Rafa de Miguel, El País de Madrid
El Reino Unido compró una gigantesca embarcación llamada "Bibby Stockholm", que alojará hasta 506 migrantes ilegales que lleguen a la costa del sur de Inglaterra después de atravesar el canal de la Mancha. La nave ya se encuentra atracada en el puerto de una isla de esa costa. El gobierno del conservador Rishi Sunak hizo oídos sordos a las críticas de organizaciones humanitarias, que definen a la nueva adquisición como una “prisión flotante”.
Propiedad de la empresa Bibby Marine Ltd, la estructura acogerá a los nuevos residentes en la embarcación durante un período que oscilará entre los tres y los seis meses, según estimaciones del gobierno. De momento, el puerto de Portland, donde se encuentra atracado el navío, cerró un primer contrato de amarre de un año y medio, aunque las protestas y la inquietud de los vecinos de la zona arrojan incertidumbre sobre el futuro de la instalación.
Actualmente son más de 160.000 personas las que esperan la tramitación de su solicitud de asilo en el Reino Unido. El gobierno mantiene a cerca de 51.000 en hoteles esparcidos por todo el país, con un coste de más de seis millones de dólares diarios.
El Bibby Stockholm dispone de 222 habitaciones dobles, cada una de ellas con cuarto de baño, ducha, ventana al exterior, televisión y armarios. En teoría, nadie está retenido en el barco. Los futuros inmigrantes que residan en él, asegura el gobierno británico, podrán entrar y salir cada día sin problema y visitar la cercana localidad de Weymouth, aunque deberán firmar su entrada y salida en el libro de registro. El Ministerio del Interior incluso preparó un servicio de ómnibus para ello.
Según explicó ya, con fotografías incluidas, La empresa propietaria, el Bibby Stockholm tiene servicio de WiFi, cantina, gimnasio, lavadero y hasta una sala multiconfesional para la oración. Los costes estimados en seguridad, sanidad y alimentación por cada día serán, asegura el Gobierno, de unos 23.000 euros.
Nueva ley de inmigración ilegal
La nueva legislación sobre migración irregular de Sunak, que se ha convertido en la piedra de toque del mandato del primer ministro británico, y en un pulso permanente con organizaciones humanitarias, la Iglesia anglicana y la Cámara de los Lores, se aprobó finalmente la madrugada de este martes.
La nueva ley, calificada de “crueldad moral” por el arzobispo de Canterbury y jefe de la Iglesia anglicana, Justin Welby, elimina la posibilidad de que aquellos que llegan al Reino Unido de manera irregular —muchos tras cruzar las peligrosas aguas del canal de la Mancha— puedan iniciar los trámites para obtener la condición legal de refugiados. El gobierno se reserva el derecho a deportarlos de inmediato a su país de origen o a un tercer país que considere seguro. Durante el mandato de Boris Johnson, se cerró un acuerdo de más de 150 millones de dólares entre Londres y Kigali para enviar a Ruanda a la mayoría de los nuevos irregulares.
Downing Street logró derrotar las últimas enmiendas al texto presentadas por muchos lores —la mayoría independientes, sin adscripción partidista—. Pretendían acortar el tiempo de detención de los menores en situación irregular no acompañados de sus padres, reforzar la lucha contra la esclavitud moderna —que el nuevo texto debilita con sus medidas— e incluso alargar en seis meses el plazo previo a la deportación de los recién llegados al Reino Unido. El gobierno de Sunak, que convirtió en bandera electoral la lucha contra la inmigración irregular, ha sido inflexible. La nueva ley ya es una realidad, aunque algunas de sus principales disposiciones tardarán en aplicarse.
A pesar de que la justicia británica confirmó la ilegalidad del plan de deportaciones a Ruanda (en realidad, según la ley, a “un tercer país seguro”), queda pendiente un último recurso ante el Tribunal Supremo. En el mejor de los casos para los objetivos de Downing Street, los vuelos podrían comenzar recién hacia fin de año.
En 2022, llegaron casi 46.000 personas a las costas del sur de Inglaterra, después de atravesar el canal de la Mancha. Cinco años antes, las cifras anuales no llegaban a las 1.000 personas. Aunque la dimensión de la crisis es todavía muy inferior a la enfrentada por los países del sur de la Unión Europea (UE), ha sido suficiente para convertir el asunto en uno de los mayores retos políticos de Sunak.