MADRID | Los obispos españoles pidieron ayer la abolición de la ley del aborto y animaron a la sociedad a manifestarse contra ella, después de que el miércoles el Senado español aprobara de manera definitiva la nueva legislación.
Ayer, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y obispo auxiliar de Madrid, monseñor Juan Antonio Martínez Camino, pidió que la ley sea "abolida cuanto antes".
La Conferencia Episcopal Española consideró a la ley como "retroceso en la protección del derecho inviolable a la vida", afirmó que "deja sola a la mujer ante sus dificultades", y lamentó que, mediante esa normativa, el sistema educativo sea un instrumento "al servicio abortista".
Asimismo, Martínez Camino aseguró que "no tiene juicio" sobre si el rey de España, Juan Carlos, tiene que firmar o no la nueva ley, pues su situación "es única" y por ese motivo "tiene consideraciones diversas".
marchas. Por otra parte, las Asociaciones Provida Nasciturus, Andevi (Asociación Navarra en Defensa de la Vida) y Joves Provida de Barcelona anunciaron movilizaciones durante el mes de marzo en las principales ciudades españolas, que se suman a la marcha convocada en Madrid el 7 de marzo, en protesta por la aprobación de la controvertida ley que entrará en vigor dentro de cuatro meses tras su aprobación definitiva en el Senado.
Martínez Camino respaldó las manifestaciones en contra de la norma previstas para el 7 de marzo en Madrid y Bilbao, pues "todo lo que se haga para mantener la conciencia de lo que está en juego, que es el derecho a la vida de los inocentes y débiles que van a nacer, es bienvenido".
LA LEY. La conocida como "ley del aborto", que entrará en vigor a los cuatro meses de publicarse en el boletín oficial, instaura el aborto libre hasta la decimocuarta semana de embarazo, un plazo mayor que en algunos países europeos, y lo autoriza hasta la 22ª semana si hay riesgo para la salud de la madre o malformación del feto.
La ley establece también que después de la 22ª semana se podrá abortar si se detecta una enfermedad grave e incurable en el feto.
Para su aprobación en el Congreso, el texto tuvo que modificar uno de sus puntos más polémicos, que las jóvenes entre 16 y 18 años podrían interrumpir un embarazo sin informar previamente a sus padres.
Frente a las protestas de varios partidos, la formación nacionalista vasca PNV consiguió que la ley incluyera "la obligatoriedad de informar de la intervención al menos a uno de los padres, tutores legales o en su caso los ostentadores de la patria potestad de las embarazadas de 16 y 17 años".
La actual ley, en vigor desde 1985, permite abortar durante las primeras 12 semanas por violación, por malformación del feto durante las primeras 22 y sin un límite en caso de "peligro para la salud física o psíquica de la madre", lo que admite realizar abortos bien avanzada la gestación. ANSA Y AFP