Redacción El País
Cárcel a “los fascistas” y cadena perpetua a la “traición a la patria”: el chavismo impulsa un arsenal jurídico con las “conspiraciones” de la oposición demócrata.

Nicolás Maduro, que aspira a un tercer mandato en las elecciones presidenciales del 28 de julio, propone reformar la Constitución e instaurar la prisión de por vida para “corruptos y traidores a la patria”, en un país donde la pena máxima es de 30 años.

Se debaten a la vez en el Parlamento -controlado por el chavismo- dos proyectos que han despertado alarma entre abogados y activistas de derechos humanos. Uno, una ley contra el “fascismo”, término que Maduro suele usar para descalificar a sus opositores, que contempla penas de cárcel de hasta 12 años. Otro, una legislación que plantea regular el financiamiento de las oenegés, blanco frecuente de ataques desde el régimen.

“Son tres propuestas que tienen un efecto intimidatorio en un contexto electoral”, dice a la AFP el abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels. “El gobierno está en una campaña de miedo para que el miedo sea el que prive a la hora de votar”.

A poco menos de tres meses de las elecciones, la oposición denuncia una campaña de acoso con el arresto de una decena de militantes y colaboradores de la líder opositora María Corina Machado, favorita en las encuestas pero inhabilitada para enfrentar a Maduro.

El régimen asegura que ha desmontado múltiples conspiraciones para derrocar e incluso asesinar al mandatario.

Maduro propuso la cadena perpetua después de que su exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, y otras decenas de funcionarios fueran arrestados por un desfalco estimado en 17.000 millones de dólares en la estatal PDVSA.

“¡Que esa gente se pudra de por vida en la cárcel!”, exclamó Maduro el 13 de abril.

El cargo de traición a la patria suele imputarse a opositores, igual que “delitos de odio” contemplados en una ley de 2017 que fija penas de hasta 20 años de prisión.

“Casi todos los presos políticos están acusados de este delito”, destaca el sociólogo Rafael Uzcátegui, de la ONG Laboratorio de Paz. “Es un contexto muy amplio”.

La “Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares” fue propuesta a pedido de Maduro. El proyecto castiga la promoción de reuniones o manifestaciones que hagan “apología al fascismo”. También plantea la ilegalización de partidos políticos. (AFP)