Electrobras, aeropuertos, Casa de la Moneda y la Lotería escuchan ofertas.

Perseguido por los escándalos de corrupción que tienen a buena parte de su gobierno bajo investigación, el presidente Michel Temer puso su futuro político en manos de un ambicioso plan de privatizaciones, con el que apuesta sacar a Brasil de la crisis. Una arriesgada jugada, según los analistas, que no garantiza el fin de la crisis.

En total serán 57 activos entre terminales aeroportuarias, autopistas, líneas de transmisión eléctrica e importantes empresas públicas con los que Temer, cuyo mandato termina en diciembre de 2018, espera recaudar cercana a los 44.000 millones de reales (unos 14.000 millones de dólares).

Entre las empresas a privatizar están Eletrobras, Lotex (Loterías) y la Casa de la Moneda, encargada de la producción de la divisa brasileña y la impresión de pasaportes. El gobierno justificó la inclusión en el plan de esta última porque "el consumo de monedas en Brasil ha caído" en los últimos años por el avance de la tecnología, afirmó el ministro de la Secretaría de la Presidencia, Wellington Moreira Franco.

El grupo Eletrobras, con acciones negociadas en el mercado de San Pablo, Madrid y Nueva York, es la mayor empresa de generación de América Latina con una capacidad instalada de 45.390 megavatios (el 32% del total de Brasil) en 231 plantas hídricas, térmicas, nucleares, eólicas y solares. Eletrobras, que tiene un valor de mercado cercano a los 30.000 millones de reales (9.500 millones de dólares) y en la que el gobierno posee más de un 80%, lleva años luchando contra fuertes deudas, dificultades operativas y una capacidad insuficiente para invertir.

Los recursos que obtenga el gobierno servirán para paliar el abultado déficit en las cuentas públicas, que cerró el primer semestre del año en 35.200 millones de reales (unos 11.000 millones de dólares), cerca de un 48% más respecto al mismo período del año anterior.

El Ejecutivo se ha marcado para 2017 una meta de déficit fiscal, que no incluye el pago de los intereses de la deuda pública, de 159.000 millones de reales (unos 49.680 millones de dólares), techo que amplió en casi el 15% la semana pasada.

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"No se han controlado los gastos, los ingresos están bajando porque el nivel de actividad no se recupera y se crean ingresos extraordinarios y lo que se inventó fue ese programa de privatización", apuntó el economista Nelson Marconi, de la Fundación Getulio Vargas.

"Desde el punto de vista fiscal es absurdo porque no resuelve el problema. Es como si en mi casa gastase todos los meses más de lo que ingreso y para solucionarlo vendiera mi casa", añadió.

Rafael Schiozer, profesor de finanzas de la Getulio Vargas, ve el programa "con buenos ojos", y coincidió en que "el gobierno necesita dinero y por eso vende activos". En su opinión, "Brasil tiene empresas estatales que tienen poco sentido", como "Eletrobras, Correos y Petrobras, que merece una discusión más profunda", pero cree que "algunos brazos" de la petrolera estatal, no incluida en el paquete, "podrían ser privatizados sin problema".

En el marco del plan de privatizaciones, el gobierno brasileño abrió las puertas de una gigantesca reserva natural de la Amazonia a las empresas del sector minero. El presidente Michel Temer autorizó la extinción de una reserva natural de más de 47.000 km2 —equivalente a la superficie de los departamentos de Artigas, Cerro Largo, Rivera y Tacuarembó juntos— entre los estados brasileños de Pará y Amapá para la extracción de oro y otros minerales. Esta medida desató una gran polémica, que llevó ayer lunes al presidente Michel Temer primero a derogar el decreto original y luego aprobar otro con una serie de precisiones. La supresión de la enorme Reserva Nacional del Cobre y Asociados (Renca) volvió a ser aprobada por el mandatario, pero el nuevo texto tiene en cuenta "la necesidad de reglamentar mejor y disciplinar la explotación minera", asegura el decreto. La Renca fue delimitada en 1984, con nueve áreas protegidas de gran biodiversidad que incluyen dos territorios indígenas de las etnias aparai, wayana y wajapi. Rápidamente, Greenpeace Brasil publicó en su cuenta de Twitter: "Temer, tu nuevo decreto para abrir la Amazonia a la explotación es más de lo mismo y no lo aceptaremos!". El nuevo texto prohíbe la explotación minera en áreas donde haya "sobreposición parcial" de áreas protegidas o "tierras indígenas demarcadas", "excepto si está previsto en el plan de gestión".

Incluye la privatización y concesión de 14 aeropuertos, la mayoría en las zonas nordeste y centro-oeste de Brasil, 15 terminales portuarias y 11 lotes de líneas de transmisión eléctrica, además de importantes empresas estatales, incluida Eletrobras. Entre las nuevas propuestas está el aeropuerto de Congonhas, en San Pablo, el segundo mayor del país en número de pasajeros; la Casa de la Moneda, entidad encargada de la impresión de los billetes y los pasaportes; y Lotex, encargada de la venta de lotería y apuestas. También en el sector aéreo, el gobierno pretende vender la participación accionaria del 49% de la Empresa Brasileña de Infraestructura Aeroportuaria (Infraero) en los aeropuertos de Guarulhos (San Pablo), Confins (Belo Horizonte), Brasilia y Galeao (Río de Janeiro).

La economía brasileña se retrajo un 3,8% en 2015, su peor resultado en 25 años, y un 3,6% en 2016, con lo que completó dos años seguidos de crecimiento negativo, algo que no ocurría desde la década de 1930.

EFE, REUTERS

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