DANIEL HERRERA LUSSICH
En WASHINGTON
CORRESPONSAL PERMANENTE
"EE.UU. reconoce los esfuerzos de Uruguay en cumplir requisitos para detener la esclavitud moderna", señaló el informe anual sobre "Trata de personas" presentado ayer por la secretaria de Estado, Hillary Clinton.
"Uruguay es fundamentalmente un país de origen y tránsito para hombres, mujeres y niños, víctimas de la trata con fines de explotación sexual, comercial y de trabajo forzado". Con esta frase comienza el capítulo referido a Uruguay, elevado al Congreso de EE.UU. por Clinton, y que integra un voluminoso estudio sobre la situación de 175 naciones, en relación con lo que denominó "una forma de esclavitud moderna".
La titular del Departamento de Estado entregó ayer a las autoridades, embajadores y periodismo, el noveno informe anual sobre "Trata de personas", dando cuenta que se observan avances sin precedentes en todo el mundo. Para Clinton, sin embargo, queda mucho por hacer, en particular identificar y abordar las causas de la trata de personas, especialmente en poblaciones vulnerables.
"Este informe -dijo Clinton- arroja luz sobre los nuevos rostros de la esclavitud moderna". El fenómeno de la trata de seres humanos afecta prácticamente a todos los países, incluidos EE.UU. y el continente europeo", destacó.
"Este año hay mayor urgencia en la convocatoria a los gobiernos a unirse en la lucha y movilizar recursos que permitan eliminar todas las formas de trata de personas; estamos ante una crisis financiera que aumenta el peaje en muchos de los inmigrantes del mundo, al caer en manos de traficantes que explotan su desesperación", dijo la funcionaria.
Las mayorías de las víctimas en Uruguay son mujeres y niñas que son trasladadas a las zonas fronterizas y turísticas para la explotación sexual y comercial, y también algunos niños, según marca el informe.
En algunas ocasiones, se señala, son los padres que facilitan la explotación de sus niños en la prostitución. Y los padres pobres de las zonas rurales obligan a sus hijas a realizar trabajos domésticos y agrícolas. "Atrapados por falsas ofertas de trabajo, algunos uruguayos fueron víctimas -indica el estudio- de la trata de mujeres hacia España e Italia para la explotación sexual".
El Departamento de Estado expresa que el gobierno de Uruguay no cumple plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata, sin embargo, puntualiza, está realizando importantes y sostenidos esfuerzos para hacerlo.
El informe solicita más esfuerzos para aplicar la ley vigente contra la trata de seres humanos, aumentar la lucha y formar agentes del orden y jueces contra este tipo de delitos.
De acuerdo con el criterio de los autores, Uruguay mejoró, moderadamente, la lucha contra el tráfico de personas en el correr del último año. Se enfatiza que a principios del 2008 el gobierno promulgó una ley contra la trata de seres humanos como parte de una reforma de inmigración. El artículo 78 de la ley prohíbe toda forma de trata y se recuerda que existe la pena de 4 a 16 años de prisión para los infractores.
Se da cuenta del caso que se abrió contra dos acusados por obligar a prostituirse a casi una docena de mujeres uruguayas, trasladadas engañadas a España, y se detallan los servicios básicos que se proporcionan a las víctimas dentro del país y la asistencia a las ONG que trabajan en estos ámbitos. "Los servicios a las víctimas son desiguales en todo el país, especialmente fuera de la capital. El gobierno no tiene un sistema formal para la identificación de las víctimas de la trata entre las poblaciones vulnerables, aunque reforzó la sensibilización del público sobre los peligros de la trata de personas y la prostitución infantil".
Cuba es el país latinoamericano que se mantiene en el tercer nivel, de peor calificación, junto a Siria, Zimbabwe, Irán y Eritrea, entre otros. En el segundo nivel se ubica países que no cumplen con los requisitos pero hacen esfuerzos: Uruguay, Perú, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México y Panamá. En un grado inferior están aquellos que aún merecen serias observaciones, como Argentina, Guatemala, República Dominicana y Venezuela.
En el rango más alto se encuentra Colombia, el único país latinoamericano que cumple con los requisitos mínimos, junto a los europeos, Estados Unidos y Canadá.