Pedro Castillo levantó el toque de queda antes de lo previsto en medio de grandes críticas

PERÚ

De mantenerse en el cargo, el presidente izquierdista de Perú, Pedro Castillo, parece que está destinado a gobernar en permanente crisis política. Una semana después de superar en el Congreso un segundo intento de destitución, Castillo se vio obligado ayer martes a decretar un toque de queda en Lima y Callao a fin de frenar una ola de protestas, medida que levantó en la tarde luego de negociar con la oposición.

“A partir del momento vamos a dejar sin efecto esta inamovilidad (toque de queda). Corresponde llamar a la tranquilidad al pueblo peruano”, dijo Castillo junto a la presidenta del Congreso, la opositora María del Carmen Alva.

Patrullas militares y policiales custodiaban ayer martes las semivacías calles de Lima, haciendo cumplir el toque de queda diurno decretado para contener las protestas por el alza de precios. La medida excepcional, que debía durar hasta la medianoche, fue repudiada por amplios sectores de la población, incluidos líderes de izquierda.

Los comercios estuvieron cerrados, las clases suspendidas y el transporte público casi no funcionó en la capital y el vecino puerto del Callao, donde viven 10 millones de personas, casi un tercio de la población peruana.

Los limeños fueron sorprendidos por la orden de inmovilización, anunciada hacia la medianoche del lunes por Castillo, pues los disturbios de ese día habían sido focalizados y los más graves tuvieron lugar en provincias, no en la capital.

“Se tenía información de fuente reservada que hoy se iban a producir actos vandálicos. Esa es la razón por la que hemos tomado esta medida”, justificó el ministro de Defensa, José Gavidia.

Con carteles “Fuera Castillo” y golpeando cacerolas, los manifestantes opositores se congregaron cerca del Congreso.

La policía y los militares no impidieron las marchas de protesta, sino que se limitaron a bloquear los accesos que conducen a la sede del Congreso.

El toque de queda tampoco fue respetado en la mañana por muchos limeños, que acudieron a sus sitios de trabajo. El mayor problema era la falta de transporte público.

Los servicios de autobuses interprovinciales fueron suspendidos, pero los vuelos domésticos e internacionales operaban con normalidad en el aeropuerto Jorge Chávez.

En otras ciudades se registraron protestas y se mantenían los bloqueos en algunas rutas.

Un partido de fútbol de la Copa Libertadores entre el peruano Sporting Cristal y el brasileño Flamengo, programado para la noche de este martes en el Estadio Nacional de Lima, estuvo en duda, pero finalmente se jugó.

El toque de queda siguió a las protestas el lunes en varias zonas de Perú por las alzas de los precios de los combustibles y alimentos.

En un intento de apaciguar los reclamos, el gobierno había eliminado el fin de semana el impuesto a los combustibles y decretó un aumento del 10% del sueldo mínimo, que subirá a 1.025 soles (277 dólares) a partir del 1 de mayo.

Pero la central sindical CGTP, la principal del país, consideró insuficiente el aumento y llamó a sus afiliados a marchar mañana jueves.

La desaprobación a Castillo alcanza al 66%, según un sondeo de Ipsos de marzo.

La decisión de Castillo de decretar el toque de queda desató las críticas de sus opositores, que son mayoritarios en el Congreso, pero también de políticos aliados de la izquierda peruana.

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la principal patronal de Perú, se sumó a las críticas. A su juicio, el toque de queda fue adoptado “de manera improvisada y sin la debida motivación constitucional”.

“Esta medida es completamente desproporcionada y refleja indolencia frente al grave impacto económico y social que provocará en los trabajadores, pymes y emprendedores que viven del trabajo diario”, afirmó.

Treinta años después de dar un golpe de Estado en Perú, Alberto Fujimori aguarda un dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para saber si sale o no anticipadamente de prisión.

La noche del domingo 5 de abril de 1992 Perú fue sacudido por la frase “disolver, disolver el Congreso” en boca de Fujimori, quien lanzó un golpe de Estado con apoyo militar.

Tras el sorpresivo anuncio de Fujimori, que le permitió asumir poderes absolutos, tanques del ejército salieron a las calles de Lima y rodearon la sede del Congreso, el Palacio de Justicia y otros puntos de la ciudad. Contingentes militares ocuparon los diarios, canales de televisión y emisoras radiales implantando una censura de prensa. La intervención alcanzó también a las agencias de noticias extranjeras.

El 17 de marzo pasado, el Tribunal Constitucional peruano le restituyó al exmandatario, de 83 años, un polémico indulto que le había concedido el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en diciembre de 2017 y anulado 10 meses después por la justicia.

Fujimori, quien gobernó de 1990 a 2000, fue condenado a 25 años de prisión por crímenes contra la humanidad tras ser extraditado desde Chile en 2007.

La semana pasada, cuando parecía inminente su salida de la cárcel, la Corte Interamericana pidió a Perú que “se abstenga” de liberarlo hasta revisar un recurso de familiares de las víctimas de su gobierno. La Corte realizó una audiencia por este caso el viernes y debe pronunciarse en los próximos días.

El aniversario del golpe encontró a Lima ayer martes con militares en las calles, por un toque de queda diurno decretado sorpresivamente por el presidente izquierdista Pedro Castillo, levantado anoche.