníes y a los venezolanos.

La legislación en la Argentina no contempla el nuevo enfoque que se le dio desde 2006 a la persecución del terrorismo, desde la Organización de Naciones Unidas. Se prefirió a las acciones bélicas, avanzar con la idea de que el país “no sea confortable” para el terrorismo. Por eso es que la legislación se adaptó en otros países para ser mas estrictos y evitar que los Estados sean permeables.

Se habla entonces en este cambio de paradigma de realizar “acciones disruptivas” desde la aplicación de la ley para prevenir, es decir evitar que puedan transitar o ingresar al país sospechosos de estas actividades, con el inicio de actuaciones judiciales ante la posible comisión de delitos.

Hasta ahora, en la investigación se detectaron rarezas y situaciones no habituales, como la procedencia del avión, su derrotero previo, la alertas norteamericanas, la cantidad de personas a bordo y hasta la manera en que fueron contratados por una empresa de logística norteamericana para hacer este viaje con autopartes. Todo raro, aunque nada delictivo.