Corrupción en Argentina: Las Coimas K

Los sótanos de la corrupción

Las coimas en el Senado, el caso Skanska, la Rosadita, el capítulo argentino del Lava Jato, el escándalo por los aportantes truchos a las campañas políticas y, ahora, los llamados "cuadernos de las coimas" son parte de lo mismo.

Son piezas de un rompecabezas que exponen cómo funciona en las sombras una red gigantesca de corrupción e impunidad. Tan grande que conforma un verdadero sistema de acumulación de poder y riqueza, impune, en la Argentina.

Ese entramado incluye de todo: políticos, empresarios, periodistas y dueños de medios, jueces y fiscales, gremialistas, policías y espías, lobistas y mucho más. Y juntos conforman lo que un científico argentino que vive en Alemania, Matías Dewey, llama el "orden clandestino".

Los cuadernos de las coimas son, por tanto, una nueva ventana que permite vislumbrar cómo funcionan los sótanos del poder en la Argentina. Por eso no es casual que en la misma trama aparezca el expresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Juan Carlos Lascurain. O el extitular de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner, que también apareció en el entramado de los Panama Papers y en el capítulo argentino del Lava Jato.

Según los arrepentidos brasileños de Odebrecht, fue Wagner quien les indicó con qué empresas locales debían asociarse, qué proyectos iban a ganar, a quién tendrían que coimear y a cuánto ascendería la coima.

Por eso tampoco es casual que en el entramado aparezca un juez federal de Comodoro Py, como lo fue Norberto Oyarbide, junto a uno de los máximos operadores del kirchnerismo en la Justicia, Javier Fernández, quien también prestó servicios para Cambiemos durante los últimos años: para solucionar el meollo del Correo Argentino y para sacar a la procuradora Alejandra Gils Carbó.

Porque el "orden clandestino" excede a un sector político o empresarial. Es estructural. Por eso aparecen empresas cercanas al PRO, como Iecsa, con la detención de quien fue la mano derecha de Ángelo Calcaterra —primo de Mauricio Macri. Se llama Javier Sánchez Caballero, y los delatores brasileños de Odebrecht lo identificaron como otro de los articuladores de los negociados en el proyecto para soterrar el ferrocarril Sarmiento.

Y aparecen también baluartes del empresariado kirchnerista como Carlos Mundin, de la empresa BTU —también mencionada en el Lava Jato brasileño— y Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería.

¿Acaso debe sorprendernos, a su vez, que muchos de los apuntados en los últimos años acudieron a las oficinas de Simonetta Orsini, más conocida como "la joyería del poder"? Liderada por un exnarcolavador convicto y la esposa de Ferreyra, y ubicada en la porteña esquina de Posadas y Cerrito, por allí desfilaron jueces, fiscales, empresarios y políticos deseosos de invertir fortunas en relojes y joyas, y cerrar allí más de un negocio sinuoso. ¿Un ejemplo? El legendario anillo de Oyarbide proviene de esa joyería.

¿Acaso sorprende, también, que el departamento de los Kirchner en otra esquina de la Recoleta porteña, Juncal y Esmeralda, sirviera de búnker para el dinero negro? ¿O que ese mismo inmueble haya sido uno de los departamentos que Cristóbal López les alquiló a los Kirchner durante años para, en teoría, uno de sus máximos colaboradores del Grupo Indalo?

Porque esto es sistémico. Por eso tampoco debería sorprender que varias de las empresas allanadas ayer sean, a su vez, las grandes ganadoras de algunos de los proyectos de obras mediante el sistema de participación público privada (PPP) que impulsó el gobierno de Mauricio Macri y, también, algunas de las compañías identificadas en el Lava Jato. Al fin y al cabo, integran la llamada "patria contratista", más conocida en los últi-mos años como "el club de la obra pública".

La pregunta ahora, no obstante, es qué ocurrirá con esta investigación judicial. ¿Morirá de inanición como tantas pesquisas previas? ¿Logrará "el aparato" dormirla durante años hasta su prescripción final, como ocurrió con cientos de expedientes sensibles durante las últimas décadas?

Se trata, en suma, de un entramado que en los últimos tiempos recurrió a sus operadores para licuar la figura del arrepentido hasta convertirlo en un híbrido sin dientes. Lo mismo que con la ley de responsabilidad penal empresaria. Y lo mismo que ocurre ahora en el Senado con el proyecto de extinción de dominio.

Al fin y al cabo, la Argentina, Venezuela y Angola son, también, los únicos tres países que aún no accedieron a la información sobre las coimas del Lava Jato, caso que duerme en Brasil desde el 1° de junio de 2017. Hace ya catorce meses. Eso acaso cambie pronto. Y junto con los cuadernos de las coimas, permita terminar con la red de corrupción e impunidad que desde hace décadas hunde a la Argentina. Será muy difícil.

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