El presidente acusó al movimiento indígena de tener la intención de poner fin a su gobierno, que inició en mayo de 2021.

La tensión ha escalado en las calles y carreteras de Quito, Ecuador, después de ocho días de protestas del movimiento indígena por el encarecimiento de la vida y la falta de ayudas del Gobierno.
Los enfrentamientos entre policías, con gases lacrimógenos, y los manifestantes, con palos y piedras, ya habían dejado heridos en la primera semana de convulsión en Ecuador. Pero ayer martes la violencia ha intoxicado todo el conflicto. “La democracia de Ecuador está en serio riesgo”, ha anunciado por la mañana el ministro de Defensa, Luis Lara, un día después de que el Gobierno declarara el estado de excepción en las provincias afectadas por los paros y el bloqueo de carreteras.
Lara deslegitimó las protestas por haberse convertido en una “acción concertada de personas exaltadas que impiden la libre circulación de la mayoría de ecuatorianos”, y criticó las “acciones de grupos violentos cuyo único objetivo es crear pánico, agrediendo y extorsionando a las empresas, a las instituciones y a las autoridades”. El pronunciamiento del titular de Defensa este martes era la antesala a una jornada clave en la que el líder indígena Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) y rostro de las protestas, ofreció una respuesta al llamado a dialogar del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso.
“Nosotros, el movimiento indígena del Ecuador, hemos decidido mantenernos en la lucha y en resistencia, como un derecho de los ecuatorianos”, lanzó Iza en la madrugada del lunes en una aparición inesperada desde Quito. Había anunciado que marcharía desde las afueras de la capital hasta el centro juntos a los suyos, pero no lo hizo. “Jamás estaremos de acuerdo en escoger como estrategia la fuerza bélica”, respondió ante los mensajes del Gobierno, en los que se increpa a la Conaie por el clima de conflicto que vive el país cada vez que convocan una protesta. Finalmente, se mostró presto a “agotar todos los procedimientos dentro de lo político” para sentarse a dialogar.
El mandatario del país había lanzado el sábado una lista de 10 propuestas de acercamiento que fueron precisadas el lunes en una carta difundida públicamente y que correspondían a las peticiones del movimiento indígena. Solo entonces, con el detallado documento en mano, Iza se hizo eco de las ofertas y prometió estudiarlas antes de confirmar o descartar si se sienta a negociar con el Gobierno.
El principal interlocutor de los manifestantes, que había pedido no enturbiar la protesta legítima con actos violentos, exige al Estado ayudas para sobrellevar la carestía económica que ha empobrecido a los más pobres de las zonas rurales de Ecuador. La última vez que la Confederación de Nacionalidades Indígenas se levantó en protesta por el malestar social de su población, en octubre de 2019, el caos se apoderó de Quito, el país entero quedó paralizado durante 20 días y solo llegó la paz con mediación de Naciones Unidas y de la Iglesia católica, cuando el entonces presidente Lenín Moreno dio marcha atrás en su decisión de eliminar la ayuda estatal al combustible para el consumidor. Esta vez, la invitación a negociar viene de la ONU y de la Unión Europea, pero la Conaie no da el paso de sentarse a la mesa.
Majeo "errático"
Varios miles de indígenas de Ecuador llegaron este lunes a Quito en el octavo día de protestas contra el Gobierno de Guillermo Lasso, cuyo manejo de la situación fue tildado de "errático" por parte del Legislativo.
Con 81 de los 137 votos, el Legislativo -en el que el partido indígena Pachakutik es la segunda fuerza- aprobó una resolución en la que exige al gobierno una propuesta "seria, clara y honesta" de diálogo. Además, llamó a una mesa de trabajo a organismos como la ONU, la Cruz Roja, universidades y la Iglesia católica para proponer mecanismos de solución.
Tras la llegada de la marcha a la capital, Lasso amplió el estado de excepción que desde el sábado estaba vigente en las provincias de Pichincha (cuya capital es Quito), Cotopaxi e Imbabura, a las andinas Chimborazo y Tungurahua, y la amazónica Pastaza.
"Con esta decisión se precautela el bienestar de la ciudadanía frente a la violencia. A la vez se tutelan los derechos de quienes se manifiesten pacíficamente", señaló la casa de gobierno a través de su secretaría de Comunicación.
Heridos y detenidos
En una semana, las manifestaciones han dejado 63 agentes heridos y otros 21 retenidos y liberados, según la Policía.
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos reportó a su vez 90 detenidos, 55 civiles heridos. Además, la policía informó que tres personas cayeron a una quebrada en Quito y una de ellas, un joven de 22 años, falleció.
No obstante, destacó que estos casos "no tienen nada que ver con las actividades de mantenimiento del orden" y que son "accidentales".

Lasso acusó este lunes al movimiento indígena de tener la intención de poner fin a su gobierno, que inició en mayo de 2021.
"Hemos tendido la mano, hemos llamado al diálogo, pero ellos no quieren la paz, ellos buscan el caos, quieren botar al presidente", declaró el gobernante en un video divulgado en su cuenta en Twitter.
Para aceptar conversar, los indígenas, que representan más de un millón de los 17,7 millones de ecuatorianos, piden que el gobernante atienda un pliego de 10 demandas.
Lara manifestó, además, que existe un hecho aún más grave: "Estas acciones coinciden con el brutal ataque criminal que el país ha venido sufriendo por parte de los narcotraficantes y el crimen organizado". "Estas acciones van más allá de la protesta ciudadana, se trata de un intento deliberado de utilizar la violencia armada para atentar contra la democracia, amenazar a las instituciones", señaló.
"Las acciones de protesta social son legítimas, siempre y cuando no atenten contra las garantías y derechos de la mayoría de los ciudadanos a vivir en paz, trabajar, circular por el territorio, producir y educar a sus hijos en un país libre y sin violencia", indicó el ministro.
Nuevas protestas
No es la primera vez que una protesta social de indígenas intenta derrocar a un gobierno.
En 2005, Lucio Gutiérrez, en ese entonces presidente, enfrentó una de las más importantes olas de protestas en el país, luego de que fuera acusado de amenazar a sus opositores e insultar a la prensa.
Ante la rebelión social, que comenzó en Guayaquil y se extendió por todo el Ecuador, Gutiérrez declaró el Estado de Emergencia, anulando derechos como la libertad de prensa y la inviolabilidad de domicilio.
El estallido, sin embargo, no cesó, pues los manifestantes se llegaron a tomar el Ministerio de Bienestar, lo que provocó que el Congreso tomara medidas urgentes y decidiera destituir a Gutiérrez por haber violado la Constitución al haber ordenado el cese de las funciones de los magistrados.
Recientemente, en 2019, medidas económicas como la liberación del precio de la gasolina y del diésel causaron una nueva ola de protestas. El presidente Lenín Moreno decretó estado de excepción e instauró el toque de queda debido a la escalada de violencia. En ese entonces los enfrentamientos más importantes también fueron entre la policía y la comunidad indígena.
Ese año fallecieron 11 personas en este marco y más de 1.300 personas resultaron heridas.