BOGOTÁ | El gobierno de Álvaro Uribe cree innecesaria la recomendación que recibió de una de las altas cortes de Colombia, para que el Congreso debata el contenido de un acuerdo suscrito con Estados Unidos que le permite a éste usar bases militares en la nación andina, según un funcionario.
"El gobierno está convencido que se cumplen y se cumplieron todos los requisitos y que no hay necesidad de llevarlo al Congreso. (...) Tenemos toda una argumentación jurídica para sustentarlo", aseguró ayer en Bogotá el canciller colombiano, Jaime Bermúdez.
El viernes, la prensa local reveló apartes de la recomendación hecha la víspera por los magistrados del Consejo de Estado, que se encarga de verificar los textos de los acuerdos internacionales, a Uribe para que el contenido del polémico acuerdo militar entre Bogotá y Washington sea debatido en el Congreso colombiano.
Bermúdez recordó ante los periodistas que si bien el gobierno "se pronunciará" sobre el concepto "lo más pronto posible", la recomendación del Consejo de Estado, "en cualquier caso no es vinculante", es decir que no es obligación del Gobierno acatarla.
Una vez recibido el concepto, el gobierno conformó una comisión integrada por varios de sus ministros "con el propósito de analizarlo e informar al Jefe de Estado su alcance y ofrecer recomendaciones pertinentes, con la mayor brevedad".
Washington y Bogotá completaron en agosto un acuerdo que permitirá durante 10 años a Estados Unidos operar en al menos siete bases militares del país andino, pero el mismo aún no se ha firmado.
El acuerdo generó el rechazo de los gobiernos de Hugo Chávez, en Venezuela, y de Rafael Correa, en Ecuador. También la inquietud de otros gobiernos latinoamericanos que convocaron una cumbre extraordinaria de la Unasur, para analizar el pacto militar.
VENEZUELA. Tras esa instancia los roces entre Chávez y Uribe se han multiplicado. Venezuela negó ayer el permiso de aterrizaje a un avión oficial de Colombia que iba con la misión de recuperar los cuerpos de ocho colombianos masacrados el fin de semana en la frontera entre ambos países.
Las autoridades venezolanas confirmaron el hallazgo el sábado de 10 cadáveres. Los muertos podrían ser parte de un grupo, en su mayoría de colombianos, que según parientes de las víctimas habían sido secuestrado el 11 de octubre en el estado de Táchira.
Ayer Venezuela protestó formalmente a Bogotá por supuestas actividades de espionaje de funcionarios colombianos en su territorio, al asegurar que se aprovecharon de las investigaciones sobre la muerte de estas personas para realizar labores de inteligencia.
El hecho se conoce luego que Uribe instara a Chávez a superar sus diferencias diplomáticas y cooperar para evitar hechos como estos. AFP