Obama plantea a la Justicia frenar dura ley de inmigración

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WASHINGTON | EL PAÍS DE MADRID Y AP

El gobierno de EE.UU. pidió formalmente a la Justicia la paralización de la ley de Arizona sobre la inmigración ilegal, una decisión que anticipa una difícil batalla legal y que eleva al máximo la tensión sobre un asunto que está polarizando al país.

El Departamento de Justicia sostiene que la nueva legislación de Arizona -que entra en vigencia a fin de mes y que prevé que policías locales y estatales interroguen o arresten indocumentados durante la aplicación de otras leyes, como revisiones de tránsito-, representa una usurpación de funciones federales y es inconstitucional.

El fiscal general, Eric Holder, entiende que la Constitución deja exclusivamente en manos de la Administración central la gestión de asuntos como la inmigración y la seguridad fronteriza que afectan al conjunto de los ciudadanos norteamericanos. La defensa que Holder sea capaz de hacer será muy importante de cara a una pelea que puede ser dura, extensa y provocar importantes repercusiones políticas. Una derrota del gobierno ante los tribunales, además de debilitar a Obama, abriría la puerta a múltiples opciones legislativas sobre inmigración y podría crear un desorden jurídico impensable.

En un importante discurso la semana pasada, Obama reconoció que el sistema migratorio en EE.UU. estaba quebrado, pero advirtió que era responsabilidad de su gobierno repararlo y propuso a los dos partidos un acuerdo para la aprobación de una nueva ley que regule el problema a escala nacional.

La decisión de acudir a los tribunales supone un paso infrecuente y peligroso. Por un lado, la intromisión de la Administración federal en las decisiones de un Estado, por razones históricas y prácticas, suele ser poco recomendable. En este caso, además, la decisión de Washington chocaría con lo que parece ser, según las encuestas, la opinión de una mayoría de los norteamericanos.

La ley de Arizona ha sido considerada por numerosos expertos y analistas como una auténtica aberración jurídica. Convierte en un delito la presencia en Arizona de inmigrantes sin documentos y permite a la policía confirmar el estatus legal de una persona a la que se detenga por cualquier otro delito menor, incluso la presunta transgresión de una ordenanza municipal. Es una ley, como dijo Obama, que crea las condiciones potenciales para discriminar en función de la raza y para detener o molestar a ciudadanos norteamericanos por su aspecto o por su acento.

En definitiva, es una ley que perjudica claramente a la comunidad hispana, la que más inmigrantes aporta en los Estados del Sur. Los dirigentes de esa comunidad llevan semanas desarrollando un movimiento de protesta de gran repercusión. Más de 15 ciudades se han sumado a un boicot contra Arizona, mientras que las más influyentes instituciones del país, desde la Iglesia católica a los sindicatos o los medios de comunicación, han denunciado la arbitrariedad de esa legislación.

La opinión pública, sin embargo, parece entender la ley de Arizona, más que como un quebranto de los principios constitucionales, como un intento de poner orden en una situación que se escapa de las manos. EE.UU. cuenta actualmente con unos 11 o 12 millones de inmigrantes ilegales y, aunque el ritmo ha bajado durante la crisis económica, este país sigue siendo un destino predilecto de trabajadores sin papeles, especialmente procedentes del sur de su frontera.

El problema adquiere mayor actualidad en estos momentos, cuando los partidos se disponen a cortejar el voto hispano para las elecciones legislativas de noviembre.