La Cuba pos Fidel Castro

La nueva Constitución de Cuba elimina la palabra comunismo

Reconoce leyes del mercado, y acepta la propiedad privada y el matrimonio homosexual.

Miguel Diaz-Canel y Fidel Castro por Arotxa
Miguel Diaz-Canel y Fidel Castro por Arotxa

Cuba ha decidido decir adiós formalmente al comunismo. El concepto ha sido eliminado por el proyecto de nueva Constitución que su Asamblea Nacional terminará de aprobar entre hoy y mañana, según adelantaron los medios oficiales de la isla. Inmerso en un proceso de liberalización controlada del modelo económico, el gobierno de Cuba incluye en el nuevo texto el reconocimiento de la propiedad privada y se desprende de la referencia ideológica comunista, aunque explicita que el socialismo continúa siendo política de Estado.

La Constitución vigente, de 1976 y redactada a imagen y semejanza de las del bloque socialista, incluye en su artículo 5 el objetivo del "avance hacia la sociedad comunista". Con la reforma constitucional, esa idea se esfumaría. Un cambio de enorme trascendencia histórica que el gobierno presenta como mera adaptación del lenguaje a la nueva fase de continuidad revolucionaria. "No quiere decir que renunciemos a nuestras ideas, sino que en nuestra visión pensamos en un país socialista, soberano, independiente, próspero y sostenible", dijo el viernes el presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo.

El Parlamento unicameral de Cuba abrió ayer sábado una sesión que se extiende hasta mañana lunes, y en la que los diputados debaten el texto de la reforma para aprobar que sea sometido a votación popular.

Ideológicamente, Cuba se quedaría en la paradójica situación de desprenderse de la idea del comunismo en su Constitución, sin dejar de reconocer como máximo órgano de dirección del país al Partido Comunista. El proyecto de reforma —según el diario oficialista Granma— "ratifica el carácter socialista de la Revolución y el papel rector del Partido", así como la "irrevocabilidad del modelo político y económico".

"En Cuba no hay ni habrá giros capitalistas", enfatizó recientemente el presidente Miguel Díaz-Canel, dejando claro que la doctrina que rige los destinos de la isla tras el triunfo de la revolución en 1959, no cambia.

"¿Ha cambiado el modelo socialista cubano? No ha cambiado en sus principios. Los conceptos fundamentales de nuestro socialismo están ahí (...) El papel del Partido Comunista, de la economía estatal, de la propiedad socialista está incólume. Pero, sí se necesita hacer una transformación", sostuvo Homero Acosta, secretario del Consejo de Estado, al exponer ante la Asamblea Nacional los cambios propuestos.

Sin embargo, las reformas económicas iniciadas por Raúl Castro desde el 2008 y que ahora Díaz-Canel debe continuar, requieren de un piso legal que no existía hasta ahora en la Constitución cubana que data de 1976.

"Que el mercado tenga mayor importancia y juegue un papel trascendental en el proyecto económico y social de Cuba era algo que se esperaba" en la nueva Constitución, dijo a la AFP el abogado constitucionalista José Antonio Fernández.

La reforma se viene elaborando a puerta cerrada desde hace varios años en un grupo de trabajo al mando del general Raúl Castro, que en abril cedió la presidencia a Díaz-Canel, pero sigue ocupando el cargo de secretario general del Partido Comunista de Cuba, máximo órgano de poder del Estado según mandato constitucional, aspecto que no variará tras la reforma.

Propiedad privada.

Luego de casi cuatro décadas de propiedad mayoritariamente estatal, las reformas de Raúl Castro impulsaron el trabajo privado, que hoy abarca a 591.000 personas y representa el 13% de la fuerza laboral del país.

La entrega de nuevas licencias para negocios particulares estuvo detenida por casi un año hasta reabrirse la semana pasada, con limitaciones de un permiso por ciudadano, que apuntaría a evitar la acumulación de riqueza personal. Además regulan el pago de impuestos.

El proyecto de Constitución "añade el reconocimiento del papel del mercado y de nuevas formas de propiedad, entre ellas la privada", según un resumen del texto publicado en el diario oficial Granma. Ello permitirá la legalización de la pequeña y mediana empresa.

Asimismo, admite "la importancia de la inversión extranjera para el desarrollo económico del país", un mecanismo que ya existía pero sólo como complemento a la inversión estatal a través de sociedades mixtas con el Estado o de capital exclusivamente extranjero.

El concepto de propiedad privada había sido eliminado en la Constitución de 1976, redactada con el molde de las Constituciones del bloque soviético, si bien en la práctica había quedado proscrita tras la llamada Ofensiva Revolucionaria de 1968, con la que Fidel Castro asestó el golpe definitivo a cualquier resquicio de capitalismo y radicalizó su apuesta por el modelo comunista.

Desde los retoques constitucionales de 1992 —forzados por la crisis generada por la caída de la URSS, centro mundial del comunsimo— se reconoció el trabajo por cuenta propia, figura que ha sido impulsada, como parche a la inoperancia de la economía estatal, por Raúl Castro desde que relevó a Fidel en la presidencia en 2008. En Cuba (11 millones de habitantes), existen actualmente alrededor de 600.000 trabajadores por cuenta propia —13% de la fuerza de trabajo—; en 2010 eran 150.000.

