TRIBUNAL DE APELACIONES

Ratifican 36 meses de prisión al expresidente de Perú, Pedro Castillo

El exmandatario deberá seguir tras la rejas hasta diciembre de 2025, mientras la fiscalía avanza en las investigaciones y decide su eventual llamado a juicio por ambos delitos.

Pedro Castillo. Foto: AFP.
Peru's President Pedro Castillo addresses the media as he arrives to the National Congress in Lima on April 05, 2022. - Peruvian President Pedro Castillo announced a curfew for Tuesday in the capital Lima and neighboring port city Callao, after demonstrations across the country over fuel prices caused roadblocks and "acts of violence". (Photo by Ernesto BENAVIDES / AFP)
ERNESTO BENAVIDES

Un tribunal de apelaciones en Perú ratificó los 36 meses de prisión preventiva por presunta corrupción de impuestos al expresidente Pedro Castillo, detenido desde diciembre bajo cargos de rebelión tras su fallido autogolpe de Estado.

El exmandatario deberá seguir tras la rejas hasta diciembre de 2025, mientras la fiscalía avanza en las investigaciones y decide su eventual llamado a juicio por ambos delitos.

“La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que preside César San Martín Castro, ratifica 36 meses de prisión preventiva dictada contra expresidente Pedro Castillo Terrones, investigado por el presunto delito de organización criminal y otros”, señaló el Poder Judicial en la red social Twitter.

El 10 de marzo en una audiencia virtual, el juez Juan Carlos Checkley ordenó la segunda sanción preventiva contra Castillo, luego de haberle dictado 18 meses por el intento de disolver inconstitucionalmente el Congreso, intervenir el sistema judicial y gobernar por decreto. El expresidente había anunciado entonces que apelaría la decisión judicial.

Por corrupción, dos exministros de Castillo cumplen también prisión preventiva.

Tras su fracasada maniobra el 7 de diciembre, Castillo fue destituido y llevado ese día al penal Barbadillo, una minicárcel para altos funcionarios dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, al este de Lima. Su caída profundizó la crisis en Perú con protestas que dejan al menos medio centenar de muertos, incluidos un policía y seis soldados.

Castillo niega los cargos de corrupción y sostiene que está “secuestrado injustamente”. La tesis de la fiscalía es que Castillo dirigía desde la presidencia una red de corrupción de lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas integrada por su entorno familiar y político. AFP

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