Presidente de Chile recorta programa para la búsqueda de desaparecidos durante la dictadura de Pinochet

Un recorte cercano al millón dólares en el programa que coordina la búsqueda de los detenidos desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) ha encendido las alarmas entre familiares de las víctimas y organismos de derechos humanos en Chile, que temen sea un giro del nuevo gobierno hacia políticas de olvido e impunidad.

Una angustia proyectada en el grito “¡Ya no tenemos tiempo para encontrarlos!” y sostenida en otros inquietantes indicios, como la decisión del Ejecutivo de pedir que no se alegue en tribunales contra las solicitudes de beneficios carcelarios para criminales de lesa humanidad. O también los estrechos vínculos que tienen con el exdictador los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, y el de Defensa, Fernando Barros, dos de los pilares del gabinete que lidera el presidente José Antonio Kast, cuya familia mantuvo igualmente lazos cercanos con Pinochet.

“Tenemos una incertidumbre tremenda porque no sabemos qué va a pasar con la búsqueda de nuestros familiares, este es un Gobierno que no da esas garantías”, afirma Mónica Monsalves desde Cerro Chena, lugar donde fusilaron a su padre en 1973 y donde se realizan excavaciones para buscar un posible cementerio clandestino de la dictadura. Y es que la reducción presupuestaria afecta sobre todo al programa que aloja el Plan Nacional de Búsqueda, iniciativa impulsada en 2023 para la conmemoración de los 50 años del golpe militar y que busca esclarecer el destino final de las víctimas de desaparición forzada.

El recorte, sumado a los cambios de personal cualificado, “compromete su continuidad y priorización”, recalcan los familiares.

No obstante, el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, afirmó a los medios que el Ejecutivo ha sido “enfático” respecto de la continuidad del Plan y que se coordinan diligencias con el Poder Judicial. “Sabemos que es una política de Estado que debemos apoyar”, afirmó.

EFE