El martes pasado el Gobierno anunció que a partir de diciembre se volverán a entregar licencias de trabajo por cuenta propia. Este creciente sector privado, que insufla vida a la economía con negocios particulares como restaurantes, taxis, hostales o salones de belleza, había visto congelada la concesión de licencias desde el verano pasado. Con el desbloqueo para poner en marcha nuevos negocios llegan a su vez restricciones: cada ciudadano podrá tener un solo negocio y los restaurantes, por ejemplo, no podrán servir a más de 50 personas.

Matrimonio.

El borrador de la nueva Constitución abre las puertas a la posibilidad de que se legalice en la isla el matrimonio entre personas del mismo sexo. Según afirmó Acosta en la Asamblea Nacional, el artículo 68 de la reforma define el matrimonio como la unión concertada "entre dos personas, y no dice de qué sexo". En la vigente Constitucioón de 1976, solo se contempla la unión matrimonial entre hombre y mujer.

La legalización del matrimonio homosexual es una reivindicación cada vez más apremiante de la comunidad LGBT en Cuba. La abandera Mariela Castro, hija de Raúl Castro y directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba.

La nueva Constitución será explícita en el derecho a la no discriminación por identidad de género, según Granma. En el nuevo texto constitucional Cuba se reconocerá como un estado socialista de derecho, democrático, independiente y soberano.

"Reconocer en el 2018 que Cuba es un Estado de derecho es una victoria tremenda de la democracia. Pero hace falta que luego vengan leyes y el ordenamiento jurídico cubano", consideró Fernández.

Entre ellas, menciona "la regulación de las relaciones políticas y sociales, las garantías a los derechos humanos, libertad de prensa y palabra y ejercicio del libre pensamiento".

EE.UU. le reclama al régimen cubano libertad de expresión
La Habana. Foto: Reuters

El Departamento de Estado instó a Cuba a dejar de "ejercer control sobre la expresión pública independiente de su pueblo" y le pidió respeto para que los intelectuales sean "libres de expresar sus opiniones y dar rienda suelta a sus talentos creativos".

Así se pronunció en Twitter el secretario de Estado adjunto en funciones para Latinoamérica, Paco Palmieri.

"Instamos al Gobierno de Cuba a dejar de ejercer control sobre la expresión pública independiente de su pueblo y a respetar #DDHH (derechos humanos). Periodistas, académicos y artistas deberían ser libres de expresar sus opiniones y dar rienda suelta a sus talentos creativos", consideró Palmieri.

El diplomático incluyó en su mensaje en Twitter un enlace a una declaración de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que alertaba de un "recrudecimiento" en Cuba de la "criminalización" de académicos, periodistas, artistas y activistas

En ese documento, fechado en el 17 de julio, la CIDH expresaba su "grave preocupación" por la condena de un año de prisión que dictó en mayo pasado un tribunal de Cuba contra el biólogo y activista medioambiental cubano Ariel Ruiz Urquiola por un delito de "desacato a la autoridad".

Fue acusado de ese cargo porque el 3 de mayo discutió con dos miembros del cuerpo de guardabosques estatal que le solicitaron los permisos legales para operar en la finca que posee en usufructo desde el año 2015 en el Valle de Viñales, un paraje natural de Pinar del Río donde desarrolla un proyecto ambientalista. EFE

Cambios en gabinete, pero sigue el canciller

Cuba enfila la era post Castro bajo el dictado de la continuidad. El presidente Miguel Díaz-Canel, de 58 años, nacido después de la revolución de 1959 y a quien Raúl Castro, de 87 años, cedió el cargo en abril tras prepararlo durante años como leal sucesor, ha conformado un Consejo de Ministros que mantiene el tronco del de su mentor. La Asamblea ha dado su aprobación al nuevo gabinete, que conserva a 20 de los 34 ministros del general. Castro permanecerá hasta 2021 como secretario general del Partido Comunista de Cuba, máxima autoridad de la isla por encima del Ejecutivo.

La novedad más sustancial en el gabinete ha sido el nombramiento de otro ministro de Economía, Alejandro Gil, hasta ahora viceministro. Tendrá que intentar sacar al país de su perpetua situación de carestía y de sus casi nulos índices de crecimiento. Gil será el encargado de batir el complicado cóctel de estatismo y liberalización. Miembro de la nueva generación de la alta burocracia, hasta ahora fue viceministro.

En el equipo de gobierno seguirán pesos pesados como el canciller y cerebro de las relaciones con Estados Unidos, Bruno Rodríguez (foto), de 60 años, Leopoldo Cintra, de 77 años y militar del círculo más estrecho de Raúl Castro, como ministro de las Fuerzas Armadas, y el vicealmirante Julio C. Gandarilla, 75 años, en el poderoso Ministerio del Interior. FUENTE: EL PAÍS DE MADRID

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