LA PULSEADA DE MACRI CON LOS SINDICATOS

Sindicalismo argentino, un poder bajo la lupa

Se tensa relación con Macri previo a negociaciones salariales.

El líder del sindicato de camioneros y actual presidente del club Independiente es investigado. Foto: La Nación / GDA
El líder del sindicato de camioneros y actual presidente del club Independiente es investigado. Foto: La Nación / GDA

En Argentina los sindicatos han sido el fiel de la balanza en la política, han marcado conductas de la sociedad y a lo largo de décadas han acumulado poder, tanto que ahora algunos de sus dirigentes están en aprietos, investigados por lavado de dinero y otros delitos. Los principales dirigentes sindicales en Argentina tienen en promedio 20 años en sus cargos. Muchos atesoran fortunas, varios son legisladores y dueños de los más diversos negocios.

A Hugo Moyano, líder del sindicato de camioneros desde hace más de 30 años, se le investiga por lavado de dinero. Además de sindicalista, es presidente del Club Atlético Independiente y ha ocupado cargos importantes en el Partido Justicialista, hoy en la oposición.

Moyano denuncia una persecución política, y convocó a una marcha contra el gobierno de Mauricio Macri para el próximo 21 de febrero, en vísperas de que se abran las negociaciones salariales de este año.

En un principio el sindicato de Moyano había convocado esta marcha para el 22 de febrero, pero los familiares de las víctimas del accidente ferroviario conocido como "Tragedia de Once", en el que en 2012 murieron 51 personas, consideraron "irrespetuosa" la movida sindical ese día por coincidir con este suceso. Moyano cedió ante los familiares y adelantó un día su movilización.

En los últimos días el presidente Macri ha protagonizado un duro enfrentamiento mediático con Moyano, que ha perdido apoyo entre los sindicatos más importantes.

"Vienen unos meses duros, de mucho conflicto, pero este es un escenario que le conviene al gobierno a mediano plazo", dijo a la AFP Marcos Novaro, sociólogo y filósofo de la Universidad de Buenos Aires.

El principal pulso del gobierno con los sindicatos se dará en las semanas por venir en la negociación que debe llevar adelante con cada sector para fijar los incrementos salariales del año. Esas negociaciones, conocidas como paritarias, inciden en la inflación, que el gobierno lucha por contener luego de que el año pasado cerró en 24,8% pese a que la meta era 17%. Para 2018 la meta inflacionaria quedó fijada en 15% y el gobierno rechaza que se pueda negociar aumentos salariales por encima de ese tope.

Para el analista Rosendo Fraga, el sindicalismo argentino "es el más poderoso de todo el continente" debido a su tradicional identificación con el peronismo, pero también por su estructura. "Rige el sistema de sindicato único por actividad, que concentra la negociación salarial. A ello se agrega que Argentina en las últimas décadas ha tenido instituciones débiles y ello ha favorecido la existencia de un sindicalismo fuerte", explicó Fraga.

En Argentina hay tres centrales sindicales que agrupan a unos 3 millones de trabajadores. La más poderosa es la Confederación General del Trabajo (CGT) que agrupa a los sindicatos de la industria y del comercio. La tasa de sindicalización es de 37,7% y la de cobertura de la negociación colectiva de 41,3%, según la OIT.

"Asuntos mafiosos".

Novaro sostiene que los líderes sindicales formaron grandes poderes corporativos "que tienden a corromperse", y al perder "cobertura política, el hábito de convertirse en empresarios quedó rápidamente en evidencia".

Pero las investigaciones no tocan a todos. "Que las investigaciones no alcancen a sindicatos que apoyan al gobierno a través de una actitud de diálogo es consecuencia de que la Justicia lamentablemente está muy influida por la política", indicó Fraga. "El gobierno de Macri está en conflicto con un sector del sindicalismo y las denuncias judiciales —en varios casos ciertas— son un instrumento en este conflicto. Los jueces suelen estar atentos a las señales políticas", añadió.

"Los delitos de los líderes sindicales se han vuelto más difíciles de clasificar como corrupción, se acercan más a asuntos mafiosos", comentó Novaro.

Transportistas traban embarque de granos.

Las dificultades de embarque en los puertos agroexportadores de Argentina se profundizaban ayer jueves ante una prolongada protesta de transportistas.

Dueños de camiones de transporte iniciaron la semana pasada la medida de fuerza, que limita el tránsito de vehículos con granos para abastecer a las empresas que procesan y exportan soja, maíz y trigo y sus derivados. "Pasa el tiempo y no entra mercadería, hay menos stocks y la situación es cada vez peor", dijo Guillermo Wade, gerente de la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, que explicó que en la zona portuaria de Rosario —el mayor polo agroexportador de Argentina— varias empresas tuvieron que dejar de cargar buques.

La protesta, en reclamo de que el gobierno fije tarifas de transporte obligatorias, también afecta la actividad de las plantas de molienda en Rosario, desde donde se embarca el 80% de las exportaciones agroindustriales de Argentina, el principal exportador mundial de aceite y harina de soja y el tercer proveedor global de porotos de soja y de maíz. Gigantes del sector como Bunge y Cargill poseen plantas y puertos propios en Rosario. Tras una reunión con tres cámaras de transportistas, el Ministerio de Transporte anunció un aumento del 12% en la tarifa de referencia de cargas, aunque no será un régimen obligatorio. El grupo que lleva adelante la protesta no participó de la reunión. El ministro Guillermo Dietrich dijo que era inviable establecer una tarifa obligatoria. REUTERS

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