ALBERTO FERNÁNDEZ ENVIÓ PROYECTO

Proyecto de legalización del aborto llega al Congreso argentino

En Argentina rige una ley de 1921 que solo permite la interrupción voluntaria del embarazo cuando hay un riesgo grave para la madre o en caso de violación.

El gobierno de Alberto Fernández avaló informe crítico de la ONU. Foto: AFP
El gobierno de Alberto Fernández avaló informe crítico de la ONU. Foto: AFP

El presidente argentino, Alberto Fernández, envió ayer martes un proyecto de legalización del aborto al Congreso, reactivando una polémica que el país ya vivió durante el gobierno de Mauricio Macri.

En Argentina rige una ley de 1921 que solo permite la interrupción voluntaria del embarazo cuando hay un riesgo grave para la madre o en caso de violación.

En 2018, el proyecto de despenalización del aborto tuvo estado parlamentario pero no llegó a convertirse en ley por un escaso margen.

Entonces fue aprobada en Diputados pero rechazada por el Senado.

En un video difundido en su cuenta de Twitter, Fernández anunció el envío del proyecto sobre el aborto al Congreso y precisó que el objetivo es garantizar “que todas las mujeres accedan al derecho a la salud integral”.

El mandatario dijo que también enviará una iniciativa complementaria para un “Seguro de los 1.000 días”, con el objeto de fortalecer la atención integral durante el embarazo y de los hijos e hijas en los primeros años de vida”.

“El debate no es decirle sí o no al aborto. Los abortos ocurren en forma clandestina y ponen en riesgo la salud y la vida de las mujeres que a ellos se someten. Por lo tanto, el dilema que debemos superar es si los abortos se practican en la clandestinidad o en el sistema de salud argentino”, dijo.

El aborto es ilegal en casi todo Latinoamérica. Solo Cuba, Guyana, Puerto Rico y Uruguay legalizaron esta práctica sin condiciones.

La noticia del envío del proyecto sobre el aborto, produjo escenas de alborozo y festejos en una manifestación de miles de activistas progubernamentales que rodean al Congreso en apoyo al debate para aprobar un impuesto extraordinario a las 9.300 “grandes fortunas” del país para subsidiar el sistema de salud, entre otros propósitos, en medio de la pandemia de COVID-19 que ha causado más de 35.000 muertos y más de 1,3 millones de infectados.

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